Hay un imaginario ideológico según el cual todo el carrusel de la contratación está encarnado en un único partido: el Polo Democrativo Alternativo. Por tanto, todos los costos políticos del «carrusel» que se robó a Bogotá los deben pagar los miembros de este partido, según la coyuntura electoral que enfrenten —así no necesariamente hayan estado involucrados—y se omite el hecho de que otros miembros de otros partidos políticos hoy están condenados o investigados por ese mismo escándalo. Esto puede deberse a que los máximos representantes que han sido condenados por este hecho han sido Samuel Moreno, exalcalde de Bogotá, e Iván Moreno, exsenador, ambos del Polo. Pero Samuel Moreno no gobernó solo y estas figuras visibles del «carrusel» han ocultado para los ojos poco críticos o indiferentes la complejidad del escándalo y sus tentáculos sobre personalidades políticas de distintos partidos, entre concejales de Bogotá, un representante a la Cámara y, presuntamente, el propio gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz.
Entre los ya condenados por el «carrusel» podemos recordar a qué partidos políticos pertenecieron:
- Germán Olano, exconcejal de Bogotá, excongresista. Condenado a ocho años por los delitos de «enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias» ==>Pertenecía al Partido Liberal.
- Hipólito Moreno, presidente del Concejo en 2005 y en 2008. Uno de los concejales que respaldó el gobierno de Samuel Moreno, condenado en 2013 por «los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio» ==>Pertenecía al Partido de la U.
- Andrés Camacho Casado, exconcejal. Condenado a más de cinco años por «tráfico de influencias de servidor público y cohecho impropio»==> Pertenecía al Partido de la U.
- Orlando Parada, exconcejal. Mediáticamente conocido por su férrea oposición a la Alcaldía de Petro. Condenado a 13 años por «tráfico de influencias y cohecho impropio» ==> Pertenecía al Partido de la U.
- José Juan Rodríguez, exconcejal. Salpicado por testimonios de Inocencio Meléndez y Emilio Tapia. Está destituido e inhabilitado por la Procuraduría por 13 años para ejercer cargos públicos. Actualmente libre, por segunda vez, por vencimiento de términos. Técnicamente no estaría condenado. ==> Pertenecía al en ese entonces Partido Verde.
Como se puede apreciar, en esta pequeña lista aparece condenado un miembro del Partido Liberal, tres del Partido de la U y uno del Partido Verde. Con la nueva decisión de la Procuraduría de reabrir investigación a 12 concejales presuntamente implicados en el «carrusel», la cual había sido archivada por procuradores delegados, se obtiene que cinco de estos concejales buscan reelegirse: Jorge Durán, del Partido Liberal; Javier Palacio, del Partido de la U; Julio César Acosta, de Cambio Radical y Antonio Sanguino, de la Alianza Verde.
Si solo tomáramos la lista de condenados por el «carrusel», se puede concluir que el Partido de la U —partido a que a decir verdad ha gobernado mayoritariamente el país desde por lo menos los últimos 12 años—, mismo que desde 2010 lideró la coalición de partidos de la «Unidad Nacional» (junto al Partido Liberal, Cambio Radical y Opción Ciudadana y en su momento el Partido Conservador), ha permitido una cuota importante de políticos involucrados —a la espera de lo que se confirme más adelante— en el escándalo del «carrusel». ¿Por qué entonces es el Polo Democrático, en cabeza de Clara López, el que actualmente está pagando los costos políticos? ¿Acaso no debería haber también responsabilidad del Partido de la U o del Partido Liberal (los cuales respaldan a Rafael Pardo) en este caso?
Está bien cuestionar a Clara López por su participación como Secretaria de Gobierno de Samuel Moreno —aunque no se haya demostrado nexo alguno— y mucho más criticar la pasiva actitud que tuvo el Polo ante las primeras denuncias que involucraban miembros de su partido, ¿pero qué pasa con el resto de partidos políticos? Y si de sacar los trapitos al sol se trata, ¿qué sucede, por ejemplo, con el polémico aval que hace el partido del vicepresidente Vargas Lleras a Enrique Peñalosa? ¿Acaso este último no se ha enterado de los avales que ha hecho Vargas Lleras a parapolíticos o herederos de estructuras de parapolíticos en el Caribe, como lo cuenta La Silla Vacía? ¿O consciente de ello aún así recibe su apoyo —a pesar de haberse lanzado como independiente— sólo para ganar votos de maquinarias políticas? Porque desafortunadamente no es la primera vez que Enrique Peñalosa recibe apoyos polémicos por cuenta de actores políticos que han estado rodeado de parapolíticos y les otorgan sus avales. ¿En cada debate se le debe reprochar a Peñalosa el haber aceptado el apoyo de Álvaro Uribe Vélez para la Alcaldía de Bogotá de 2011, en un tiempo en el que ya había estallado el desafortunado escándalo de la «parapolítica», esto es, la vergüenza de demostrarse que políticos de la coalición de gobierno fueron elegidos gracias al apoyo de paramilitares, criminales narcotraficantes involucrados en masacres a la población civil? Un equilibrio informativo debería destapar todos y cada uno de los puntos dudosos de los candidatos a la Alcaldía, tanto por las responsabilidades de sus partidos como por las de sus aliados, en el pasado y en el presente. Si se diera tal equilibrio, las elecciones por la alcaldía de Bogotá se polarizarían aún más de lo que están y obligaría a la mayoría de candidatos a atacar y defenderse en lugar de compartir claramente sus propuestas y debatir con argumentos sus modelos de ciudad. Bajo la presunción ideal de que todos los candidatos son inocentes, y aunque la trayectoria política de cada uno cuenta, es menester que la campaña principalmente se centre en los argumentos.
En definitiva, la corrupción que se robó los dineros de Bogotá no distinguió ni izquierdas ni derechas y, por ende, no se puede atribuir meramente a las fronteras de un único partido político o a una ideología política definida. Más bien, esta interpretación sobresimplificada del saqueo a Bogotá sólo oculta la complejidad de una criminalidad que atravesó diversos partidos políticos. La reflexión más bien debería estar encaminada a sobre qué garantías ofrecen los partidos políticos para evitar hechos de corrupción como el «carrusel de la contratación».
