Igual que el tema de Saludcoop, fue la contralora Sandra Morelli quien prendió las alarmas sobre el manejo irregular de las regalías del Casanare en cabeza del gobernador Whitman Porras. Se habian esfumado $22.000 millones que el gobernador depositó en Fidupetrol. Para evitar terminar en la cárcel, los dueños de la fiduciaria Jimmy Osorio y Helbert Otero, contrataron para su defensa penal al hoy fiscal Eduardo Montealegre. Lo cierto es que el gobernador terminó pagando 18 años de prisión por decisión de la Corte Suprema de Justicia y los socios: Osorio y Otero, dueños de la fiducaciaria en la que se esfumaron los recursos, no fueron tocados penalmente.
Tal cual como sucedió en el caso Saludcoop, quedaron en lados opuestos el fiscal Montealegre y la contralora Morelli a quien éste tiene acorralada penalmente. Esta circunstancia llevó a que Montealegre tuviera que declararse impedido frente al caso de Fidupetrol y la Corte Constitucional en el que él tendría que asumir el rol de acusador cuando en el pasado fue su defensor.
