El asesinato de Miller Chacón hace veinte años y las inconsecuencias de un ministro
Por Roberto Romero Ospina, Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
Solo le restaban unas pocas cuadras para llegar a la casa cuando unos sicarios lo acribillaron en la carrera 10 con calle 31 sur en Bogotá. Miller Chacón conducía su jeep e iba solo y sin escolta alguna aquella tarde del 25 de noviembre de 1993, hace 20 años.
Miller, un huilense que había venido en 1959 a estudiar derecho a la capital, muy pronto se enroló en las filas de la juventud comunista donde llegó a ser secretario nacional de organización en una de las épocas doradas de la agrupación.
Más tarde, ya en el partido, alcanzó el segundo cargo más importante: secretario nacional de organización en reemplazo de Teófilo Forero, asesinado el 27 de febrero de 1989, en plena guerra sucia contra la Unión Patriótica de la que hacía parte el partido comunista.
Bajito, siempre con una mirada inquieta y el pelo rapé, Miller irradiaba simpatía y se le veía por las oficinas partidarias echando chistes y saludando a todos. Y era una pluma aguda que con frecuencia matizaba las páginas del semanario Voz con artículos y decenas de editoriales.
Aída Abella, la presidenta de la UP narró para el libro Unión Patriótica, expedientes contra el olvido los momentos previos al asesinato de Miller Chacón.
Cuenta que tenían información veraz muy grande e irrefutable de lo que los militares llamaron la Operación Golpe de Gracia dirigida a ultimar lo que restaba de la UP.
“Personalmente recibí, a mediados de 1993, el anónimo que llegó a la UP sobre la operación Golpe de Gracia. En una hoja escrita a máquina nos hacían conocer que la cúpula militar de la época se había reunido (estaban los nombres y apellidos), para discutir dos opciones: si se abrían procesos judiciales amañados para llevar a la dirigencia de la UP a la cárcel o si seguían con el plan de exterminio contra la dirección nacional y los comandos departamentales. Primó la segunda”, anota Abella.
Luego narra que de inmediato la UP preparó una carta a las organizaciones de derechos humanos del mundo, señalando las graves amenazas que pesaban sobre la organización.
“Salí a la sede del partido comunista y allí encontré a Miller Chacon. Le entregué el anónimo, que leyó con cuidado. Era un hombre muy tranquilo, pero observé que su preocupación lo perturbó. “Nos van a matar a todos”, expresó sin rodeos”, dice Aída.
Miller, añada Abella, un estudioso de la política, funcionario de toda la vida del partido, el organizador, que deseaba poner a todo el mundo a salvo, fue el primero en caer víctima de este plan. Luego vendría, ocho meses después, el asesinato de Manuel Cepeda, el de agosto de 1994.
Entonces la presidenta de la UP hace unas revelaciones que espantan. “Habíamos visitado varias veces al flamante ministro de Defensa del presidente Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para denunciar estos planes. En su despacho estuvimos con Álvaro Vásquez, Manuel Cepeda y el senador Hernán Motta. Jamás se inmutaba ante las gravísimas denuncias y parecía que los muros del despacho eran más susceptibles frente a lo que decíamos”.
Y añade: “Su frase preferida, al menos en nuestras reuniones, era, ‘no les creo, pruebas, pruebas’. Siempre me impresionó que ni siquiera nos mirara. Sus ojos permanecían clavados en la mesa y con un bolígrafo en la mano. Esa frialdad y deshumanización ante hechos tan serios, me llevaron a reconfirmar que todo estaba calculado”.
En julio de 1998, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con ponencia del magistrado Benjamín Herrera, condenó a la Nación a pagar una cuantiosa indemnización a los familiares del dirigente comunista José Miller Chacón, asesinado aquel 25 de noviembre de 1993.
El fallo judicial asegura que el Ministerio de Defensa y el DAS no adoptaron las medidas de seguridad para proteger la vida de Miller Chacón a pesar de las amenazas y planes para asesinarlo, que fueron denunciados oportunamente por la dirección nacional del Partido Comunista Colombiano.
En efecto, como narró Aída Abella, en julio de 1993 ella y los dirigentes comunistas Manuel Cepeda Vargas, Hernán Motta Motta y Carlos A. Lozano Guillén, comparecieron en el despacho del entonces ministro de la Defensa de la Administración Gaviria, Rafael Pardo Rueda, para darle a conocer la existencia del denominado Plan Golpe de Gracia, en cuya elaboración y ejecución estarían vinculados altos oficiales del Ejército y de la inteligencia militar.
El plan estaba dirigido a asesinar a varios dirigentes del Partido Comunista, entre ellos, Miller Chacón, Manuel Cepeda, Aída Abella, Alvaro Vásquez, Jaime Caycedo, Hernán Motta, Gilberto Vieira y Carlos Lozano.
Pardo Rueda no sólo en tono airado repudió la denuncia de los dirigentes comunistas, sino que posteriormente los hizo citar de un Juez Penal Militar con el evidente propósito de conocer la fuente de información que había divulgado el siniestro plan con entronque en organismos militares.
Cepeda, Motta y Lozano rechazaron la citación del Juez Penal Militar y se negaron a comparecer ante él, porque fue calificada de provocación orquestada por Pardo Rueda y los altos mandos militares. Después del asesinato de Miller Chacón, el 25 de noviembre, Carlos Lozano en carta a Pardo Rueda lo enjuició y señaló de responsable por omisión de este asesinato, que el dirigente comunista calificó de crimen de Estado. Dicha carta, así como las posteriores declaraciones de Hernán Motta y del mismo Carlos Lozano, fueron piezas claves en el juicio instaurado por la familia Chacón, representada por el jurista Ramiro Orjuela.
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue muy importante porque arroja luces sobre la responsabilidad del Estado en el asesinato de José Miller Chacón, aunque, como es obvio, no le pone fin a la impunidad penal de que disfrutan los autores intelectuales y materiales, que jamás fueron encontrados y mucho menos juzgados.
