La Unidad Investigativa de Indepaz lleva el registro de los líderes sociales y firmantes de paz asesinados o desaparecidos en lo corrido de este año. A 31 de enero contabilizaba 21 líderes y 7 firmantes de paz, una cifra que sigue creciendo día a día de manera alarmante, sin que se conozcan estrategias o planes del gobierno nacional para proteger la vida y los derechos de los colombianos en prácticamente todo el territorio nacional.
Nos enteramos por publicaciones de prensa, de que en la Sierra Nevada de Santa Marta existe una confrontación entre las llamadas AGC y unos Pachenca o Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, que supuestamente se disputan el control de las rutas del narcotráfico, así como la extorsión a las actividades turísticas y agropecuarias de la región norte de la costa atlántica. Se dice que desde Bosconia, en el Cesar, hasta Palomino, en la Guajira, unos y otros son el Estado.
Del mismo modo se afirma que en el sur del departamento de Córdoba se desarrolla otro conflicto entre las AGC y los llamados Caparros o Frente Virgilio Peralta Arenas, un brazo que se desprendió de las primeras y les disputa el control desde hace más de dos años. Para completar el cuadro, también hicieron su aparición quienes dicen llamarse Frente 18 de las FARC, un nuevo grupo que mantiene alianza con los Caparros para disputarle el control a las AGC.
Y que para enredar más las cosas, se vale de un lenguaje seudorrevolucionario que suena más a delirio que a propuesta política. Los enfrentamientos y la persecución a los otros han sumido la región en un mar de sangre. Masacres, asesinatos de líderes y desplazamientos forzados se han convertido en el pan de cada día, en medio de una disputa que se extiende hasta Urabá y el bajo Cauca. Desde luego también hay fuerza pública involucrada en el conflicto regional.
Con sus particularidades, una situación similar se presenta en el sur de Bolívar, en donde pese a existir una especie de pacto entre el ELN y las AGC que les permite compartir y convivir en la región sin entrar en confrontaciones, la violencia de una y otra organización afecta de modo constante a la población civil, que ve caer con frecuencia líderes sociales y firmantes de paz, en medio de las amenazas y las órdenes de los grupos armados.
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Podríamos ir de una región a otra, cada una con sus agrupaciones armadas y criminales que imponen condiciones y reglas a sus habitantes, casi siempre atrapados entre dos o más fuegos
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Así podríamos ir de una región a otra de Colombia, cada una con sus agrupaciones armadas y criminales que imponen condiciones y reglas a sus habitantes, casi siempre atrapados entre dos o más fuegos, sospechosos para unos de colaborar con los otros, obligados a guardar silencio so pena de perder sus bienes y vidas. Sorprende oír a diario que lo que garantiza el Estado a los amenazados, es su extracción y transporte a una ciudad en donde deben sobrevivir como puedan.
Un salario mínimo por tres meses continuos y agradezcan. Sin que el aparato gubernamental, social, judicial, policial o militar actúe en algún sentido para cambiar la situación. El 27 de junio de 2019 el presidente Duque anunciaba con bombos y platillos que su gobierno adoptaría 23 acciones contundentes. Cuerpo élite de la Policía encargado de enfrentar las amenazas, fortalecimiento de alertas tempranas, decretos de control de riesgo de seguridad, etc.
Año y medio después la situación es peor. El control de la criminalidad sobre los territorios sigue creciendo, del mismo modo que la violencia contra la población civil. El gobierno nacional continúa con su vacío lenguaje de paz con legalidad que ya nada significa. Basta con reparar las declaraciones del nuevo ministro de la defensa a El Tiempo, ante la pregunta de qué piensa hacer su cartera para enfrentar la ola de criminalidad:
“… De los 33 homicidios del año pasado, 14 fueron perpetrados por el Eln y el ‘clan del Golfo’ y ocho por las disidencias de las Farc. Hay una relación directa de donde ocurren masacres y donde hay presencia y disputas territoriales de estas redes. La prioridad es desmantelar estos grupos, que son los que cometen los ataques a los líderes y generan esas masacres. Lo segundo es trabajar con la Fiscalía y el Ministerio del Interior para adoptar mecanismos de protección”.
La prioridad es apenas útil para contar mal las víctimas, que crecen sin parar. Eso mientras la Unidad Nacional de Protección anuncia que no cuenta con recursos económicos para su tarea, razón por la cual niega el servicio de escolta a muchos de sus protegidos. Es innegable, la situación se ha agravado especialmente en este gobierno, que públicamente ataca los Acuerdos de Paz de La Habana al tiempo que en privado hace cuanto puede por incumplirlos.
Muchos se preguntan, con razón, si eso precisamente es lo que buscaban afanosamente Uribe y el Centro Democrático cuando rabiaban contra la solución pacífica.
