El caso reciente de Camila Abuabara, joven abogada de 25 años, que ganó una tutela para que le realicen un tratamiento experimental en un hospital de Houston, de un tercer trasplante de médula con un costo de 4.000 millones de pesos, para una leucemia linfoblástica aguda, tiene varias implicaciones delicadas para el sistema de Salud colombiano.
En principio, es cierto que cualquier sistema de salud del mundo tiene unas limitaciones de costo-beneficio, de acuerdo a las posibilidades económicas de la sociedad a la que pertenece. En ese sentido, el POS (plan obligatorio de salud) no se puede convertir en un "PIS (Plan Infinito de Salud)", como lo denominó el columnista José Manuel Restrepo Abondano. El principio bioético de la justicia refiere que debe existir un "mínimo moral" de atención en salud y ese límite debe salir de un consenso de expertos científicos y de la racionalidad económica del sistema, que permita que la mayoría de los ciudadanos reciban los tratamientos más necesarios de acuerdo al espectro epidemiológico de la población. Todo aquello que supere ese "mínimo moral" no puede ser asumido por el sistema de manera total y absoluta.
La ley 100, después de veinte años, no ha reglamentado ese "mínimo moral" de asistencia y eso conlleva mayor incertidumbre e inseguridad para la atención de los enfermos, pues en la práctica las EPS crean las barreras burocráticas para obligar a las tutelas de este POS extendido y no cumplir con sus obligaciones. De hecho, la demora que tuvo, al parecer, Camila Abuabara, para recibir su primer trasplante de médula pudo incidir en su recaída actual. Aquí el cuestionamiento no es a Camila, que lucha por su vida como una guerrera, sino a la decisión de un juez de control de garantías que desconoce que la atención sanitaria no es absoluta y los recursos económicos no son infinitos. Pero, los verdaderos responsables son las EPS, que llevan a que los enfermos de cáncer no sean ni diagnosticados ni tratados a tiempo, agravando las posibilidades de curación de los pacientes.
Existen estadísticas recientes que muestran que el 80% de los enfermos colombianos de distintos tipos de cáncer, incluyendo los niños, necesitan tutelar a su EPS para recibir la quimioterapia. Esa demora innecesaria es la que los mata y es una demora programada de manera perversa, pues los ingresos de las EPS aumentan si prestan una mala atención a sus afiliados. Que no salga entonces, ahora, el presidente de las EPS colombianas a dar el grito lastimero por los gastos que generan las tutelas, si él sabe que esto obedece a una estructura infame, donde no se cumple ni siquiera un "mínimo moral" de atención sanitaria, sin necesidad de tutelas, porque el gobierno le hace el juego a un populismo de "papel" y no asume las responsabilidades del bien común real y efectivo. Se entiende mejor el respaldo que el doctor Jaime Arias ha dado al ministro Alejandro Gaviria, en nombre de las EPS. Y mientras estas existan el "negocio particular de la salud" estará por encima del bien común de todos los ciudadanos.
