La política colombiana y los actos de gobierno que la desarrollan no se han caracterizado precisamente por su coherencia ni por resistir el análisis de la más simple lógica, el asunto de los motociclistas es una nueva prueba de ello.
Ya desde hace tiempo, los políticos mostraban signos de derrota frente al crimen y se decantaban por acciones que, aún contra la lógica y contra la dignidad de las mayorías, eran defendidas como “necesarias”. Más apropiado sería justificarlas como acciones posibles, ya que las acciones necesarias, o bien no son posibles, o bien no son políticamente rentables y sabemos que, en últimas, es más importante mantener el poder que hacer con el poder algo útil para la mayoría.
Medidas como la prohibición de circulación de parrilleros o las placas en los cascos y los chalecos supuestamente pretendían zanjar el problema del sicariato y pasamos entonces de pensar que el problema era el nivel de permeabilidad lograda por el narcotráfico y su atractivo como oportunidad de subsistir en una sociedad altamente excluyente a pensar que el problema era andar en moto. Antanas nos hizo creer que el problema no era la belicosidad de los bogotanos, esa permanente disposición a la violencia y a la viveza, indispensables para sobrevivir en una sociedad tan precaria en oportunidades, sino salir en las noches y decidió mandarnos a todos a guardar a las 3 de la mañana.
Bajo esa perspectiva tradicional de gobierno, lo conducente no es atacar las causas evidentes de un problema social sino atacar el ámbito social en el que se presentan o cualquier cosa que tenga algo que ver y que se pueda atacar. Seguro, si no podemos salir de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. todos los crímenes se reducirían, si dejamos de fabricar cuchillos eliminaríamos los atracos con cuchillo; esta semana mataron miserablemente a cuatro taxistas, entonces deberíamos prohibir los taxis o, al menos, prohibirles salir en la noche luego es cuando más “estimulan” los crímenes de los que son víctimas.
Las motos son una evidencia del fracaso del sistema de transporte y la delincuencia tiene su más determinante origen en un abyecto régimen socioeconómico culpable de que el 1% de la población se quede con el 80% de la riqueza (1), que priva de educación, de trabajo decente y de posibilidades de vida digna a la mayoría. Ambos son logros directos de quienes han monopolizado el gobierno, por lo que frente a estos orígenes ninguno de tales gobernantes ni de aquellos en camino, está dispuesto a hacer algo. No veremos que un Peñalosa, escogido por un escaso 16% de los votos posibles* (que presupongo es el de la gente más acomodada y claramente ese 1% que se lleva toda la riqueza y que en este caso no son la mayoría, si acaso la minoría más grande luego en realidad la mayoría fue la abstención) pueda/quiera hacer algo para atacar esa aberrante distribución de la riqueza. No tendría porque si al contrario fue elegido por los más ricos para mantener esa contundente brecha y, si es posible, aumentarla, como lo muestran sus negocios con TransMilenio y con el metro, los que, además de torpedear las posibilidades de movilizarse eficientemente por la ciudad, son grandes formas de traspasar riqueza pública a bolsillos privados, haciendo más grande la desigualdad y ahondando en la pauperización de la mayoría, esa mayoría de la que salen los delincuentes comunes, esa mayoría pobre.
Claramente no todos los pobres somos atracadores, pero sí creo que todos los atracadores son pobres, no me imagino a los niños bien de Chapinero alto saliendo a atracar en moto. También somos los pobres los que nos vemos forzados a sufrir un precario e invariable sistema de trasporte y quienes intentamos, abusando de nuestras posibilidades, obtener una moto para recuperar un poco de dignidad al movilizarnos. No obstante, eso no es relevante toda vez está claro para quienes es el gobierno de Peñalosa, nada más ilustrativo que su eslogan, “Recuperemos Bogotá”. Efectivamente recuperaron Bogotá, para los ricos y sus sobrerentables negocios. Se quedan por fuera de esa Bogotá recuperada los pobres orillados al delito que ya ni siquiera caben en cárceles, los pobres que se ven forzados a andar en ese adefesio que llaman TransMilenio y ahora, también los pobres que andamos en moto, todos esos pobres a los que el ESMAD siempre está dispuesto a golpear con saña porque pareciera que ser pobre es requisito para ser atendido por estos oscuros escuadrones (¿cuándo los hemos visto repartiendo golpes a los ilustres de chapinero alto?). En resumen, los Peñalosas de Colombia primero defienden y perpetúan un régimen socioeconómico creado para la desigualdad, para que los menos se queden con lo más, luego, abusando de ese régimen, crean un sistema de trasporte tan inútil como abyecto y, finalmente, nos dicen que las motos son el problema.
Es tanta la esquizofrenia esta de sustituir las causas de una problemática por cualquier otro asunto susceptible de ser afectado por el Peñalosa de turno, que incluso en la misma justificación dada en la coyuntura actual de las motos reconocían que las causas de los atracos eran otras, entre ellas un sistema judicial tanto o más inoperante que el sistema de trasporte o el régimen de distribución de la riqueza, y aun aceptando esto lo instalan de manera espuria como un argumento más para sustentar que las motos son el problema detrás de los atracos, soslayando descaradamente sus propias declaraciones y las más evidentes causas sociales y económicas del atraco. El capricho, solo para mostrarme que no es una forma aislada de manejar los asuntos públicos, me trae a la mente aquella ocasión en que Uribe intentó (con éxito) convencernos de que la falta de trabajo se daba porque los empleados siempre queríamos cobrar por nuestro trabajo a costa de las ganancias de los empresarios y que la solución era obvia, cobrar menos por el mismo trabajo realizado. Conclusión los empresarios se quedaron con la plata de los recargos nocturnos en todo trabajo y con la de las de las vacaciones, cesantías y demás derechos laborales en las famosas ordenes de prestación de servicios y todo empeoró para la mayoría (aunque mejoró mucho para ellos).
La más obvia de las conclusiones, tal vez no la más importante, es que somos doblemente esclavos del crimen común que fomenta nuestra sociedad, lo sufrimos como crimen y ahora como justificación de las acciones incompetentes de gobernantes que se excusan en lo que ellos mismos generan. Así, la supuesta lucha contra el crimen no trata de acabar sus causas objetivas, sino de mitigarlo modificando aquello que resulta fácil o conveniente de afectar. Si la gente se ve forzada a robar no se hace nada para mejorar su acceso a posibilidades de vida digna sino se encierran de por vida y si esto no funciona habrá que prohibir la producción y venta de cuchillos, bisturís, destornilladores y motos… si la gente vive predispuesta a la violencia no se examinan las condiciones de convivencia surgidas en una ciudad en la que si no estás alerta pierdes, sino, mejor, obligan a todos a no salir de sus casas… bajo esa “lógica” terminaremos con toques de queda las 24 horas, podremos estar seguros de que si no hay gente a la que atracar en la calle los atracos disminuirán hasta en un 100%.
* Potencial electoral: 5.453.086. Votos de Peñalosa: 906.058.
