El incremento en el numero de casos de COVID-19 ha llevado gobiernos alrededor del mundo a tomar medidas sin precedentes. Además de las reglas sanitarias dirigidas a reducir el número de contagios alrededor del mundo, se han empezado a ver acciones destinadas a limitar el impacto económico de la pandemia. Países como Francia y Canadá han anunciado paquetes fiscales que buscan mitigar el impacto económico del COVID-19. Por su parte, las autoridades monetarias de varios países han respondido incrementando el acceso a liquidez del sistema financiero. En Colombia se han visto algunos anuncios similares por parte del gobierno y el Banco de la Republica.
Lamentablemente en situaciones de estrés económico, los países en vías de desarrollo suelen enfrentar un agravante que limita la capacidad de respuesta de los gobiernos. En estos periodos, los inversionistas buscan refugio en títulos de bajo riesgo, lo que aumenta el costo y reduce la capacidad de endeudamiento de países como Colombia (contrario a lo que ocurre en países desarrollados que suelen verse como refugios para inversionistas).
¿Qué se puede hacer?
A diferencia del gobierno central, el Banco de la República tiene una capacidad de asistencia teóricamente ilimitada, en la medida que cuenta con el monopolio de la emisión de dinero. Sin embargo, este instrumento debe ser manejado con sumo cuidado, manteniendo la independencia y credibilidad del banco central. De lo contrario, se cae en el riesgo de hiperinflaciones similares a las se han visto en países como Argentina y Venezuela.
Durante la crisis de 2008, se vio como varios bancos centrales alrededor del mundo adoptaron medidas no convencionales dirigidas a aumentar la actividad económica. Uno de los retos importantes fue y sigue siendo cómo lograr que la liquidez que entra al sistema financiero no se quede en las tesorerías de los bancos, permitiendo que llegue a manos de quien más lo necesita.
La propuesta a grandes rasgos
El objetivo es claro: asegurar las fuentes de ingresos existentes en los hogares de forma tal que puedan cumplir con los gastos del día a día. El instrumento: créditos dirigidos a empleadores con muy bajo costo (alrededor del 1% efectivo anual) y prolongados periodos de gracias (1 año o más). La política tendría por beneficiario a empleadores que no generen despidos y que cumplan con las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Estos créditos se canalizarían por medio del sistema financiero y serían respaldados por el Banco de la República.
¿Por dónde empezar?
Las empresas que son parte de la Encuesta Anual Manufacturera constituyen un grupo importante de empleadores de los cuales el gobierno cuenta con buena información.
¿Que ganan los bancos?
Los bancos comerciales, como retribución por el uso de sus capacidades logísticas para entregar los créditos, recibirían la mayor parte del ingreso generado por los intereses. Los intereses, a pesar de ser bajos, tendrían un riesgo nulo gracias al respaldo del Banco de la República.
¿Que ganan las empresas?
Mantenerse a flote con reducido impacto a sus costos y capacidad productiva durante un periodo de dificultad económica, que a todas luces parece ser transitorio.
¿Y la inflación?
Aunque es imposible predecir el futuro, el efecto inflacionario consecuencia de esta política debería verse atenuado por dos motivos: primero, el objetivo de la política es limitar aumentos en el desempleo, manteniendo los niveles de consumo, sin generar excesos de demanda. Segundo, la subutilización de la capacidad productiva, consecuencia de la caída en la actividad económica, limita las presiones inflacionarias.
