La seguridad es el caballo de las mil batallas, el bien público superior en aguda disputa detrás de dividendos políticos. Es activo de alto valor, en crecimiento constante, fundamental para el desarrollo humano y esencial en la convivencia y tranquilidad cotidiana; permite al ciudadano ejercer libremente sus derechos, cumplir sus obligaciones y deberes, y es punta de lanza de la inversión, la economía, el empleo, el turismo. Es el más preciado botín de guerra en la repartición de beneficios tanto en lo público como en lo privado.
El mercado de la seguridad ha adquirido tal dimensión, que en un año, un país europeo, mueve hasta 5 mil millones de euros; y en lo público, los significativos créditos que produce, positivos y negativos impacta directamente a gobiernos, autoridades, y ciudadanos. A su vez, ocupa un lugar privilegiado en el gasto de las finanzas públicas, que para el caso de Colombia representa el 3,15% del PIB.
Colombia está a la vanguardia en el negocio de la seguridad privada, que le aporta 2 puntos al PIB con 10.610 empresas en el mercado, 363.744 vigilantes y cerca de 100 mil armas en estas labores; capital que debiera aprovecharse mejor en la seguridad pública. El estado cuenta con 450.000 soldados y policías, además de 30.000 funcionarios que conforman los servicios de inteligencia y organismos de seguridad nacional entre ellos la UNP, la DNI, la UIAF, Migración etc. Están igualmente 280.000 miembros de la reserva activa, que se suman a este vertiginoso incremento de la fuerza pública y privada de la seguridad en las últimas tres décadas de la nación.
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La fortaleza en términos de seguridad ha adquirido especial relevancia, pues para los movimientos políticos representa un potencial electoral de más de 5 millones de votos a cautivar
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Esta fortaleza en términos de seguridad, ha adquirido especial relevancia en Colombia, pues para los movimientos políticos representa un potencial electoral estimado en más de 5 millones de votos a cautivar, incluyendo a las familias; y esto es solo una cara de la moneda, porque la otra, la compone el mayor y más sensible segmento poblacional, el ciudadano común, el comerciante, el empresario, el inversionista, las comunidades en riesgo, los líderes sociales, el campesino; los más importantes destinatarios de la seguridad, expuestos y vulnerables al delito; sujeto y objeto de miedo, indignación y promesas incumplidas. Anhelando siempre el buen trato, la atención oportuna y una solución efectiva, cuando se acude a la policía.
En el orden internacional crece el concepto de seguridad multidimensional. Engranaje, que conecta los intereses y las necesidades de la seguridad del Estado con las del ciudadano, y que comprende tres dimensiones: la seguridad del estado, que compromete la soberanía, integridad y estabilidad de la nación, es distante al ciudadano común, del resorte presidencial, prioridad estratégica en lo militar, en la Inteligencia Nacional y en la Cancillería y se mueve entre la diplomacia y la defensa nacional.
La seguridad nacional, que actúa frente a las amenazas del crimen organizado, busca contrarrestar los cultivos ilícitos, el clan del golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y la denominada narcotalia; preocupa a una franja intermedia de la población, a los ciudadanos informados, está estrechamente vinculada al conflicto armado, marca la senda de la polarización política y social de la nación, sus resultados alivian zonas tradicionalmente golpeadas por la violencia, ocupa la atención de las agendas políticas y hace parte del botín en disputa por victorias tempranas, de impacto mediático y que inciden en el prestigio y credibilidad de las instituciones.
La seguridad ciudadana, que pedalea sobre una bicicleta estática, pese a los esfuerzos inmesurables de la Policía Nacional. Preocupa al 80 % de los ciudadanos y está destinada a garantizar la convivencia y tranquilidad cotidiana, en todos los rincones de la patria. Llega a la puerta de la casa, al parque, a la tienda, a la vía, al puente, a la carretera, al campo, a los parques naturales; escasea en recursos, con muy pocos dolientes y sobrecargada de oportunistas.
Esta es la seguridad del ciudadano de carne y hueso, sin importar su condición social o económica, nacional o extranjero, que se transforma en inseguridad a causa de los 2.363 delitos diarios en promedio denunciados, discriminados en 80 agresiones sexuales, 33 homicidios, 877 hurtos, 39 robos de bicicletas, 22 hurtos de vehículos, 61 robos de motos, 172 hurtos de celulares y 17 asaltos diarios a residencias. Víctimas que en muchos casos se revictimizan por la ausencia de una política criminal efectiva, donde 5.226 capturados salen en libertad diariamente por vencimiento de términos y otros reinciden hasta 80 veces en la comisión de delitos.
¿Hacia dónde van los dividendos de la seguridad? ¿Cuáles son los actores políticos, económicos y sociales que se disputan este botín?, ¿interesa al ciudadano común que no le roben su celular?, ¿que no le asalten su residencia?, ¿que capturen a alias Otoniel el cabecilla del clan del golfo?, ¿que acaben con los cultivos ilícitos?, ¿o que neutralicen un ataque cibernético?, ¿están expresamente definidos los roles y misiones entre las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en términos de seguridad del estado, seguridad nacional y seguridad ciudadana?, ¿está claramente determinado el marco y alcance de alcaldes y gobernadores y su responsabilidad y relacionamiento en materia de seguridad y orden público con los ministerios de Defensa y Seguridad Interior?, ¿hay transparencia en los recursos de los fondos de seguridad?, ¿estamos aún pedaleando en la bicicleta estática?
Los dividendos de la seguridad no pueden ser el botín de guerra del oportunismo político, que simulando escenas cantinflescas de piratas, se tapan un ojo, pretendiendo deslegitimar a la policía, al ESMAD, y con inusitado afán para reclamar justicia a favor de incitadores de la violencia, que cambian de vestuario para posar de falsas víctimas.
