Hace algunos meses el ciudadano Oscar Ritoré recurrió a los clasificados del reconocido periódico El Tiempo para invertir sus ahorros en la compra de un predio. Allí encontró una oferta inmobiliaria, casualmente cerca al entorno de su casa. Se trataba de un lote en ruinas de 47 metros cuadrados, ofertado por el valor de 20 millones de pesos. El inmueble al estar ubicado en el centro de Bogotá, era un negocio bueno a largo plazo. Dejar “engordar el lote”, como se le dice coloquialmente, era el plan de Ritoré, teniendo en cuanta que en el POT de la ciudad existe el Plan Centro, donde se construirá una alameda que comunicará a la Plaza de Toros de la Santamaria con el Museo Nacional. Como todos los planes de la ciudad estos duran años en finalizar y al “enterrar” sus ahorros ahí y no en un banco, podrían darle al final una buena ganancia.
Todo parecía un negocio normal: un intermediario o comisionista que le ayudaba a una viejita a vender su lote, un estudio de títulos, la visita a los vecinos que confirmaron la existencia de ‘Doña Uba’, su interés de vender y el cierre del negocio en la Notaria 14 de Bogotá. Pero todo se convirtió en una pesadilla.
Un mes después aparecieron de la nada una tierna ancianita y sus nietos, preguntando y reclamando el por qué el señor Ritoré había mandado a limpiar el predio y a encerrarlo bajo llave para que no siguiera convertido en el baño de una decena de indigentes. Ritoré fue llamado por los vecinos y se enteró de lo inimaginable: “Mi abuela no ha vendido el lote, el predio es de nosotros”, aseguró uno de los enfurecidos muchachos.
En efecto, al encontrarse con dichas personas, Ritoré no reconoció a la mujer de la tercera edad y admitió de inmediato que el negocio no lo había hecho con ella. Sin embargo, para demostrar que había comprado el lote les mostró toda la documentación de la oficina, entre otros, el certificado de la Oficina de Instrumentos Públicos de Bogotá y los certificados de la Notaría 14 de Chapinero. Les contó que el predio apareció ofertado en el periódico El Tiempo: que se entrevistó con un hombre que se hacía llamar Camilo Torres; que éste lo comunicó con una señora de la tercera edad que, cédula en mano, se presentó como Wenceslaa Calderón de Marroquín; que le presentaron un documento de sucesión que hacía constar que ella era dueña del predio; a renglón seguido se hicieron los estudios de títulos en la Notaría 14 (entre ellos el certificado de instrumentos públicos), donde el notario aseguró que todo estaba en regla; y finalmente firmado el negocio le procedió a pagar el dinero pactado con un cheque de gerencia que el tal Camilo Torres reclamó por ventanilla.
Ritoré había sido estafado. Los nietos de la señora no mediaron ni un segundo para que el nudo hubiera podido desenredarse más fácil. De modo que los herederos de la señora Calderón de Marroquín se apresuraron a denunciar a Oscar Ritoré ante la Fiscalía por estafa. Es decir, la víctima pasaba ahora a ser victimario.
Un mes después, con una velocidad que asustaba, la Fiscalía llamó a audiencia de imputación de cargos a Ritoré. Su abogada Constanza Ramírez logró demostrar que el ciudadano había sido estafado y había actuado en buena fe. La juez procedió a sacar el predio del comercio (congelarlo), pero conservó a Oscar Ritoré como el propietario del mismo. A continuación el calvario inició para las dos partes. La justicia colombiana no ha encontrado una fórmula efectiva y breve para desenredar este tipo de entuertos.
Así las cosas el caso acaba de entrar en un túnel tan largo que puede pasar una década para llegar a su salida: lastimosamente, como el propio Ritoré lo admite, la justicia colombiana obliga a que la señora Wenceslaa Calderón de Marroquín demuestre que no vendió el predio; segundo la Fiscalía y su paso de tortuga debe dar con el paradero de la banda que suplantó a Wenceslaa; y mientras tanto, Ritoré no puede intervenir, habitar, construir y mucho menos vender el predio.
“No tengo duda que la señora Wenceslaa, doña ‘Uba’, es la propietaria del predio. No tengo duda que la suplantaron y en esa suplantación a mí me estafaron. Pero como los nietos se fueron por la vía penal y no por la civil, debemos esperar a que la Fiscalía encuentre la salida de esto. Algo demasiado triste, son 20 millones de pesos, que no son una fortuna, pero eran ahorros, aunque lo que más me duele es que la señora con la edad que tiene, quizá con esta justicia que tenemos, no alcance a ver de nuevo el predio en sus manos, como debe ser”, dice Ritoré.
La historia de Oscar Ritoré es apenas una radiografía de las miles y miles de estafas multimillonarias que se han tomado el mundo del bien raíz en Colombia. Desde hace un par de años ha aparecido en el país un ‘Cartel de Escrituradores’, estafadores con fuertes lazos en las entrañas de las entidades estatales que se prestan para dejar en la calle hasta a gente con los más altos cargos de la política colombiana.
