Todo comenzó en los años sesenta. A Montelíbano, Córdoba, llegó un extranjero con sed de riqueza que buscó en aquellas tierras del Alto San Jorge, habitadas desde hace cinco siglos por los indígenas del pueblo Zenú y más tarde por campesinos mestizos que vivían de sus cosechas de maíz, arroz, ñame, yuca y una variedad de siembras frutales. Pescaban en sus cristalinos ríos y cazaban algunos animales silvetres. De pronto, comenzaron a observar que el forastero, a quien apodaron ‘Mister Jama’, levantó un campamento en el cerro que quedaba del lado de la cuenca del río San Jorge, de donde empezó a sacar cada fin de semana bultos y bultos de tierra que bajaba en canoas por la quebrada Uré —que desemboca en el San Jorge— hasta sacar el material a buen puerto.
‘Mister Jama’ iba con la promesa de explotar oro, pero en vez de eso se encontró con uno de los yacimientos de níquel más importantes del mundo. Fue la primera vez que los indígenas escucharon esa palabra. En 1970 comenzaron a llegar los buldózer y las primeras volquetas junto a trabajadores foráneos que agrandaron el campamento y alquilaron casas en Montelíbano.
Lo primero que hicieron fue abrir camino, incluso los propios indígenas ayudaban a echar la tierra roja que bajaban del mismo cerro para asentar el suelo. Tierra envenenada. Un día ‘Mister Jama’ desapareció, pero a él lo remplazarían ingenieros de cascos amarillos y uniformes, la cosa iba en serio. Años más tarde los líderes indígenas sabrían que en 1979 el Gobierno de Julio César Turbay les dio una concesión a las compañías Conicol S.A y Billington Overseas Ltda., para la extracción de metales a cielo abierto en el Cerro Matoso.
Foto: Archivo Particular
El cacique mayor Israel Aguilar Solano, nació hace 57 años en estas tierras. Él puede dar fe de todo cuanto ha cambiado y ha sucedido por culpa de Cerro Matoso.
Partes del cerro empezaron a ser dinamitadas y su tierra extraída con retroexcavadoras. Las ondas explosivas se empezaron a escuchar a 15 kilómetros a la redonda. Pero lo que más aturdía era el ruido ensordecedor de la maquinaria pesada trabajando. Durante aquella época los habitantes comenzaron a sufrir problemas respiratorios, pero creían que eran propios de su naturaleza. Las volquetas y camiones levantaban el polvo que los indígenas se tragaban y que los dejaban rucios, blancos, “monos” como ellos mismos recuerdan.
Al tiempo, tal vez los empresarios se dieron cuenta que era mejor tratar de primera mano el material en su mina que mandar bultos de tierra para extraer el Níquel en otro lugar. Entonces construyeron el primer horno donde se originaron los verdaderos problemas. Las emanaciones de gases con partículas tóxicas para el ser humano cubrieron el aire de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré. De manera invisible se respiraba aire contaminado y las diminutas partículas también caían en las aguas de los ríos que consumían los locales. Pero debieron pasar muchos años para que los resultados fueran desastrosamente evidentes.
Lo primero en cambiar fue el paisaje de la zona. Las comunidades más cercanas debieron abandonar sus tierras porque ya no tenían agua. La quebrada Zaino Macho de un momento a otro fue cubierta por la basura de la planta. De hecho, a la hora de extraer el Níquel, el material deja sobras a las cuales llaman ‘escoria’. Los trabajadores de Cerro Matoso empezaron a tirar su escoria en el costado sur de la planta, justo por donde pasaba la quebrada. Un día la montaña de escoria colapsó y tapó un kilómetro de aquel cauce. La comunidad más afectada fue la de Pueblo Flecha, que jamás pudo volver a beber aquellas aguas que en otrora eran diáfanas como el viento. Lo mismo sucedió con la quebrada Aguas Claras, donde la compañía empezó a verter las aguas hirvientes con las que limpiaban el material extraído.
Por ejemplo, los habitantes de Pueblo Flecha, Puente de Uré, Boca de Uré y de otros sectores tuvieron que empezar a cavar pozos para extraer agua apta para el consumo humano y para su aseo personal. A mediados de los noventa les quedó prohibido bañarse en las aguas de sus ríos porque de manera inmediata presentaban reacciones alérgicas en la piel.
