Antes de dejar el Ministerio de Cultura en enero de 2021, la vallecaucana Carmen Vásquez concentró esfuerzos en dejar andando un convenio interadministrativo con la Gobernación de Bolívar para la construcción del Parque del Jazz en Mompox, la dotación del museo de arte para víctimas del conflicto armado en el corregimiento de Mampuján –municipio de María La Baja– y la rehabilitación de la malla vial en Mompox. Para asegurar las obras, Vásquez alistó $66.000 millones. Sin embargo, no fue el Ministerio en cabeza suya la responsable de las obras de cultura que le correspondía hacer, sino que escogió al gobernador Vicente Blel Scaff para que fuera él quien contratara las obras dándole la oportunidad de escoger discrecionalmente a los ejecutores. Un verdadero baloto para un político curtido como Blel, el heredero del clan político de su papá, Vicente Blel Saad, condenado por parapolítica y su hermana Nadia, quien es senadora por el partido conservador.
Vásquez dejó todo organizado pero fue a su sucesora la también vallecaucana Angélica Mayolo Obregón, nombrada el 21 de mayo por el presidente Duque, a quien le tocó formalizar el convenio.
El convenio interadministrativo entre las dos entidades se firmó, según el registro del SECOP, el 2 de julio de este año, con el objeto de “Aunar esfuerzos para la construcción, adecuación, mantenimiento, rehabilitación, dotación e intervención de infraestructura y bienes de interés cultural nacional en el departamento de Bolívar”, es decir, más que una inversión en la cultura lo que el ministerio hizo fue enviarle recursos al gobernador Blel para obras de infraestructura. Y se hizo de forma directa, sin licitación alguna.
Inmediatamente Vicente Blel recibió los recursos, comenzó a socializar la construcción del parque en Mompox. Instaló mesas de diálogo y explicó que el parque tendría 30 mil metros cuadrados, un malecón a orillas del Brazo de Mompox, que hace parte del río Magdalena, canchas de fútbol, voleibol, basquetbol, piscinas, un restaurante y mirador. Además, prometió 200 empleos y un nuevo impulso para la economía local. Además, abrió la licitación para la construcción del parque por $30.621 millones, es decir, casi la mitad del dinero recibido por el Ministerio de Cultura.
La gobernación de Blel –que desde el día uno de su administración ha estado bajo la lupa por la forma en que pueda utilizar los dineros públicos y la contratación desde que en campaña se filtró un audio de su papá, el parapolítico Vicente Blel señalaba cómo repartir unos porcentajes de contratos entregados durante la administración anterior– abrió la licitación del Parque del Jazz entre el 19 de agosto y el 1 de septiembre.
Vicente Blel le adjudicó la construcción del parque al Consorcio Parques Culturales de Bolívar, conformado por las firmas barranquilleras AE Ingenieros Civiles y JMD Ingeniería de Proyectos SAS. El 13 de octubre firmaron el contrato, cuando en el Congreso ya se discutía con ferocidad la suspensión de la ley de garantías para poder adelantar convenios interadministrativos, como el que firmó el Ministerio de Cultura y la Gobernación de Bolívar, durante las elecciones de 2022 y la campaña que comienza desde 2021.
La empresa AE Ingenieros es una vieja conocida, no solo en Bolívar sino en toda la costa Caribe, y principalmente de los Char. De hecho, la firma, del contratista Antonio Escorcia Navarro, miembro de la junta directiva de Camacol Atlántico, está entre las cinco que más han recibido contratos durante la administración de los Char en Barranquilla.
AE Ingenieros, además, se encuentra en la lupa de la Contraloría por dos contratos: el primero de 2014 para la construcción de acueducto de San Juan Nepomuceno, en Bolívar, que hoy día sigue sin estar en funcionamiento y, según el informe fiscal, ocasionó un detrimento patrimonial de $3.364 millones. El otro contrato es por un contrato por $3.962 millones para la adecuación del estadio de béisbol y softbol en Santa Marta para los juegos Bolivarianos de 2017, cuando el gobernador era Luis Miguel ‘El Mello’ Cotes y el alcalde de la ciudad era Rafael Martínez.
El otro contratista, JMD Ingeniería de Proyectos SAS –fundada por José Orozco Cervantes y Mario Segura Rodríguez– también es conocido de Vicente Blel. A través de la Unión Temporal Puentes Bolívar, se ganó un contrato por un poco más de $16.000 millones para la construcción de ocho puentes. El contrato fue entregado por Blel cuando apenas llevaba una semana de posesionado.
A pesar de los problemas de AE Ingenieros, estos no fueron problema para que Vicente Blel, que prometió entregar la obra al final de su mandato que va hasta el 31 de diciembre de 2023, le adjudicara el mega contrato al consorcio del que es socio la firma. Pero al contrato ya se le tiene la lupa puesta, al igual que al convenio interadministrativo, pues los dos tienen vigencia en plena campaña electoral. Desde septiembre en el Congreso las comisiones económicas habían aprobado una proposición del Gobierno Duque para suspender la ley de garantías, en especial un artículo para poder adelantar los convenios interadministrativos durante las elecciones. Es decir, el flujo de dineros públicos a las regiones cuando el Congreso está en campaña ha generado gran preocupación.
Los convenios interadministrativos han sido vistos por los gobernantes como una forma para saltarse la Ley 80 que regula la contratación pública, pues buscan agilizar el flujo de recursos para gastos operativos, principalmente. Pero queda claro que en este caso el dinero se está moviendo hacia los departamentos con otro fin, y no es ni la cultura ni la operación del Estado.
Carmen Vásquez dejó el ministerio e inmediatamente alistó maletas rumbo a Montevideo como nueva embajadora en Uruguay, un premio que le dio el presidente Duque después de haber dejado amarrado un presupuesto de $66.000 millones y la promesa de una nueva vida para el Festival de Jazz de Mompox, pero con todos los problemas que carga encima el proyecto muy seguramente todo quedará a medio camino, como está ocurriendo con la Casa de la Cultura de Buenaventura con una inversión por $3.700 millones, que también la ministra Carmen Vásquez la malcontrató y le entregó su construcción a la Constructora Inmobiliaria de Cundinamarca. Ya van sobrecostos por $1.400 millones, se ha debido inaugurar este 10 de diciembre y las obras están completamente crudas. Así despilfarran los recursos públicos funcionarios que terminan premiados, como ocurrió con esta ministra.
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