El Banco de la República mantiene unas altas tasas de interés que evidentemente no se compadece con los grandes esfuerzos que ha hecho el gobierno para reducir la inflación.
Mientras la inflación de marzo del 2023 a septiembre de 2024 ha logrado reducirse en 7,53 puntos las tasas de interés, de mayo de 2023 a septiembre de 2024, solamente se han reducido en 3 puntos, una significativa diferencia que obviamente atenta contra las políticas de reactivación económica que el gobierno viene implementando.
Con estas altísimas tasas de interés se constriñe significativamente el consumo de hogares, el acceso al crédito y no se facilita de manera importante la inversión. Es una apuesta de parte del Banco de la República a que el gobierno fracase en su política de reactivación económica.
Los sectores gremiales como la Andi, Fenalco, Acopio, Sac y el Consejo Gremial Nacional, vienen manteniendo un profundo silencio cómplice frente a esas confiscatorias tasas, situaciones que en otrora, en los gobiernos proempresariales que ellos apoyaron, eran los primeros en reclamarle al Banco de la República la conveniencia para bien de la economía y sus negocios-socio, de bajarlas.
Han tomado la decisión en contubernio con el Banco de apostarle al fracaso del gobierno en materia económica, así temporalmente sus negocios-socio se vean afectados. Dirán ellos, nos desquitaremos a partir del 2026, como lo expresaron en la asamblea de Fenalco en Barranquilla la semana pasada, que fue realmente la asamblea de los líderes y partidos políticos de la oposición, quienes se comprometieron a recuperar el gobierno para sus propósitos neoliberales y de extrema derecha.
Éstas decisiones del banco se acompañan de la oposición cerrera del gran empresariado, el gran capital financiero, los partidos políticos oligárquicos, el uribismo, las altas cortes, los grandes medios de comunicación del gran empresariado, incluso de sectores militares y de la policía, que hacen todo lo que esté a su alcance para no dejar gobernar.
Todos a una, se oponen a las reformas sociales del gobierno del cambio de Gustavo Petro y aplauden los regresivos fallos de la Corte Constitucional contra las medidas progresistas
Todos a una, se oponen a las reformas sociales del gobierno del cambio de Gustavo Petro, aplauden los regresivos fallos de la Corte Constitucional contra las medidas progresistas, como el pago de regalías y la contratación con las comunidades, entre muchas, se unen a los gacetilleros en la inmensa campaña de desinformación y engaños contra las positivas medidas por la paz, la justicia social y ambiental que este gobierno desarrolla derivadas del legal y legítimo Plan Nacional de Desarrollo.
Y por si fuera poco se prepara desde el inicio del gobierno un plan para darle un golpe de estado, tal cual se infiere de la irregular e ilegal ponencia preparada por el magistrado Álvaro Hernán Prada, vinculado al delito por la compra de testigos, imputación que comparte con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Algo que desde ya vicia el proceso. Aunque lo saben, continúan en su perverso propósito. Pero además se conoce de un complot para asesinarlo como lo mencionó el embajador gringo.
Todo para hacer fracasar al gobierno intentando imponer la narrativa de que ese golpe o la necesidad de recuperar el gobierno para todos ellos, es lo que le sirve al país.
Digamos, les sirve a ellos.
El pueblo ha demostrado en grandes manifestaciones, como el 1° de mayo y el 19 de septiembre, para mencionar solo algunas, que Petro y su gobierno no están solos y que saldrá de nuevo a la calle cuantas veces sea necesario, para que no se salgan con la suya y por el contrario llamará a que en el 2026 se pueda mantener un presidente/a con un Congreso de mayorías progresistas, que consolide el cambio que tanto anhela el pueblo colombiano para seguir honrando la memoria del estallido social y sus desafortunadas víctimas del represivo gobierno uribista de Iván Duque.
S: Avanza en aprobación en segundo debate la reforma laboral que recupera derechos, en especial los conculcados por el gobierno de Uribe I, con su regresiva y proempresarial ley 789 de 2002, que llenó hasta hoy, sus arcas en más de $90 billones. Le espera a la laboral el difícil paso por la sepulturera de las reformas sociales, la comisión VII del Senado que hoy preside la conservadora Nadia Blel.
X: fabioariascut
