El caso de Ariel Martínez, el humilde carpintero de San Vicente del Caguán, en Caquetá, acusado por Estados Unidos de lavar dólares para el narcotráfico, es, lamentablemente, sólo uno más de los muchos que han sucedido, a lo largo de más de 30 años, desde que Colombia suscribió el tratado de extradición con el país del norte, como una herramienta fundamental en la lucha contra las drogas ilícitas.
Sin embargo, en medio de esta pesadilla de más de 4 meses para este sanvicentuno, dueño de un taller de carpintería, que dijo no tener computador, ni cuenta bancaria, el final de su historia es feliz, por cuanto la justicia norteamericana decidió recular y canceló el pedido de extradición.
Y se debió, entre otras, al insistente apoyo de su familia, de la población sanvicentuna, de los medios y de la sociedad en general, que presionó a los dos gobiernos y a las dos justicias, para que investigaran bien si Ariel era en realidad una ficha clave de los narcotraficantes, o no.
No obstante, otras personas, como un humilde vendedor de plátanos verdes, oriundo de la costa Caribe colombiana, no corrieron con la misma suerte.Este costeño, de 50 años, fue culpado injustamente de lavar dólares para el narcotráfico, debido a que los gringos interceptaron una comunicación del señor con un conocido, en la cual el hombre le pide que le envíe un cargamento de ‘verdes’, como se le dice coloquialmente a los plátanos que el inculpado vendía en la calle, pero que para los norteamericanos eran literalmente, dólares.
Por este hecho, el vendedor de plátanos fue llevado ante la justicia estadounidense, pagó más de 6 meses de cárcel, por el delito de lavado de activos para los narcos, hasta que su caso fue revisado y se demostró su inocencia. Y fue toda una odisea para este humilde trabajador, retornar al seno de su familia, donde hoy cuenta su historia, una que viven muchos colombianos inocentes que son extraditados a los Estados Unidos, sin la profundidad y rigurosidad investigativas que se requieren para estos casos.
Durante el tiempo en que ha operado esta herramienta de justicia para combatir el narcotráfico, más de 100 mil personas han sido enviadas al país del norte para enfrentar sus procesos penales.
No obstante, es bueno preguntarse qué responsabilidad le cabe a la justicia colombiana, en el caso del carpintero caqueteño, ya que es ella la que debería de corroborar la culpabilidad o no de la persona requerida por E.U., antes de avalar su extradición. Se debería entonces tener un proceso mucho más riguroso de revisión al interior de las altas cortes, antes de que el caso llegue al escritorio del Ejecutivo, para surtir este importante paso de enviar, vía ‘Dea Airlines’ a los ciudadanos de bien.