Para muchos el nombre de Oscar Ritoré, es bastante conocido. Ritoré lleva más de 30 años en el ejercicio periodístico, destacándose en los medios de comunicación audiovisual. Su experiencia como comunicador y el caso en el que se acaba de ver envuelto lo llevó a crear un proyecto periodístico con un solo fin: darle luces y herramientas a todos los colombianos para que no les vaya a pasar lo mismo. Es por ello que nació el canal de YouTube QUE NO LE PASE A USTED. En esta red social, Ritoré realizó un pedagógico reportaje donde contó su historia e hizo, como pensando que no iba a pasar, un llamado a la gente que había sido timada para que le contaran su historia con la promesa de volverla reportaje y comenzar así a atacar a los bandidos del Cartel de Escrituradores.
¡Vaya sorpresa!, en la primera semana de lanzar el reportaje en YouTube le llegaron a su correo más de 200 casos de personas estafadas en circunstancias parecidas, que como en una pandemia, daban pánico; el susto de comprar, adquirir o tener un predio en Colombia.
En su haber, el periodista Ritoré tiene la documentación de más de 3000 casos. Por ejemplo, en esta modalidad de estafa han caído personalidades de la talla de magistrados, políticos, millonarios managers de artistas y hasta deportistas. Pero los que más han sufrido son las personas de a pie. Paradójicamente, verbi gracia, en la ciudad de Popayán una empresaria de bien raíz, que lleva más de dos décadas comprando y vendiendo bienes inmuebles cayó en la trampa, perdió 125 millones de pesos tras comprar una casa que los estafadores habían alquilado por un año, periodo durante el cual falsificaron todos los documentos hasta el punto que a la hora de la compra –y por unos días- aparecieron sus falsas identidades en la Oficina de Instrumentos Públicos de dicha ciudad.
Otro de los casos es como de una hipérbole garciamarquiana: en Bogotá una señora de la tercera edad ha sido suplantada más de 300 veces y por defecto igual número de personas han sido estafadas con un solo predio. La señora, que pide omitir su nombre, ahora tiene tanto miedo que ya no sale a la calle. Así mismo, hace poco un reconocido manager de cantantes y jugadores de fútbol por casualidad pasó por la Oficina de Instrumentos Públicos para reclamar una copia de una finca de varios millones de pesos que tiene como herencia y se dio cuenta que la finca ya no es suya. Que sin nunca haber firmado un documento para venderla, el predio ahora aparece a nombre de otra persona. Lo más duro es que él tiene que demostrarle a la justicia colombiana que nunca la vendió.
Penosamente en Colombia no hay control sobre las transacciones inmobiliarias, falta legislación como en los países desarrollados donde quien compra y vende predios tiene reconocimiento ante las autoridades y los intermediarios son regulados por la ley. En Estados Unidos un particular jamás puede poner en venta un predio en un medio de comunicación o de manera autónoma. Todos los predios se venden por medio de compañías reguladas por la justicia norteamericana. Peor en Colombia quien quiere vender o comprar va al periódico, publica sin control un aviso, registra datos falsos y actúa.
Ahora bien, en el caso de Ritoré, el señor notario José Luis Buelvas Hoyos, notario 14 de Bogotá, ni siquiera ha sido llamado a declarar o se le ha abierto una investigación en la Superintendencia de Notariado y Registro, donde todo huele mal desde que el propio Superintendente hace algún tiempo en el Congreso de la República rompió un Certificado de Tradición y sentenció: “Esto en Colombia no sirve para nada”.
Por lo que denotan estos casos, las notarías en Colombia son un negocio que al final no responden por nada. De hecho, en una sentencia del Consejo del Estado, el magistrado Daniel Suárez, en su momento logró que los notarios no respondieran por lo que hicieran ilegalmente sus clientes, o sea, la fe pública desapareció. Las notarías pasaron a ser negocios privados, pero que recaudan dineros públicos. “Esto es un negocio privado”, le dijo uno de los funcionarios de la Notaría 14 al periodista Ritoré cuando quiso filmar el lugar.
Si se mira, estos casos de millonarias estafas pasan por: las Oficinas de Registro, las seccionales de Instrumentos Públicos, las Notarías y hasta en la propia Superintendencia de Notariado, tanto así que en esta entidad no hay un solo notario investigado por estas denuncias. Incluso, los ciudadanos han tenido que acudir a la Procuraduría para denunciar al superintendente por negligencia.
Este tema para Oscar Ritoré y para muchos no terminará mientras en la oficina de registro haya funcionarios que dejen manipular el único documento que muestra propiedad, el certificado de tradición; mientras la Superintendencia de Notariado no investigue a los Notarios que permiten que en muchas de sus notarias se hagan ilícitos con las propiedades: mientras nadie legalmente y de verdad constate la veracidad de quien firma, de quien vende y de quien compra; y en última instancia mientras la Fiscalía no resuelva y la justicia no opere.
Twitter autor: @PachoEscobar
