A pesar de haber sido suspendido hace más de diez días por la Procuraduría de Margarita Cabello, el canciller Álvaro Leyva, por lo menos hasta el 30 de enero, siguió ejerciendo con normalidad sus funciones. Así lo demostró firmando el Decreto 0061, mediante el cual se le asignaban funciones consulares en la Embajada en Singapur a Mónica Isaza, lo cual fue demandado por el representante a la Cámara del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio. Por lo que podría sumarse a la extensa lista de nombramientos diplomáticos que se le han caído al Gobierno Petro.
Vea también: Siguen descabezándole nombramientos diplomáticos a Petro y a Leyva
Lo cierto es que Leyva quiere aferrarse a su cargo y evitar a toda costa que la Procuraduría le termine ganando el pulso. No obstante, esto no dependerá tanto de él, sino de su equipo de abogados en el que, además del externadista Ernesto Matallana, está el controvertido Yefferson Mauricio Dueñas.
Dueñas ha repartido sus estudios entre la Universidad Nacional, la Sergio Arboleda y el Externado y justamente fue en esta última institución donde coincidió con el exfiscal Luis Eduardo Montealegre, quien fue su profesor y quien posteriormente se convertiría en su ejemplo a seguir. Juntos escribieron el libro ‘Constitución y Vivienda’, publicado en 2006.
Antes de llegar a la defensa del canciller, el abogado había sido protagonista de varios casos sonados en el ámbito nacional. Tal fue el caso de la demanda que radicó ante el Consejo de Estado, misma entidad a la que puede terminar llegando el caso de Leyva, con la que buscó que se cayera el decreto 1500 de 2018, uno de los últimos que alcanzó a firmar Juan Manuel Santos en su Presidencia. Dueñas pretendía desestimar una decisión que protegía a los indígenas kogui, arhuacos, kankuamos y wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no lo logró.
Ahora, Dueñas tiene la tarea de mantener a Leyva en los despachos de la Cancillería y, según aseguró, irá hasta las últimas consecuencias. Fue él quien firmó la carta pidiéndole a la Procuraduría que revoque su suspensión aludiendo que no tienen competencia para revisar actos administrativos como el de haber declarado desierta la licitación de los pasaportes.