Las revelaciones del diario El Espectador en su edición del domingo y también en la del lunes pasado corroboraron las sospechas que se tenían en torno al arresto con fines de extradición de Seuxis Paucias Hernández, excombatiente de las Farc-Ep. Como se recordará, en abril de 2018, Jesús Santrich fue capturado en el marco de lo que pareció ser una operación dirigida a desarticular una red de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos. Lo señalaron de estar relacionado con la participación activa del crimen organizado en México.
En su comunicado 159 del 10 de noviembre 2020, la JEP asegura que a las irregularidades e inconsistencias que la Fiscalía promovió se sumó la falta de atención de las solicitudes que se le hicieron para que aportara las pruebas que le permitirían a ese alto tribunal tomar una decisión. El entonces fiscal Néstor Humberto Martínez envió una información contenida en una memoria portátil de formato irregular no confiable y que no contenía los datos pertinentes al caso.
Además, el tribunal señala que a la vez videos sin audios proporcionados por la Fiscalía General de la Nación se diseminaban en los medios de comunicación, esto en procura de reforzar el relato de un excombatiente que de esa manera violentaba los acuerdos firmados en La Habana y el principio de la no repetición. A pesar de que en su investigación El Espectador reveló que son 24,000 los archivos de audio en el dossier de Santrich, la JEP dice que la Fiscalía tan solo le entregó 12.
A la par, la JEP sostiene que la Fiscalía no dio a conocer el nombre de autoridad alguna de Estados Unidos que estuviera al frente de la solicitud de extradición. De hecho, la jurisdicción cita a la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, cuando ella les aseguró que tan solo se trató de “personas… particulares que sostuvieron reuniones con otros particulares entre ellos el solicitado en extradición”.
Así pues, la negativa del ahora exfiscal Néstor Humberto Martínez no se hizo esperar. Este alto exfuncionario negó antes los medios de comunicación que las acciones contra Jesús Santrich hubiesen sido irregulares y que hubiesen operado al margen de la norma. Sin embargo, voces autorizadas le recordaron que la de la Fiscalía bajo su mandato había sido una "acción planificada y concertada para generar una situación que afectaría el acuerdo de paz.
Aunque un estamento como una Fiscalía General de la Nación es dependencia del Estado y no de un gobierno de turno, ya es claramente evidente que la presente administración se ha apropiado de casi todos los espacios del Estado, toda vez que pretende tener bajo su control a altas cortes y a organismos de importancia clave como este. Tras la salida de Néstor Humberto Martínez, que cumplió la función de hacer de esta una dependencia de la rama ejecutiva, ese organismo cumple con la misió no de fiscalizar, sino de defender y justificar ante la opinión pública a las figuras más descollantes y cuestionables que están hoy en el poder.
El uribismo no ha ocultado su rechazo a los acuerdos de paz con las Farc-Ep, ni a los puntos de implementación de ese acuerdo. Se ha intensificado la campaña contra un punto de alto valor crítico de esos acuerdos, a saber: la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Desde las propuestas de referendos que buscan la derogación de la JEP hasta el enrarecimiento del ambiente contra la paz mediante informaciones falsas en los medios y publicaciones incendiarias e irresponsables. Los voceros del poder, incluso los que ocupan cargos de importancia en el gobierno nacional, se han encargado de crear un clima hostil al modelo de justicia transicional que se implementó en Colombia. Cada vez se hace más evidente que la erosión de ese modelo de implementación de justicia aspira a desmontar todo andamiaje jurídico que pueda llamar a cuentas a los actores armados que responden a los intereses del poder de turno.
En ese contexto deben leerse revelaciones como las que recientemente dieron a conocer. De ese modo se hace claridad del papel que la Fiscalía General de la Nación, bajo el mandato de Néstor Humberto Martínez, jugó con el fin de asestarle un golpe mortal al proceso de paz. Señalar a un excombatiente y firmante del acuerdo de paz en una trampa urdida, financiada y equipada directamente por el ente no tiene otra explicación que desacreditar la implementación de los acuerdos, la justicia transicional y la participación de excombatientes en la vida civil y en el debate político por las vías democráticas.
La solicitud de extradición es hasta ahora el arma que le ha propinado a la paz su más profunda herida. Es posible que estas sean armas que alimentan las otras, las que han segado la vida de tantos líderes y excombatientes que dejaron sus armas y le apostaron a la paz
