Es pertinente reconocer que a Colombia, sus gobernantes y secuaces, durante más de 200 años, la convirtieron en resaca de corrupción, clientelismo, politiquería, desgobierno, impunidad, tráfico de influencias, caos y anarquía. Los hechos y resultados del ejercicio del poder lo demuestran. Colombia es un estado fallido.
La piñata de candidatos que por estas calendas se gozan el festín electoral, parece que no saben o no entienden en qué país viven o a cual pertenecen, ni para qué pretenden gobernarlo.
No se ocupan de la dramática problemática que amenaza el futuro de la nación y que cada año se agudiza más: pobreza creciente, desempleo y subempleo, desgobierno, impunidad, criminalidad, inseguridad, etc.
Cada candidato debería ser consciente de la realidad nacional, reflejada en la realidad regional y local y analizarla en detalle, y con sus propias conclusiones y racionalidad, manifestarle a los electores y ciudadanía en general, cuál es su fórmula y promesa para resolver cada una de las problemáticas regionales o locales.
Entre otras, cuál es su fórmula o proyecto para reactivar la economía, generar empleo y construir equidad socioeconómica integral. Ese procedimiento, le daría oportunidad de estructurar un integral programa de gobierno.
Debe enfocar sus fórmulas de soluciones, partiendo de las condiciones socioeconómicas presentes, frente a las estadísticas oficiales sobre resultados económicos del los últimos años. Solo se les escucha ambiguos, folclóricos e inciertos balbuceos populistas.
Debe plantear la solución al rezago secular en desarrollo técnico y científico y la pésima calidad de la educación nacional, regional y local y formación profesional.
Todo colombiano debe entender, comprender y ser consciente que el desarrollo económico colombiano es raquítico y mediocre, desde décadas. No corresponde a lo que una nación requiere para desarrollarse integralmente y mejorar las condiciones de vida, de todos los ciudadanos.
Por el contrario, en Colombia, la brecha entre pobres y ricos, año tras año se ensancha y profundiza. La producción en general, decrece y al tiempo crecen las importaciones de productos de la base alimentaria y de bienes y servicios básicos. Son las condiciones necesarias para mantener los endémicos niveles de pobreza y miseria.
Cuando el DANE indica que el desequilibrio de la balanza de pagos superó los U$20.000 millones de dólares en 2021 y que se mantuvo en el 2022, tenemos que concluir que se trata de un desastre nacional. Más grave el desastre, porque de esa suma, más de U$8.000 millones ($33.0 billones) son importaciones de bienes agropecuarios, como maíz, trigo, algodón, leche, frijol, papa, etc., pues todos esos bienes se pueden producir en Colombia.
La solución requiere implementar políticas que garanticen desarrollar específicos sectores de la producción. Es precisamente lo que no hacen los gobiernos, y menos son inquietudes de candidatos.
Con base en el análisis de la problemática nacional, podrían estructurar proyectos de desarrollo, en todos los sectores de la actividad económica nacional, para producir riqueza nacional, sustituir importaciones, generar empleo y construir equidad socioeconómica integral.
Colombia esta entre las naciones más inequitativas del planeta. La realidad es que ninguno de los candidatos se ocupa de la problemática socioeconómica de la nación.
Reiterando lo dicho en otras oportunidades, consideremos el ejemplo de Vietnam. Quedó destruido en 1976. Hoy es modelo de desarrollo, industrialización, superación del atraso económico y la pobreza, similar a lo que logró Singapur y Corea del Sur. Y fue posible, porque han contado con gobernantes capaces y responsables, política y socialmente.
Colombia padece el cáncer de la corrupción, que ha penetrado todos los niveles de la administración pública, incluida la rama judicial.
La corrupción es el fruto de la politiquería, el clientelismo, el oportunismo incrustados en la institucionalidad y altas esferas del poder, con lo que se generó el colapso de la moral pública y social.
Por los planteamientos y consideraciones anteriores, resulta procedente formular algunas preguntas a todos y cada uno de los candidatos, para que reflexione el elector y cada uno de los candidatos, incluidos los candidatos a concejos y asambleas:
¿Son conscientes de la obligación ética, moral, social, política y legal, de gobernar con absoluta rectitud y responsabilidad social y política?
¿Son conscientes que el clientelismo y la politiquería son responsables de la ineficiencia de los estudios y diseños, ejecución y sobrecostos de obras?
¿Por qué ninguno se ocupa de la corrupción en contratación pública y se compromete a garantizar absoluta transparencia en los procesos contractuales y gasto público?
¿Qué saben de la conveniencia o inconveniencia de mantener el sistema de contratación de Concesiones Viales y APPs, contratadas con precios exorbitantes y que luego generan altos costos de peajes y encarecimiento del transporte público?
Hay consenso nacional que la contratación pública es la vena rota del fisco nacional.
¿Cómo promete suspender esa hemorragia?
Quien resulte elegido, debe asumir muchos desafíos relacionados con el desarrollo regional y local y la construcción de equidad socioeconómica y superación de la pobreza.
El mejor negocio político-social- económico, de todas las naciones, es acabar con la pobreza y la miseria. ¿Es consciente de esta verdad de apuño?
La única forma de calmar el hambre es comiendo. Los problemas de la comunidad se resuelven con inversión y producción diversificada de bienes y servicios.
Pero la inversión es el confite de los delincuentes de cuello blanco. En todas partes están. El gobernante elegido, no será la excepción de escapar al asedio, de propuestas y lisonjas de los bandidos. ¿Ha reflexionado sobre esto? ¿Cree que es capaz de no claudicar?
En Colombia es evidente lo aseverado por el pensador insigne: “En las mediocracias el mediocre flota con liviandad alcornocal” (J. Ingenieros).
El náufrago siempre es el pueblo.
