La del general Jaime Humberto Uscátegui Ramírez no es una historia cualquiera. Durante los más de 30 años que vistió el uniforme se hizo merecedor a todas las distinciones que el país y el Ejército les dan a sus mejores hombres.
Su vida, sin embargo, cambió entre el 15 y el 20 de julio de 1997 cuando un grupo de dementes paramilitares llegó hasta el remoto poblado de Mapiripán (Meta) y asesinó a un número aún no establecido de personas. Para ese momento Uscátegui era el comandante de la VII Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio.
Aunque está probado que la mencionada brigada no tenía mando militar sobre Mapiripán, apareció un oscuro personaje, el coronel Hernán Orozco Castro, quien, para salvar su pellejo, se dio a la tarea de enlodar al general.
La estratagema de Orozco tuvo una lógica sencilla: yo declaro contra Uscátegui y, a cambio, me sacan al exterior —a Miami— a disfrutar de la buena vida y, de paso, me burlo de la justicia colombiana que me condenó a 40 años de cárcel por la masacre que permití (ver artículo de Semana).
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra el general a 37 años de cárcel: “La sentencia desvirtuó la participación del alto oficial del Ejército Nacional como coautor de los delitos contra esa comunidad, al descartar que haya sido aliado de los paramilitares que los cometieron. Sin embargo, confirmó su responsabilidad en los hechos porque incumplió el deber de protección a la población civil pese a tener la posición de garante institucional que le asigna la Constitución Política a los miembros de la Fuerza Pública”, dijo el alto tribunal en un comunicado de prensa.
Uscátegui fue detenido por primera vez a mediados de 1999. Desde entonces su vida, la de su esposa y la de sus cuatro hijos ha sido un verdadero calvario. De esas amarguras sabe muy bien su hijo mayor, José Jaime, un profesional en gobierno y relaciones internacionales de 32 años. Cuando el general fue llevado a prisión, José Jaime tenía sólo 17 años. Pese a su juventud, desde entonces se puso al frente de la defensa de su padre. Tal vez no hay una sala de redacción de los medios de comunicación del país que José Jaime no haya visitado. A ellas ha ido a exponerles a los periodistas las pruebas que demuestran que su padre es inocente.
Hizo un documental que tituló “Por qué lloró el general”; viajó hasta Mapiripán y les dio cara a las víctimas de la masacre; consiguió que, con pruebas, el alcalde de Bogotá Gustavo Petro —que no es propiamente un defensor de militares— llegara a la conclusión de que su padre era inocente; en alguna oportunidad, por exigir justicia, se hizo sacar de la sede en San José (Costa Rica) de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; en enero pasado fue retirado por la policía cuando protestaba pacíficamente cerca de la Casa de Nariño, y el 9 de marzo pasado consiguió más de 5.000 votos cuando presentó su nombre por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes.
Su última batalla recién terminó en una clínica tras haberse metido en una desesperada huelga de hambre en la acera de la Embajada en Colombia de la OEA. Según dijo, su objetivo era que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le respondiera una solicitud que elevó hace 11 años para que se revisen las graves irregularidades que, a su juicio, ha habido en el proceso contra el general. Nunca obtuvo respuesta.
Y razón no le falta: a Petro, la misma Comisión, le cauteló sus derechos como alcalde capitalino en tiempo récord de tres meses. ¿Por qué los medios de comunicación han dejado que su lucha pase inadvertida?
José Jaime ha dicho que su padre se envejeció en la cárcel; que sus dos hermanos menores, Mariana y Julián, nunca han visto a su padre en libertad; que la Fiscalía denunció mentiras y manipulaciones (para empezar, que los muertos en la repudiable masacre fueron 10 y no 49); que hubo personas que sin ser víctimas se hicieron pasar como tales; que algunos han convertido el tema de las falsas víctimas en jugoso negocio; y que Colombia da la espalda con frecuencia a sus mejores ciudadanos.
Ahora el general Uscátegui y su familia iniciarán su última batalla: presentarán una tutela y un recurso extraordinario de revisión en la Corte Suprema para tratar de echar abajo la sentencia condenatoria. Sus posibilidades son mínimas. Después tienen pensado acudir a organismos internacionales, me parece que también con posibilidades remotas, considerando el estado de cosas de la Colombia actual. Ojalá esté equivocado, pero José Jaime tiene todavía una tremenda y solitaria agenda por delante.
