Sin lugar a dudas, El Carmen de Viboral siempre ha sido una localidad muy referenciada a nivel nacional, no solo por su cerámica, ni en tiempos aquellos por sus producciones de frijol cargamanto y papa —que desde diferentes veredas y montañas producían osados campesinos—, sino también por sus bosques y gran riqueza hídrica. De hecho, este último aspecto fue polémica hace años atrás cuando se trató el tema del Plan Departamental de Aguas, proyecto que hace un par de semanas se volvió a revivir gracias a algunos politiqueros de la región, los cuales se fijaron nuevamente en la localidad con el objetivo de retomar este discutible y laborioso tema que deja mucho que desear, pero que el alcalde decidió archivar (¿por cuánto tiempo?).
Ahora bien, aparte de todo lo anteriormente descrito, otro tema que ha pasado de agache y un poco desapercibido pero que ha estado en la retina de muchos pícaros de la localidad y de la región hace referencia a la minería, un asunto frente al que la comunidad carmelitana se pronunció rotundamente en el 2015 a través de algunos movimientos sociales: se manifestó el rechazo frente a dicha actividad, pues al parecer un proyecto de este tipo se veía venir para la municipalidad.
Hoy esta cuestión vuelve a ser noticia. Actualmente, se encuentra vigente un proceso de licenciamiento ambiental para la explotación de material de construcción (gravas, arena, piedra) en una zona rica en fauna, flora y por supuesto en el recurso hídrico; esto en las veredas La Florida y La Chapa (cabe recordar que este último sector del municipio tiene un importante nacimiento de agua que puede verse gravemente afectado). Sin embargo, no podemos desconocer la necesidad de estos materiales para el desarrollo territorial, sobre todo en el mantenimiento de vías terciarias.
Con eso dicho, vale la pena resaltar que en el municipio se encuentran otros títulos mineros ubicados en lugares poco conservados ambientalmente en los cuales si se realiza la explotación no causarían un impacto ambiental tan grave. De ese modo, el gran interrogante es: ¿por qué se desea explotar esta montaña y no los otros títulos mineros? Y lo más delicado de todo es: ¿por qué esta montaña se ha explotado de forma ilegal? Pues, según información extraoficial, ha habido particulares y administraciones municipales extrayendo material de allí, pues así lo evidencian algunas fotos, donde se ve maquinaria del municipio en dicha zona. ¿Con qué interés?, ¿quién responde?, ¿quizás el concejo y el alcalde anterior?, ¿cuál fue el control que ejerció el concejo anterior?
Igualmente, otro interrogante que salta a la luz es: ¿por qué y con qué intenciones Cornare excluyó en el 2018 varias hectáreas que antes eran reserva forestal, donde particularmente esta zona sale excluida? Y ojo, no solo esto pasó en la localidad sino en otros municipios de la región.
No es un secreto que en el municipio se han realizado actividades de minería ilegal desde hace muchos años en lugares declarados como reservas naturales, algunas de estas como la reserva forestal protectora de los cañones de los ríos Santo Domingo, Melcocho y del DRMI Cerros de San Nicolás, afectando los recursos sin ninguna mitigación o compensación ambiental, pues según personas y noticias se han encontrado dragas y especies de socavones en los cuales se han estado y se estarían practicando la minería de forma ilegal .¿Quién controla?, ¿dónde ha estado Cornare, por ejemplo?
También es claro el beneficio de particulares y politiqueros en legalizar dicha actividad con el objetivo al parecer de lucrarse. Es el caso específico de la licencia ambiental que se encuentra en proceso para el título de concesión minera NoB7164005. Se evidencia entonces el interés de un político puntualmente para que se apruebe esta actividad en el municipio, pues emitió una resolución el 23 de diciembre de 2019, la 5738, “por medio del cual se reconoce y otorga una servidumbre”. Quizás el otorgamiento no es el problema desde el punto de vista legal, lo que nos llama la atención como ciudadanos es por qué se emitió en esta fecha, a tan solo una semana de finalizar su mandato; además, al parecer sin conocimiento del Concejo Municipal y de la comunidad carmelitana, en particular de las personas posiblemente afectadas.
Para acabar de ajustar, según la empresa consultora Alfa y Omega, que está realizando el Estudio de Impacto Ambiental, el 22 de octubre de 2019 fue socializado el proyecto a la alcaldía, sin que la comunidad ni el concejo municipal se enterara del proyecto minero anteriormente descrito, puesto que nadie sabía de este (hasta tan solo un par de semanas atrás). ¿Qué pasaría entonces?, ¿qué pasará ahora?, ¿qué pasó con el concejo anterior? y ¿qué hará la comunidad afectada para impedir el título minero en esta zona? Estos son algunos de los interrogantes que muchos nos hacemos, amanecerá y veremos, como dijo el ciego.
