Las disidencias de las Farc asesinaron “con sevicia” (palabras de la Directora del ICBF, Astrid Cáceres), a cuatro niños indígenas que huyeron después de ser reclutados. Por Twitter, el Presidente Petro dijo que “Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores de edad lo mismo” y en un comunicado informó la suspensión unilateral, pero parcial, del cese al fuego.
Sí, leyeron bien, parcial. El asesinato de cuatro menores indefensos y “con sevicia”, un hecho comprobado, alcanza para una suspensión parcial, no obstante un bus quemado, un camión de huevos, una ambulancia, y un acueducto (en varios comunicados las AGC negaron la autoría de tales hechos, el gobierno no presentó las pruebas de los autores), llevaron al mismo Presidente Petro y por Twitter a suspender totalmente, el cese al fuego bilateral con al Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC- que había sido decretado el 31 de diciembre de 2022.
Son las AGC el caballito de batalla de este gobierno, a quienes culpan de todo lo que pasa, ignorando, vaya usted a saber por qué y con qué intención, que es innegable de acuerdo con la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social –Corpades- y Análisis Urbano, la reducción de delitos durante el Cese al Fuego de las AGC.
Dice Corpades que “A pesar de las fuertes tensiones, los buenos resultados son palpables: reducción de cifras de violencia, homicidios, hurtos, desapariciones. El impacto es positivo en las comunidades tradicionalmente afectadas por el conflicto armado en Colombia”. Ojo con esto: el impacto positivo en las comunidades, ellas que son las víctimas, las que viven con zozobra y miedo.
Miremos datos, que son la evidencia que debería tenerse en cuenta para la toma de decisiones: en zonas controladas por las AGC (116 municipios de Antioquia), y con cifras del monitor de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, por ejemplo en Urabá las violencias se reducen en un 55.5% y en Occidente, Bajo Cauca, Nordeste y Norte de Antioquia hay una reducción significativa de los hechos violentos.
En cuanto a los homicidios, entre enero y abril (fecha vigente del cese bilateral al fuego) han disminuido en un 15.9% en comparación con el mismo período del año anterior. Llama la atención que en municipios en donde la presencia de las AGC es alta, como lo son San Roque, Vegachí y Frontino, la disminución de los homicidios es del 90% y en municipios con presencia fuerte, como la Estrella y Salgar, la reducción alcanza el 89%. ¿No es esto una manifestación inequívoca de voluntad de paz?
Los datos están y los estudios son públicos para el análisis de quien desee hacerlo. Como rezaba el eslogan de algún gobierno “es con hechos” que se demuestra la verdadera intención de la paz y no con anuncios para la prensa y con reacciones en caliente que solo señalan y culpan a un actor armado de todo lo que pasa.
Lo vengo expresando de manera reiterada por todos los medios posibles, la Paz Total es una búsqueda colectiva y no puede reducirse a un proceso de negociación entre armados para armados. Su sentido es un proceso para la vida de la gente en los territorios, de los integrantes en sus territorios, para que haya goce efectivo de derechos y restauración de los territorios. Habrá que preguntarle al gobierno y a la comunidad incrédula de la paz, si desde la comodidad de sus ciudades donde al parecer no se vive el conflicto, son importantes las víctimas, la sociedad habitante de los territorios en conflicto, o si sólo les interesan las balas, la sangre y la cárcel.
Sáquense de la cabeza eso de que la única salida posible es el sometimiento, demostrado está que es un fracaso y convénzanse de que si hay goce efectivo de los derechos, la paz estará más cerca al igual que la reconstrucción de los territorios y la tranquilidad de las víctimas.
