La gente que colmó el templo bogotano de San Agustín en febrero del año pasado para asistir la boda de la hija del procurador general de la Nación, que el cronista de El Tiempo calificó de ritual exquisito, es el corazón de la élite estatal. Por detrás de la pompa y la obsesión fotogénica de los asistentes, se cocían a fuego lento pugnas idiosincrásicas en esa élite. El fiscal, el único funcionario con más poder que el procurador, pues su campo judicial incluye a todos los ciudadanos, mientras que el del segundo se circunscribe a los empleados públicos, empezaba a tomar posiciones frente al tema político más importante: la negociación con las Farc. Los dos se abrieron en el trascurso del año pasado. La situación es bien conocida y allí, entre otras cosas, se resguarda el fiscal, acusado formalmente por la contralora en el sonado caso de sus contratos con Saludcoop. El caso Petro pone sobre el tapete otra controversia de fiscal y procurador; de paso, baste registrar que Montealegre, Morelli y Petro pasaron por las aulas de Derecho que regentó el respetado jurista y educador Fernando Hinestrosa Forero.
Menos de un año después de la exquisita ceremonia, el alcalde mayor, quien siendo senador votó por Ordoñez, recibió de este un terrible castigo en un ritual que de todo tuvo menos elegancia. La destitución e inhabilitación de Gustavo Petro fue un acto en que, de nuevo, Ordóñez exhibió derroche de poder discrecional. Por eso produjo opiniones exaltadas y estados de ánimo exacerbados, según la posición de cada quien. No en vano el actual procurador hace gala del cargo como si de una presea se tratara. Amedrenta, malacostumbrado al abuso de la lógica inquisitorial que se revela, paradójicamente, en los casos disciplinarios que afectan los puntos cerebrales de la emoción y la ambición. Baste recordar la enorme desproporción en las sanciones que impuso a los alcaldes Moreno Rojas (ya sindicado en la Fiscalía y en la Corte Suprema) y Petro, considerada la sustancia de los respectivos procesos disciplinarios: del “carrusel” a las basuras. Por esto, entre otras cosas, muchos señalan a Ordóñez de subespecie de tirano andino aún sin nombre en la taxonomía.
En la ola de indignación por el caso Petro hay que subrayar el problema de la reelección de procurador y la contradicción de una Carta Política que le permite imponer penas propias del poder judicial como la destitución y la inhabilidad para ejercer cargos públicos a mandatarios o representantes de elección popular.
Algunos comentaristas bienintencionados piensan que el principal problema del país en su conjunto es la desunión de las élites gobernantes; se espantan de la aspereza de las relaciones entre los expresidentes o de la odiosa pelea verbal que Uribe casó con el sucesor. No advierten que en estos tiempos de cambios de paradigmas estatales y culturales, es normal que aumente la agresividad entre élites que luchan en un coto de poder más amplio, concentrado y rico en presas. Ahí están las concesiones de minas o de obras de infraestructura; o del espectro electromagnético; o las compras de armas sofisticadas para la Fuerza Pública; o la más modesta pero jugosa concesión de manejar las basuras de Bogotá, cabeza de turco en el caso Petro. En otro plano está el manejo de la nómina estatal, formal y paralela, operación clientelista y pugnaz. Así se entiende por qué las élites del poder viven en pie de guerra que, por lo pronto, dirimen con armas mediáticas y electorales.
Hay otro ángulo para enfocar el caso Petro: el descuadre entre la capital y la nación; entre el poder nacional y el poder municipal. Problema presente en cualquier diseño constitucional. Fue la pugna de Margaret Thatcher con el Gran Consejo de Londres, o el complicado estatus de Washington D.C., o la forma como el general De Gaulle manipuló los distritos electorales de París y alrededores para asegurarse y debilitar la oposición. Los habitantes de la Ciudad de México, como Bogotá, mi ciudad, padecemos esa tensión que echa raíces en la historia.
En las capitales residen todos los poderes concentrados del estado nacional. Presidentes y primeros ministros necesitan una garantía especial en cuanto a su seguridad y, sobre todo, en cuanto a su libertad para desplegar efectivamente el poder estatal. En Colombia el presidente es jefe del Estado, de la Administración Pública, de la Fuerza Pública, de las relaciones internacionales. Añádase el valor simbólico de las capitales, pues lo que ocurra en ellas, en particular durante crisis, suele afectar la población y hasta el destino de un país.
Todavía no se ha descrito la historia de tensiones y vaivenes de Bogotá con el poder central que pueden adivinarse en fricciones fiscales y territoriales, o en los pocos golpes de estado o en motines masivos como el que siguió al asesinato de Gaitán. Más recientemente los presidentes nombraban los alcaldes de Bogotá. Rojas Pinilla dio a la ciudad el estatuto de Distrito Especial; la constitución del 91 la erigió en Distrito Capital y dejó una provisión para que en caso taxativamente señalado por la ley el presidente destituya o suspenda al alcalde mayor.
Nadie sabe qué efectos políticos más profundos tendrá el castigo a Petro. Quizás ninguno; pero puede que ponga al rojo nuevas y viejas luchas de poder. Despojar del cargo al alcalde electo por el pueblo bogotano aduciendo un mal manejo de basuras parece trivial, como en su momento pareció trivial el Florero de Llorente.
