La ineptitud y la mala fe de este gobierno parecen no tener límites. A toda la ciudadanía le duele la incapacidad de gestionar vacunas que puedan salvar la vida de nuestros seres queridos. Nuestros derechos a la vida y a la salud son hoy meros enunciados de papel, despojados de cualquier garantía real. Este desmantelamiento parece ser sistemático en todos los derechos. Miremos nada más el de la participación: el actual gobierno les está entregando a las empresas la “gestión” de nuestra participación cuando se pretenden llevar a cabo proyectos con impactos territoriales y ambientales. Así se quita de encima toda la carga que le supone garantizar que esta sea real y efectiva, como lo exige la Corte Constitucional, y les da, en bandeja de plata a las empresas, la facultad de ganarse el beneplácito de las comunidades o, al menos, de debilitar su resistencia. Dos ejemplos de cómo ocurre esto en la práctica.
El primero es el robo que les están haciendo a los pueblos indígenas y afrocolombianas de las conquistas que han logrado, a lo largo de muchos años, frente al derecho fundamental a la consulta previa. El año pasado, Duque presionó a las organizaciones indígenas a ir a consulta sobre una nueva regulación de este derecho. Esto en plena pandemia, que tiene al consejero mayor de la Organización Nacional Indígena luchando por su vida, y con las dificultades de acceso a internet que tienen las comunidades étnicas. El chantaje fue claro: si no van a consulta, se les declara renuentes y se toma la decisión unilateralmente. Los pueblos intentan en este proceso salvar lo poquito que queda de este derecho fundamental, después de varias directivas y decretos que anteponen el afán del gobierno y las empresas por saquear los territorios a la necesidad de respetar de manera efectiva los derechos de culturas milenarias.
La intención del gobierno al consultar esta nueva regulación de la consulta es legitimar un cambio de procedimiento que ya viene implementando. Antes, el gobierno certificaba la presencia de las comunidades en un territorio para determinar la necesidad de hacer consulta previa. Con una conveniente interpretación de regaños que le ha hecho la Corte Constitucional, el gobierno determinó que no es la presencia la que importa, sino la afectación directa. Y que, por lo tanto, ya no tiene que certificar la presencia, sino esperar a que las empresas le digan si hay afectación o no, y con base en esta información, decidir si procede o no la consulta previa par aun proyecto, obra o actividad (POA). Las empresas ahora tienen facultades para determinar qué afecta a los pueblos indígenas, pero a ellos no se les pregunta ni mu. Como lo dice la abogada Diana Carrillo en una serie de videos sobre el tema que produce el Centro de Pensamiento Áncora: “Es decir, los pueblos indígenas, en este momento, carecen, se les ha despojado de su derecho de decidir si un POA los afecta directamente”.
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Las empresas ahora tienen facultades para determinar qué afecta a los pueblos indígenas, pero a ellos no se les pregunta ni mu
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Es muy llamativa la argumentación de Luis Fernando Bastidas, exdirector de la Autoridad de Consulta Previa para explicar este cambio. Según él, la certificación de la afectación directa rebasaba la capacidad institucional del Ministerio. La salida no fue mejorar la capacidad institucional del garante del derecho, sino dejarlo en manos de “la gestión de los intereses propios de cada compañía” que lo hará lo mejor posible por la legitimidad del proyecto y por evitarse demandas. El señor Bastillas concluye que “yo tengo la sensación de que son muy responsables en eso”.
La lógica subyacente es la misma de la “licencia social” que está tan de moda y que hoy es un requisito para avanzar con el fracking en Colombia. Pero este concepto no tiene ningún contenido jurídico constitucional ni está orientado a garantizar los derechos fundamentales. La licencia social es una idea que desarrollan las mineras para la gestión de sus propios intereses, como diría Bastidas, de tal forma que puedan garantizar que las comunidades no se organicen en contra del proyecto. Bajo la idea de “licencia social” se valen todas las técnicas posibles de conquista para endulzarles el oído a las comunidades, pintarles pajaritos en el aire o cambiarles oro por espejitos. Así es como los profesionales “sociales” hacen una avanzada para seducir alcaldes con viajes, a jóvenes con canchas de fútbol y sabotear cualquier acto organizado en contra de los proyectos.
En manos de la “gestión propia de los intereses de las empresas” están los derechos a la participación y a la vida de comunidades que han sido víctimas del conflicto armado, que aún hoy son estigmatizadas, amenazadas y asesinadas en caso de oponerse a proyectos en sus territorios, y en regiones con bajísimos índices de escolaridad y altísimos de necesidades básicas insatisfechas como Puerto Wilches, el municipio donde hoy se pretende hacer el primer piloto de fracking y se buscará obtener la licencia social.
