Las noticias informaron desde el miércoles en la noche, que había perecido Carlos Lozano Guillén, tras una penosa enfermedad que lo tenía recluido en una clínica de Bogotá. Las notas hablaban de su larga militancia en el Partido Comunista y de su destacado papel como director en el Semanario Voz, el periódico oficial del Partido.
Casi dos meses atrás me presenté a la sede del Partido Comunista en Teusaquillo, con el objeto de realizar una gestión personal, relacionada con mi participación en la siguiente Feria Internacional del Libro de Bogotá. Mientras esperaba la persona indicada, se apareció Carlos Lozano y entonces lo saludé con afecto, al tiempo que sostuvimos una breve conversación.
Lo vi saludable, con buen peso, enérgico, optimista y de buen humor. Me impresionó también el aspecto de su vestido impecable, de tono gris, con corbata y un suéter delgado que lo protegía del frío. Me preguntó con vivo interés por mi salud y estado, a la vez que me enteró de que estaba pendiente de una delicada cirugía, a la que la EPS se demoraba en fijar fecha.
Algún comentario hicimos acerca del sistema de salud, que no sólo a él sino a otros miles de colombianos mantenía en una situación semejante a riesgo de su vida. Era el producto de la famosa ley 100, evitar gastar lo menos posible en la salud de los pacientes, para que las EPS pudieran enriquecerse más a costa de la vida de la pobre gente.
Con Carlos siempre había ocasión de intercambiar en torno a algún problema de la vida nacional. Como buen comunista, sabía sentir en su piel las angustias de la gente. Pero además luchar de algún modo por aliviarlas. De todas sus preocupaciones, no hay duda que la de la paz con justicia social y democracia, llegó a ser la principal.
Recuerdo haberlo visto en los campamentos de Timo, durante los acercamientos iniciales al proceso de conversaciones en La Habana. Algo tenía que hacer él al respecto, no podía hallarse al margen de un asunto tan importante. Así también lo había visto durante los diálogos del Caguán, y no sólo como el periodista incisivo que fue.
Entonces hizo parte de la Comisión de Notables, como años después jugaría su rol en la patriótica gestión denominada Colombianos y Colombianas por la Paz, que tanto tuvo que ver con las liberaciones humanitarias de prisioneros de guerra, y la movilización nacional en torno al establecimiento de conversaciones en pro de la solución política al conflicto armado.
Por eso duele inmensamente su partida, precisamente en medio de la difícil coyuntura actual. No solamente tenemos a unos candidatos presidenciales de la derecha, que amenazan de manera perversa la implementación de lo acordado en La Habana, sino que el período de Santos se agota sin que las cosas avancen a satisfacción.
La pendiente solución del asunto Santrich
sin duda determinará líneas de conducta en materia judicial para todos los demás
Muchos interrogantes se avistan a futuro. La pendiente solución del asunto Santrich sin duda determinará líneas de conducta en materia judicial para todos los demás. ¿Entonces bastará simplemente con que cualquier juez de los Estados Unidos, expida una orden de captura contra un ex miembro de las Farc, para que se lo detenga y extradite de modo automático?
¿Sin que ninguna autoridad judicial colombiana, ni siquiera la JEP o la Corte Suprema de Justicia, tenga la potestad de examinar y valorar los fundamentos en que se basa el juez norteamericano? Uno creería que por un elemental sentido de dignidad y soberanía, cualquier otro país reclamaría su derecho natural a valorar los fundamentos de la petición.
Más cuando envuelve una cuestión tan importante de por medio. Unos Acuerdos de Paz con los que se procuró rodear de plenas garantías a la guerrilla desarmada y reincorporada. El debate se halla bien caliente, y claro que hacen falta voces como la de Carlos Lozano, siempre tan llenas de sindéresis, para reforzar el clamor por una solución justa y recta.
Oí a Duque clamar por la extradición inmediata de Santrich, pero en cambio reclamar el sagrado derecho de Andrés Felipe Arias al asilo político en USA, pese a que en su contra obra una sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. De donde se desprende que el interés político uribista, permite las interpretaciones más aventuradas de las cosas.
Y así no puede ser. Nuestro país no se merece que se lo maneje con criterios de semejante naturaleza. Sabemos de los odios y violencias que se desatan, cuando desde el poder pretende defenderse el derecho inmaculado de las castas a la impunidad, mientras se clava el puñal de la venganza contra los de ruana. Lo que se requiere es ponderación.
Ahí está Hidroituango, con sus muertos a cuestas y el hambre de familias desesperadas. ¿Quién responderá? Carlos sabía que ninguno, si ganan el domingo los que sabemos. Por eso, sabiamente, pensaba votar por Petro.
