No me refiero a los robots telefónicos que contestan a nuestros reclamos en las empresas públicas o privadas, hago referencia a los funcionarios y funcionarias que responden automáticamente, a manera de grabaciones mecánicas.
Llevo exactamente un año enviando sucesivos derechos de petición a Codensa para que me envíen a mi apartamento la correspondiente factura mensual de consumo de energía. Me responden que la enviarán por correo recomendado, lo cual nunca ha sucedido.
Ya, desesperada, decidí apelar a la Superintendencia de Servicios Públicos. Primero, llenando los formularios que aparecen en la página: https://teresuelvo.superservicios.gov.co/ de donde me pasaron a un chat, donde lo único que me dijeron era que siguiera insistiendo con Codensa.
Llamé entonces al 01800-0910305. Y ahí sí fue la tapa: una voz que parecía de un ser humano me respondía mecánicamente, sin querer escuchar lo que yo decía, citándome una serie de leyes y normas, diciéndome que yo no estaba obligada a pagar la energía eléctrica si la empresa no me enviaba la factura. Me decía, una y otra vez, que me dejara cortar la luz para poder luego reclamar ante la Superintendencia de Servicios Públicos, antes no.
Traté de decirle, sin éxito, que lo que yo quería era que la Superintendencia obligara a Codensa a enviarme el recibo de cobro. El funcionario robot seguía hablando sin escuchar, insistiendo que me dejara cortar la luz para poder demandarlos.
Kafka en todo su apogeo, demostrando que el gobierno distrital (y no menos el nacional) no tiene capacidad administrativa. En el caso del nivel nacional, el método es lo que yo he llamado “el carrusel de la contestación”: la oficina que recibe la solicitud contesta que le reenvió la petición a otra dependencia, la cual, a su vez, se la manda a otra y así en una cadena sin fin, buscando cansar al ciudadano en su demanda, sin que jamás el problema se resuelva.
Sería bueno que Alemania les diera unos cursos de gestión administrativa para que la vida en Bogotá y en Colombia sea más tolerable, ya que, en medio del proceso económico de concentración de la riqueza que vivimos y de genocidio a nuestros líderes sociales, la permanente presión que vivimos es asfixiante. Pero, además, en los asuntos de todos los días, el país se ha vuelto invivible. Solo hay eficiencia para el dolo, el peculado y la impunidad jurídica.
Y, hablando en el lenguaje que entienden y les gusta a nuestros dirigentes: esta incapacidad administrativa no atrae inversiones internacionales. ¿Quién quiere invertir en Colombia si para hacer negocios debe someterse a esta ineficiencia? Es un desgaste humano, de tiempo y energía, que ahuyenta inversionistas y nos aísla del contexto económico internacional. Así, no somos competitivos y no podremos ser productivos. Seguiremos siendo un pobre país subdesarrollado donde solo se lucran los corruptos. Porque para ellos sí funciona la administración pública. Una prueba irrefutable es el Fiscal que no renuncia a pesar de su inhabilitación moral.
