Fueron muchas las reuniones, cenas y cafés las que organizaron los senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán en distintos escenarios sociales y políticos intentando desvirtuar la denuncia de Las2Orillas que evidenció la acelerada contratación por $114 mil millones de la Escuela Para la Democracia Galán entre 2012 a 2014. Los contratos que se entregaron de forma directa, sin licitación pública, durante el primer gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, coinciden con el ascenso político de los dos senadores al frente de los partidos mayoritarios de la Unidad Nacional, el Liberal y Cambio Radical. La representante legal de Escuela Galán es Maruja Pachón de Villamizar, hermana de Gloria Pachón, madre de los dos senadores. Su hermano Claudio Galán, actual cónsul en París, fue miembro de junta directiva y uno de los fundadores de la Escuela Galán.
Los senadores Galán interpusieron una acción de tutela ante el Juzgado Tercero Civil del Circuito que buscaba forzar la rectificación del artículo del portal Las2Orillas. En el proceso se vinculó a otros medios como La W Radio, Cadena Súper, ADN, periódico Extra, El Frente, El Heraldo, Vanguardia Liberal y KienyKe, los cuales hicieron eco de la investigación del periodista Gustavo Rugeles. El proceso que fue fallado en segunda instancia por el Tribunal de Cundinamarca a favor de Las2Orillas.
Una vez frustrada su pretensión, los hermanos Galán se pusieron en la mira llegar a la máxima instancia: la Corte Constitucional buscando la revisión y el fallo a su favor de la tutela.
La tarea no era fácil. A la Corte llegan miles de tutelas para revisión y solo son seleccionadas para su revisión aquellas que tengan repercusión en temas constitucionales, de derechos humanos o de alta incidencia pública. Sin embargo, encontraron la forma de que su caso fuera seleccionado.
De manera sorpresiva aparecieron dos protagonistas con sendos recursos de insistencia para que esta resultara escogida por la Corte: el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora y la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda. Ambos se hicieron sentir en la Corte Constitucional. A través de varías insistencias lograron que el alto tribunal revisara el proceso, un procedimiento inusual según distintos juristas consultados ya que la intervención de la Procuraduría y la Defensoría opera especialmente cuando se trata de temas de interés público, prioritariamente en casos de derechos humanos o relevantes en el ámbito Constitucional.
Jorge Armando Otálora llegó a la Defensoría del Pueblo con apoyos del Partido Liberal y Cambio Radical. Juan Manuel Galán es senador liberal con influencia sobre el partido; el senador Carlos Fernando Galán llego incluso a ser presidente de Cambio Radical. La intervención del defensor Otálora quedó plasmada en el fallo de la Corte C.
El procurador Alejandro Ordóñez hizo lo propio a través de su procuradora Martha Isabel Castañeda. La Procuraduría también en un caso atípico le pidió a la Corte Constitucional seleccionar la tutela y además fallarla a favor de los hermanos Galán. Parte de sus conceptos enviados al alto tribunal también quedaron registrados en la sentencia de la Corte. Algunos juristas consultados consideran que se había podido configurar un posible trafico de influencias por lo que anticipan demandas frente a la Corte Suprema de Justicia.
INTERVENCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EN EL CASO:
