Hace un año, en horas de la tarde de 23 de noviembre de 2019, Dilan Cruz salió a la calle a participar en las marchas contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque; manifestaciones que ya llevaban dos días. Dilan no era activista. Acompañó las marchas más por plan de amigos que por convicción sociopolítica. El desenlace fue trágico: Dilan Cruz, preparado a sus 18 años para recibir su grado de bachiller a los dos días, moría el 25 de noviembre en la Unidad de cuidados intensivos del Hospital San Ignacio, en el centro de Bogotá.
En medio de las protestas Dilan recogió una bala de gas lacrimógeno y la lanzó contra los policías que la habían disparado. No alcanzó a correr por más de cinco segundos cuando una bala Bean-bag del Esmad, un proyectil hecho de trapo con balines de plomo adentro –que se considera no letal— se le incrustó en su cabeza. El proyectil de trapo disparado por el capitán de la policía Manuel Cubillos Rodríguez le ocasionó la muerte al estudiante según el dictamen de la necropsia.
Ha pasado un año y no hay una decisión de fondo frente a lo ocurrido. Las investigaciones penales y disciplinarias no han avanzado. Así lo denuncian familiares y Franklin Castañeda, el abogado del Comité de Solidaridad que los representa.
En un principio las investigaciones se enredaron porque hubo un conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Justicia Penal Militar. Las dos justicias podrían tomar el caso y solo fue 10 meses después, el pasado septiembre, que Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura concluyó que el arma fue accionada con ocasión del servicio y que por tanto sería la penal militar la que llevaría el caso. Lo que traduce que hasta hace solo dos meses la justicia está realmente investigando el crimen de Dilan Cruz.
El caso quedó en manos de la justicia penal militar y el único hecho cierto fue la separación del capitán Cubillos del Esmad y vinculado a labores administrativas. El abogado de la familia de Dilan sigue buscando recursos legales para que el caso lo asuma la justicia ordinaria.
En la investigación disciplinaria contra el policía, que fue asumida por la Procuraduría tampoco ha pasado gran cosa. Aunque la entidad tomó el caso dos meses después de ocurridos los hechos, solo después de siete meses, hasta el pasado mes de julio, informó que investigará al policía por presunto exceso de fuerza. La investigación se cerró en dos meses después.
Desde el pasado 15 de septiembre, la comisión de procuradores está evaluando las pruebas recogidas para definir la formulación de pliego de cargos o el archivo del proceso. Aún no hay respuesta.
El tipo de arma con el que Dilan fue asesinado fue suspendida para ser usada. La orden la dio el pasado mes de septiembre la Corte Suprema de Justicia. Para la Sala Civil las autoridades estaban interviniendo en las protestas ciudadanas de una manera sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública.
Mientras las investigaciones por la muerte de Dilan avanzan, la familia del joven participará por estos días en actos de homenaje.
Su mamá, Yenny Alejandra Medina, quien salió de la cárcel condenada por hurto, el pasado mes de abril, cinco meses después de la muerte del joven, ahora trabaja como vendedora ambulante puerta a puerta, llevando a cuestas, con poca fe en la justicia castrense, la pérdida de su hijo varón.
Yenny Alejandra y Denis Cruz, la hermana de Dilan, que al momento del crimen tomó la vocería de la familia, no creen mucho en que los magistrados que llevan el caso de su hijo sean imparciales con la muerte de su hijo. Lo poco que saben y que ha escuchado por parte de su abogado es que puede haber impunidad por tratarse de un oficial que está siendo juzgado por militares y policías.
Mientras que el abogado Castañeda sigue moviendo fichas para lograr que el caso no quede impune, la familia de Dilan, que son humildes y han tenido que sortear diferentes necesidades para sobrevivir, mantienen solo la fe para que algún día haya justicia.
