Desde que la Jurisdicción Especial para Paz ordenó a la Fiscalía General de la Nación disponer la libertad inmediata de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, por considerar que las pruebas aportadas no permitían evaluar la conducta atribuida y tampoco determinar la fecha precisa de su realización, además de razonar que el juzgamiento en Colombia es la manera más efectiva de respetar el derecho internacional público y posibilitar el goce de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, se ha desatado una tormenta política y crisis institucional en el país.
El Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez presentó su renuncia irrevocable en rechazo a la decisión de la JEP, manifestando a su vez que “los hechos del caso Santrich son concluyentes, las pruebas inequívocas y que los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre de 2016” además de “exhortar a la ciudadanía a movilizarse por el restablecimiento de la legalidad y defensa de la paz”.
Esta decisión así mismo ha ocasionado la renuncia de la vicefiscal María Paulina Riveros y de la Ministra de Justicia Gloria María Borrero, aunque ella afirme que esta no tiene nada que ver con la decisión de la JEP. También hemos evidenciado el rechazo y oposición del gobierno nacional, partidos políticos y ciudadanía en general, lo que ha permitido crear una crisis e inestabilidad institucional, aprovechado esto por algunos partido para proponer un referendo y hasta una constituyente que permita acomodar la legislación e instituciones a sus intereses políticos.
Entre tanto de esta tormenta, donde las acusaciones y argumentos de lado y lado van y vienen justificando y criticando la actuación de la JEP, filtran un vídeo el cual es catalogado como la prueba reina de la Fiscalía y gobierno norteamericano para comprobar la conducta punible y comprometer al señor Jesús Santrich con el narcotráfico, pero para sorpresa de muchos también se conoce que este video no fue allegado a la Jurisdicción Especial para la Paz como prueba para ser analizado en la toma de su decisión.
Ante estos hechos, llega a mi mente un aforismo latino en la práctica judicial, que reiteradamente en la facultad de derecho de mi alma mater solía escuchar: “Dame las pruebas, que yo te daré el derecho”. Pues bien, ahora me asalta la duda de si la JEP solicitó a la Fiscalía y a los Estados Unidos las pruebas para determinar la conducta del señor Santrich, ¿por qué no le allegaron el video para que lo evaluara y determinara la conducta punible?
Creo que la renuncia del señor Néstor Humberto Martínez debe ser por incompetente, toda vez que teniendo todo el acervo probatorio para comprobar la infracción penal del señor Santrich no la envió, para que este fuera extraditado y pagara por su delito, sino que optó por realizar un show mediático, desestabilizando la institucionalidad y aumentando la polarización del país, ante una decisión que no es cosa juzgada y puede y debe ser apelada como en su efecto sucedió.
Al señor Santrich, si existen los méritos judiciales y las pruebas que concluyan que delinquió después de firmado el acuerdo, le debe recaer todo el peso de la ley, incluyendo su extradición, porque los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición se deben garantizar con el propósito de constituir una paz estable y duradera, para que el perdón y la reconciliación pueda germinar en los corazones de los colombianos.
