El departamento de Norte de Santander ha tenido una vocación agropecuaria asociada generalmente con ganadería y monocultivos. En el seno de la misma, se encuentra la agricultura familiar campesina como forma de producción en el campo que evidencia un escenario diverso.
Desde épocas de antaño, la lucha por el territorio, la desigualdad social y la ausencia estatal e institucional han marcado su historia; posteriormente, la presencia de grupos armados y la imposibilidad de tener una educación de calidad han ocasionado un estancamiento en el que la violencia es un factor fundamental e influye en la evolución de la sociedad.
Esto enfrenta a la comunidad en un dilema por su supervivencia donde la legalidad entra en un terreno discutible, enmarcando la economía como una base por encima de percepciones éticas y de valores.
El desarrollo de medios de subsistencia en su mayoría puede provenir de actividades ilícitas, factor que llega incluso a crear estados de aceptación de las mismas, surgiendo una cultura hacia lo ilícito.
La ausencia de industrialización y la escasa oferta de servicios lleva a la mayoría de los pobladores del Catatumbo a que establezcan su economía en el sector agropecuario. Según el documento CONPES de enero de 2013 denominado Estrategia de Desarrollo Integral de la Región del Catatumbo, en el último censo, los cultivos de mayor presencia en la zona son: cacao, yuca, plátano, caña panelera, frijol, maíz tradicional, cebolla, tomate y piña.
La marginalidad en el Catatumbo generó un desequilibrio agrario. Las deficiencias en cuanto a la provisión de servicios no tenían relación con las riquezas naturales, pero sí con los intereses de grupos armados ilegales, contribuyendo a aumentar los conflictos sociales, políticos y económicos en la región.
En este contexto, la economía basada en cultivos ilícitos, el acrecentamiento de los cultivos de palma y la explotación de hidrocarburos del petróleo tiene relación con la vulnerabilidad social, marginalización y estigmatización que repercutió en el diario vivir de sus habitantes.
A su vez, “el Índice de Vulnerabilidad Territorial que evalúa los indicadores de desplazamiento forzado, secuestro, homicidio y hurto, así como la presencia de cultivos de uso ilícito, entre otros aspectos, genera una situación de vulnerabilidad de los municipios en el Catatumbo que se encuentra por encima de la media nacional y del departamento, y es particularmente crítica la situación de municipios como: El Tarra, Teorama, Tibú y San Calixto” (PNUD, 2014).
El PND (2018-2022) plantea: “El desaprovechamiento del potencial productivo de las regiones se evidencia también en las diferencias en términos de oportunidades sociales y alta pobreza de algunas regiones del país”.
Según un estudio realizado por la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria (UPRA) y la Universidad Francisco de Paula Santander en 2016, se evidenció que el Catatumbo tiene 397.779 hectáreas, las cuales son tierras utilizables para las producciones agrícolas, 59.827 hectáreas para producciones pecuarias y 149.073 hectáreas se podrían utilizar para praderas y ganadería.
Este momento coyuntural en el país implica un sin número de retos, entre los cuales está desarrollar actividades productivas agropecuarias que puedan convertirse en una alternativa a los cultivos y demás actividades ilícitas que proporcionan índices de rentabilidad elevados.
Desde la Academia se deben formular estrategias que permitan recuperar el tejido social, la ética y valores, y generar unas bases adecuadas para una construcción de región inclusiva; así como crear espacios de tecnificación de producciones agropecuarias en los que se puedan conjugar los saberes técnicos con los empíricos, consiguiendo que el índice de productividad de las mismas se eleven y se alcance una transformación gradual positiva en el territorio.
