Hace más de treinta años la universidad pública inició un proceso soterrado de privatización, donde se le exige cada vez más la autofinanciación, mientras se reduce su capacidad de cobertura, y los docentes son obligados a llenar formatos que nadie lee, pero que desgastan hasta la saciedad las horas que deberían invertirse en escritura, creación, investigación, pedagogía, gestión o extensión.
Las universidades públicas, en un afán por indicadores de calidad, autoevaluación y acreditación, excluyen de toda lógica y de todo discurso el deber fundamental de su filosofía: formar hombres y mujeres íntegros, críticos, reflexivos y humanos. Cada vez, semestre por semestre, observamos cómo egresan sujetos competitivos frente al mercado, pero nada empáticos frente a las problemáticas sociales, los fenómenos culturales o las necesidades medioambientales del planeta. Hombres y mujeres revestidos de tecnología, emparentados con el mercado, las cifras, el consumo y el posicionamiento social. Y la academia de espaldas a esa lógica de la posmodernidad. Rectores y administrativos felices entregando diplomas por montones como si su objetivo fuera una fábrica de tecnócratas, y su fin último, una lógica urgente de fomentar relaciones de poder frente a los otros; hombres y mujeres robotizados por el sistema, pero totalmente desconectados de la naturaleza y las problemáticas globales.
Desde la educación se bloquea el corazón y la capacidad sensible de establecer conexiones con los demás. Ya el filósofo francés Lipovetsky nos había hablado de eso: el hiperindividualismo como regla de conducta y mecánica de defensa. Entonces cada quien va por su vía apilando su afrecho, llenando de baratijas sus despensas, resolviendo sus necesidades básicas de figuración social.
Ese es el bloqueo que se da desde adentro, desde las mismas instituciones, desde los mismos docentes. Para acabar de desdibujar el panorama, hay otro bloqueo que se da desde afuera, desde los gobiernos, y es el que tiene que ver con la cobertura y el ingreso de bachilleres a la educación superior. Cada año se gradúan más de 150.000 estudiantes (hombres y mujeres). De esos 150.000 solamente el 40% logra ingresar a la educación superior (técnica, tecnológica o universitaria), es decir, de cada 100 jóvenes, menos de la mitad acceden a la Educación Superior. Un panorama bastante triste y desobligante. De ese porcentaje, solo el 10% pertenece al estrato uno. Y un dato mucho más llamativo y alarmante: solo el 22% de los colombianos tiene un título universitario. ¿El 78% de los colombianos no tiene formación superior, no logró un diploma universitario? Con estas cifras, es imposible hablar de inclusión, progreso académico y humano, sensibilidad social. No es factible dejar de ser tercermundistas mientras nuestros jóvenes no tengan la posibilidad de acceder a un título universitario ni se puedan preparar con argumentos filosóficos a las preguntas cotidianas que les arrojan la realidad o el mundo. De seguir con esta lamentable situación (solo 20 de cada 100 bachilleres en Colombia accede a la educación superior) es muy complicado que Colombia logre erradicar la pobreza, el desempleo, la desigualdad, la exclusión social, la discriminación y la brecha mayúscula entre unos y otros.
Ahora, ¿qué porcentaje de la población colombiana logra ingresar a un posgrado?, ¿cuántos magísteres hay en Colombia?, ¿cuántos con título de doctorado? Según cifras se habla de la irrisoria suma de 18 doctores (en todos los campos) por cada millón de habitantes. Una cifra que no solo impresiona sino que decepciona y entristece. Ahora, las preguntas serían las siguientes: ¿las universidades públicas y privadas están estimulando el sistema de becas para que más bachilleres y profesionales logren ingresar a pregrados y posgrados?, ¿qué mecanismos ha puesto en marcha el gobierno nacional para resolver estas necesidades urgentes de su población?, ¿siguen configurándose las maestrías y los doctorados como mecanismos de lucro de las universidades?, ¿qué hace el gobierno nacional para aumentar la cobertura y la creación de universidades en ciudades pequeñas?, ¿el presupuesto de la educación se ha fortalecido o ha decrecido?
Es importante recordar que un derecho fundamental de nuestra constitución es justamente el derecho a la educación. Recordemos:
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente (…).
