El avión Bombardier Learjet-60, modelo 2007, de propiedad de la Fiscalía General de la Nación sigue atravesando las nubes turbulentas de las críticas y los cuestionamientos.
Facturas en mano, el influyente tuitero Juan Poe reveló que los costos de mantenimiento de la aeronave superaron durante 2022 los $ 3.097 millones, de acuerdo con el registro de saldos pendientes de la entidad.
El contrato para mantener la nave al día fue exactamente por $3.546.908.589 y fue firmado el 27 de enero del año pasado firmado con Industrial Aeronáutica SAS, empresa de cuya junta directiva hace parte Henry Cubides Olarte, quien aparece en fotografías de campaña como activista de la gesta proselitista que llevó a la presidencia de la República a Iván Duque.
La relación de los nombres de Cubides y Duque conduce a otra inevitable asociación. Cómo el fiscal Francisco Barbosa fue consejero presidencial de Duque, entonces pudo haber privilegiado a la empresa de Cubides a la hora contratar los servicios de mantenimiento de la nave.
En un país de suspicacias y prejuicios nadie olvida los trances que ha tenido que sortear el hoy fiscal Barbosa por cuenta de sus viajes, desde la época en que como consejero presidencial para los Derechos Humanos solía ir con su familia a destinos paradisíacos como Caño Cristales, en el Meta.
Ya como fiscal, enfrentó una tempestad cuando se supo que había viajado a San Andrés en compañía de su esposa y de su hija, en pleno ciclo de aislamiento por la pandemia del Covid-19. En compañía del entonces contralor Carlos Felipe Córdoba ofrecieron allí una rueda de prensa sobre lucha contra la corrupción. Lo que revelaron entonces no fue suficiente para atenuar la polémica.
El mantenimiento de la nave, un jet tipo ejecutivo, no parece haber sido una tarea perfecta. El 30 junio del año pasado, mientras volaba a más de 10.000 pies, se despresurizó, la cabina se llenó de humo y durante unos momentos eternos sus ocupantes -entre ellos Barbosa- tuvieron dificultad para respirar.
El destino ese día era Medellín, pero la base aérea de Palanquero, en el Magdalena Medio, debió ser usada para un aterrizaje de emergencia. La nave se fue de inmediato a reparación.
En ausencia del fiscal, fuentes de la Secretaría General explicaron que los costos de mantenimiento del avión son normales y no exceden en absoluto los del mercado.
Durante 2021 fue usado en 27 misiones oficiales del jefe del ente acusador y prestó de apoyo al traslado de personas detenidas que representaban especial peligrosidad y que no habrían podido ser transportadas en vuelos comerciales.
También han sido transportados en la nave expedientes, armamentos y equipos del Cuerpo Técnico de Investigación e incluso testigos que requieren protección especial.
Las mismas fuentes recordaron que la idea de dotar a la Fiscalía de un avión propio no fue del actual fiscal. En tiempos de la administración de Eduardo Montealegre Lynett fue adquirido un avión Super King 200. Ese equipo se accidentó sin consecuencias fatales, pero quedó inservible.
Según la propia Fiscalía, el dinero recuperado con la póliza del seguro, que cubrió en un 75 por ciento, fue usado para la compra del Bombardier Learjet-60, modelo 2007, que hoy sigue siendo objeto de críticas.