El 9 de agosto de 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) presentó un informe sobre el cambio climático que reveló que es muy factible que en los próximos años 20 o 30 se presente un aumento en la temperatura media igual o superior al 1,5 % y que si no se limitan en forma drástica las emisiones, podrán producirse una serie de eventos catastróficos producto de alteraciones extremas en el clima.
Este informe es el primero después de haberse realizado la Conferencia de las Partes COP 25, Cumbre Anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Madrid y a 6 años de haberse declarado el fracaso del protocolo de Kioto suscrito en 1997 y que entró en vigor en 2005. Este fracaso se debió a que los compromisos asumidos no eran vinculantes y se impuso un sistema de evitar las emisiones a través de la comercialización de los derechos de emisión, por medio del cual las empresas que emiten los compraban a quienes no lo hacen con lo cual el saldo neto de emisiones se mantenía. Por otra parte no había ningún mecanismo para que habiendo combustibles fósiles baratos, se cambiara la matriz energética.
En 2015 se realizó la COP 21 en París en la cual se intentó un nuevo acuerdo, el cual fue dado por muerto en 2019 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, pues para lograr sus metas sería imprescindible tomar medidas mucho más contundentes y de manera inmediata. Entre ellas, recortar las emisiones de CO2 un 7,6 % cada año entre 2020 y 2030, la descarbonización del sector de la energía y la construcción y cambios en los estilos de vida, cosas que están muy lejos de los compromisos reales asumidos por los gobiernos más responsables de las emisiones.
Las emisiones de CO2 a la atmosfera han seguido aumentando de manera sostenida durante la última década, salvo una pequeña reducción en 2020 por efecto de la pandemia.
En 2019 se realizó la COP 25 en Madrid, en la cual se evidenció que los compromisos de París de los países en desarrollo para el control de las emisiones de carbono y adaptarse a los impactos climáticos dependen del dinero de los países industrializados. Hoy esos países no tienen idea de dónde provendrá ese dinero y aunque gravitaba sobre el ambiente la propuesta hecha por Hillary Clinton en el 2009 de que el mundo desarrollado proporcionaría al mundo en desarrollo unos USD $ 100.000 millones por año a partir del 2020 y que fue ratificada en la última cumbre del G-7.
Los países ricos no cumplieron con su propia fecha límite de 2020 para proporcionar los USD 100.000 millones por año prometidos durante mucho tiempo, un mero 0,2 % del PIB anual de los países ricos y que son en sí mismos una pequeña fracción de lo que los países en desarrollo necesitan para la descarbonización y la adaptación climática. A pesar de las promesas y encuentros internacionales las emisiones per cápita en el mundo se mantienen en su curva ascendente y siguen estando lideradas por los 10 países que más CO2 arrojan a la atmósfera y que generan el 72 % de los gases de efecto invernadero; es evidente que ellos serían los que en forma más rigurosa y rápida deberían controlar estas emisiones, pues no todo el mundo tiene la misma responsabilidad en el calentamiento global. Efectivamente, las concentraciones de CO2 atmosférico en 2020 fueron del 48 % por encima de los niveles preindustriales, un 16 % por encima de los niveles de 1990, y 3 % por encima de los niveles de 2015.
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El afán de ganancias a través de mecanismos de mercado y el liderazgo de las entidades financieras han convertido el control al cambio climático en negocio especulativo, a través de los bonos de carbono
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Algo grave está detrás de estos sucesivos fracasos en los acuerdos internacionales sobre el cambio climático y es que la reducción de las emisiones es voluntaria y se ha permitido que la fuerza decisiva para ello sea el afán de ganancias a través de mecanismos de mercado y bajo el liderazgo de las entidades financieras que han convertido el control al cambio climático un gigantesco negocio especulativo, a través de los bonos de carbono que no han logrado regularse en ninguna instancia internacional, pero que son uno de los principales mecanismos a través de los cuales se ha financiarizado el negocio del clima. Dentro del marco del libre mercado solo se lograra la reducción de la producción y uso de energías de origen fósil, cuando producir con energías renovables sea más barato. Lo único que puede revertir esta situación es una decisión política de los estados que no se pliegue a los intereses de los grandes productores de energías fósiles. Unos pocos lo han hecho a través de distintas políticas públicas pero su esfuerzo es limitado y no alcanza a contrarrestar las tendencias inerciales de la economía a concentrarse en los sectores donde hay ganancias abundantes y rápidas.
