Desde el año pasado el alcalde de Medellín se ha declarado víctima de una “persecución” por parte de la Procuraduría, que estaría buscando socavar su gestión y enrarecer el clima de gobernabilidad en su ciudad. El primer anuncio lo hizo el miércoles 19 de octubre de 2022 y para justificarlo demostró una serie de correos electrónicos internos de la Procuraduría Regional de Antioquia en el que se pedía dar “impulso procesal” a algunos procesos en los que figuraba el nombre de Quintero o se hablaba de la Alcaldía de Medellín.
El circulo cercano a la Procuradora Margarita Cabello no ocultó su preocupación por la divulgación de correos privados y eventualmente protegidos por la reserva legal. Fue un campanazo que les hizo pensar que podría haber algún “topo” o espía dentro de los despachos de la Procuraduría que estuviera filtrando la información a Quintero.
Resultaba además extraño que, pese a su alta dignidad, Quintero no tuviera conocimiento de que, por su fuero especial, la procuraduría regional no tiene competencia alguna para investigarlo y que solo puede hacerlo la Procuradora general. La Procuraduría decidió darle una respuesta aclaratoria al mandatario sobre el rol de las procuradurías regionales frente a las quejas que no pueden hacer otra cosa que incorporarlas al sistema y emprender indagaciones preliminares si es del caso. Le aclaró además que aquello del “impulso procesal” no significa que esté en operación una maquinaria de persecución en su contra.
“En el lenguaje diario- le dejó claro la Procuraduría- es utilizado en las actuaciones disciplinarias el término “impulso procesal”, con la finalidad de que se active la actuación; en ningún caso se refiere a que se tome una decisión contra alguien en específico”.
El debate ha ido más allá de precisiones procesales y explicaciones semánticas. Los reclamos del alcalde se le convirtieron en un bumerán que puso en evidencia que hay por lo menos 43 indagaciones sobre su conducta relacionadas con distintas frentes: actuaciones como presidente de la Junta Directiva de EPM y también con contratos interadministrativos celebrados por su despacho y por algunas de las secretarías que integran su gabinete.
A propósito de la posible existencia del “topo” o filtrador de documentos que son del resorte del órgano de control, la Procuraduría decidió denunciar penalmente lo ocurrido y abrir su propia investigación interna para determinar de dónde proviene el espionaje. Las consecuencias de las investigaciones podrían afectar al propio alcalde si se llegara a determinar si es él quien ha pedido buscar entre expedientes reservados todo aquello que pudiera afectarlo.
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