De los diez acuerdos que firmaron hace dos meses en un documento con garantes obligados a hacerlo cumplir, solo se ha concretado el punto de la reparación a las 400 familias afectadas con las erradicaciones de cultivos de hoja de coca, con un costo de $8.800 millones. Hay aún cinco campesinos detenidos por haber participado en las movilizaciones que duraron 53 días en el Catatumbo. El gobierno no ha asignado las partidas a las que se comprometió para las obras de infraestructura y del hospital y los delegados oficiales insisten en que no hay recursos para atender la totalidad de los acuerdos.
César Jerez, dirigente nacional de la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) manifiesta su desconcierto frente a la actitud del gobierno y recuerda que durante los días del alzamiento agrario "el ejecutivo prometió el oro y el moro para la región: recursos multimillonarios y hasta inclusión de la región en el Conpes". El líder agrario también recuerda que el 31 de julio pasado el propio Presidente Santos propuso convertir la región del Catatumbo en un gran laboratorio de paz, poniendo en marcha un ambicioso plan de inversiones.
Jorge Enrique Botero (J.E.B) -¿En qué van las negociaciones del pliego de peticiones de los campesinos del Catatumbo con el gobierno?
César Jerez (C.J) -En casi dos meses, de los diez puntos del pliego sólo se ha avanzado en uno: la aprobación de subsidios de reparación a las casi 400 familias afectadas por la erradicación de cultivos de uso ilícito. El resto de las peticiones sigue en discusión. No hay acuerdos sobre constitución de la Zona de Reserva Campesina para la región y por lo tanto tampoco sobre el financiamiento de planes de desarrollo sostenible. Tampoco hay respuesta del ejecutivo a las urgentes necesidades de la población del casco urbano de Tibú en materia social, de educación, salud, vivienda y vías. Ni siquiera ha habido compromiso del gobierno sobre el tema de garantizar los derechos humanos de la población y el desmonte del llamado Plan de Consolidación. El avance es mínimo.
J.E.B -¿Qué ha argumentado el gobierno, por qué no hay avances?
C.J -El principal argumento del gobierno es que no hay presupuesto, lo cual resulta al menos irónico pues al comienzo del paro, cuando fueron los primeros delegados del ejecutivo a la región, encabezados por Lucho Garzón, ofrecían miles de millones. Incluso llegaron a hablar de billones en documentos Conpes. Pero parece que estos meses toda esa plata se esfumópues las ofertas que le hacen al campesinado son risibles, de corte totalmente asistencialista, cuando lo que requiere el Catatumbo es una solución de carácter estructural.
J.E.B -¿Qué papel están jugando los garantes, que al momento de anunciar el desbloqueo se manifestaron muy dispuestos a seguir al milímetro las negociaciones?
C.J -El equipo de garantes es muy potente. Ahí están desde el vicepresidente, Angelino Garzón, pasando por el padre Francisco de Roux, el presidente del Senado, Juan Fernando Cristo; el ex presidente Samper y el congresista Iván Cepeda. Ellos han tenido intervenciones puntuales para algunos temas, pero en los próximos días nos reuniremos con los garantes para evaluar la situación y buscar salidas. Este proceso está basado en la confianza mutua y tiene que llegar a un acuerdo.
J.E.B -¿Hay un plazo para conseguir este acuerdo?
C.J -Después del desbloqueo nos pusimos un plazo de un mes y ya vamos por encima del mes y medio; nos hemos dado otro mes para abordar los puntos de la agenda, pero -como van las cosas, hay que decirlo- este tiempo no parece suficiente.
J.E.B -¿Y qué expectativa hay en la región, qué dicen los campesinos del Catatumbo?
C.J -La gente en la región está permanentemente informada de lo que pasa en la Mesa. Sigue habiendo una enorme expectativa, pero obviamente la lentitud de la respuesta gubernamental genera gran desconfianza. En los campesinos siempre está latente la sospecha de que el gobierno no vaya a cumplir la palabra empeñada.
J.E.B -O sea que la gente está preparada para reiniciar la protesta...
C.J -Yo creo que el gobierno ha hecho una lectura muy equivocada tanto del paro del Catatumbo como del paro nacional campesino. Pienso que Santos está muy mal asesorado y no dimensiona el tamaño de la crisis. El gobierno prefiere jugársela por la persecución y la estigmatización de la protesta. Incluso encarcelando a los dirigentes agrarios, como ya pasó con Huber Ballesteros. Actualmente hay una campaña de los militares en el Catatumbo buscando deslegitimar a Ascamcat. Todo esto muestra que el gobierno no ha sabido o no ha querido darle al movimiento agrario la importancia que tiene y -claro- se puede llevar otra sorpresa si sigue haciendo ésta equivocada lectura.
J.E.B -Hay quienes vaticinan un fin de año parecido a los meses de paro que acaba de vivir el país...
C.J -Falta ver cómo se desarrollan las conversaciones entre el gobierno y la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA). Pero lo que se está viendo en las mesas de Boyacá, Cundinamarca y parcialmente Nariño; y por las respuestas que ha habido en otras mesas regionales, uno diría que Santos se está equivocando y que su actuación desafortunada puede concitar una nueva movilización nacional, esta vez mucho más numerosa y mucho más coordinada.