Los habitantes de Pueblo Flechas, Puente de Uré y Boca de Uré han sido los más afectados por la contaminación ambiental
En el año 1997 se realizó el primer estudio de impacto de salubridad, pero curiosamente no se hizo con los habitantes de Montelíbano sino con los propios trabajadores de Cerro Matoso. La compañía de Riesgos Profesionales Colmena practicó exámenes médicos a 258 empleados buscando identificar qué enfermedades podía haber ocasionado el Níquel después de tener contacto tanto tiempo. Los resultados fueron desahuciadores: hallaron 142 casos de enfermedades nasales, 59 pulmonares y 58 personas con problemas dermatológicos. Al contrario de lo que se pensaba, el Gobierno de Ernesto Samper no tomó cartas en el asunto, sino que amplió el área de concesión para extracción minera, pasando de 545 hectáreas a más de 52 mil localizadas en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador y Planeta Rica en Córdoba, más los municipios de Tarazá y Cáceres en Antioquia.
Pasarían los días, meses y años y la voz del Cacique Isarel Aguilar parecía hacer eco únicamente en la montaña desmoronada por los años. Por su trabajo, el cacique zenú ha sido tildado de guerrillero, de paramilitar, de amigo de las multinacionales y de indio aventajado que quiere llenarse de dinero a costa de Cerro Matoso. Sin embargo, lo único que Israel Aguilar tiene claro que es que no va a correr la misma suerte de tres de sus compañeros asesinados en medio de esta lucha por que la minera reconozca su responsabilidad. “A mí me eligió un pueblo y me tendrá que sacar el mismo pueblo”.
Desde hace más de 20 años vive amenazado. Pero cuando recuerda los 14 abortos que vio en su comunidad en 2011 su convicción de estar haciendo lo correcto se reafirma aún más. En una posición conciliadora le ha pedido a Cerro Matoso que se siente con los extrabajadores, asesores legales e indígenas para buscar procedimientos de explotación minera limpia, de tal suerte que la empresa se comprometa a no seguir causando estragos.
La multinacional siempre ha negado los impactos ambientales y físicos que ha causado la explotación de Níquel en Córdoba. Sin embargo, en el año 2012 se encontraron diez casos de cáncer. Por ejemplo, Hildebrando Turizo, quien trabajó durante 25 años en el departamento de calcificación de Cerro Matoso S.A., en 2014 lo mató un cáncer de nasofaringe. Hace dos meses a Jorge Luis Cogollo, quien trabajó más de 20 años en la mina, también lo mató un cáncer de las mismas características. Ese mismo año el laboratorio clínico ABO de Montería, detectó daños de gravedad en el ADN de 13 exempleados de la compañía. Otro estudio arrojó que la escoria que vierten en la quebrada Zaino Macho tiene un porcentaje de más de 50% de silicio, resultado que concuerda con las mediciones internas que tiene la compañía en su poder y a las cuales tuvo acceso la firma de abogados. Como si fuera poco el material tóxico se ha empezado a filtrar en el subsuelo, contaminando los únicos afluentes de agua de la que se proveen los locales, es decir los pozos subterráneos.
Desde hace más de seis años las comunidades de la región encabezadas por Israel Aguilar buscaron al abogado Abelardo De La Espriella para que los representara en una titánica pelea contra Cerro Matoso. No iba a ser fácil, y la multinacional decidió poner otro abogado de peso para que defendiera sus intereses: Carlos Gustavo Arrieta.
En 2017 la Corte Constitucional a través de una sentencia emitida por la Sala Séptima de Revisión, reconoció los derechos fundamentales a la consulta previa de los que son titulares las 8 comunidades afectadas por Cerro Matoso. En 2018 el Alto Tribunal ratificó la decisión, aunque la batalla entre continuó, pues las comunidades aún buscan que se les repare en su totalidad.
Ahora las dos partes lograron llegar a un acuerdo parcial que incluye un pago por $160.000 millones como una compensación por las afectaciones después de que la Corte asegurara que Cerro Matoso debía adelantar una consulta previa con las comunidades para poder trabajar en la región.
Esto no significa que Israel Aguilar detenga su lucha, pues los muertos y los enfermos no equivalen al histórico pago que hará la minera. Esta es la primera batalla que logró el cacique Zenú después de 20 años luchando, pero el camino aún es largo y Cerro Matoso aún deberá enfrentar una demanda administrativa para que se les reconozca en su totalidad las afectaciones a más de 3.000 familias indígenas de Córdoba condenados a morir silenciosamente por el níquel que se les metió en las venas.
*Con información del artículo El horno mortal de Cerro Matoso.
