A 11 días de que el Gobierno nacional decretara la emergencia en Colombia con el decreto 417, y se tomarán medidas de toda índole con directivas presidenciales y actos administrativos, la realidad es que aún no llega un solo peso de más a las regiones (entiéndase gobernaciones, alcaldías y hospitales) para afrontar la emergencia. Sé que en el departamento del Tolima y sus municipios es igual el panorama.
No es un secreto para nadie que las falencias del sector salud, del sistema, las instituciones prestadoras y los hospitales son peores de lo que siempre se dijo. A lo cual se suma, como lo evidencian los múltiples testimonios de médicos, enfermeras, trabajadores del sector que su situación no solo es precaria si no paupérrima, de condiciones laborales lamentables y que no están contando con los equipos médicos y de bioseguridad para afrontar la pandemia.
Lo cual debería conducirnos a actuar con premura, pero también a darnos cuenta de que nuestra estructura e institucionalidad es paquidérmica, se ha mantenido rígida e inoficiosa por 200 años, haciendo lo mismo siempre, cuando las circunstancias hoy obligan a cambiar el modo de administrar, tomar decisiones, priorizar y acelerar métodos y procedimientos.
Esta es la nueva discusión que debe dar el país: cómo modernizar sus leyes, desenmarañarlas, hacerlas más expeditas y menos engorrosas para un mundo que cambió de golpe y que exige soluciones rápidas, ágiles y efectivas. A lo cual se suma que en una situación como esta, los organismos de control deben estar en el cumplimiento de su función, pero con la mirada puesta en que la ayuda constante se dé y no como hasta ahora, inundar a las administraciones regionales y locales de correos, solicitudes diarias de informes, llenado de formatos, directrices y demás; nadie pide que dejen que el dinero se lo roben o diluya en contratos a dedo o burocracia a la sombra de la emergencia, pero que tampoco las “ías” se conviertan en talanqueras de inmovilidad al ejercicio de las administraciones.
Aunque el Gobierno central avanzó en los apoyos a sectores más vulnerables de la población y dónde pueden reclamar los subsidios otorgados, ello mismo se exige para todas las demás medidas. Pero lo que se sigue percibiendo es una visión centralista, de desconocimiento de la realidad de la provincia, sus dinámicas e incluso de las particularidades del territorio mismo; ministros de Estado desarticulados o que convocan a encuentros virtuales y teleconferencias para monólogos, pero sin capacidad de decisión inmediata o acción para dar soluciones o apoyos inmediatos. No solo de dinero, si no incluso de insumos.
Por ejemplo, se calcula, según la información pública de la Gobernación del Tolima, que por lo menos 20 mil millones de pesos han destinado desde que inició la pandemia en adecuación de infraestructura, contratación para insumos, personal, adecuaciones, reforzamientos de la red de salud, etc. Pero de giros y apoyos nuevos del ejecutivo nacional cero, cero.
De otro lado, un error craso y grave que desnudó la poca prospectiva, normas vetustas e irreales que aún nos rigen, es que el Congreso no puede sesionar con fuerza de Ley de forma virtual o solo pueda hacerlo presencial y en recinto. Esta es una coyuntura muy importante, histórica, donde se requiere debatir, aprobar, modificar, derogar leyes o normas que se hagan estorbosas o impidan acción rápida del Estado. Igual, que tener otras voces, otros aportes frente al qué hacer. Lo peor que pueda pasar es dejar todo en hombros de un Gobierno con visión borrosa de la realidad.
Queda diáfano, también, que la reforma a la justicia es indispensable y no da espera; su autogobierno, elección de sus miembros, autonomía, reglas, decisiones, todo debe pasar a reforma y discusión pública sin miedo. No es momento de apegos al pasado, historia, defensa ciega e irracional de la institucionalidad por encima de todo, incluso de la vida misma.
No se puede seguir actuando como si Colombia fuese una corporación, es decir, aplicando medidas de un gerente general, que debe cuidar los intereses y dar cuentas a socios e inversores a quienes no puede contrariar en sus intereses. Se necesita la acción de un gobierno dé y para la gente. Por tanto, una reingeniería a los poderes que componen el Estado es el aporte real del coronavirus a la sociedad colombiana.
