Con las manecillas del reloj a toda máquina –con el riesgo de hundirse por términos- en la Plenaria de Senado fue aprobado en segundo debate el nuevo Código Electoral, ante la advertencia del ponente Germán Blanco, al explicar que siendo un proyecto de ley estatutario –reglamentario de un derecho fundamental constitucional- debe ser aprobado en una sola legislatura, lo que significa que debe ser aprobado antes del 16 de junio, con el agravante que aún le resta su discusión en Comisión I y Plenaria de Cámara.
La aprobación final debe ser un esfuerzo del Congreso, la Registraduría y el Ministerio del Interior –autores de la iniciativa- que permita al fin la derogación de un Código Electoral obsoleto –con casi cuarenta años de expedido- estando acorde con la democracia participativa de la Constitución de 1991, más los lineamientos de las nuevas tecnologías, porque a la hora de la verdad la actual jornada electoral, no está tan distante del extinto y arcaico sistema con papeleta y tinta roja.
La iniciativa intenta modernizar la legislación electoral, pero con un innegable temor a esas nuevas tecnologías, con el discutible argumento de propiciar espacios para el fraude –como expusieron los senadores Angélica Lozano y Ariel Rojas- por lo que mantiene una disposición del anterior proyecto –hundido por vicios de trámite en la Corte Constitucional- que es establecer el voto electrónico, pero con una constancia impresa de éste, que debe ser depositada por el elector en el mismo puesto de votación, teniendo prioridad la constancia si se presenta diferencia con el voto electrónico –éste no tendría ninguna conexión con la central de la Registraduría- descartando la posibilidad de ejercerlo a cualquier hora, incluso días antes de la jornada democrática.
Pero es al contrario: el voto electrónico le daría una total transparencia al proceso electoral, acabando con el riesgoso, fraudulento y casi grotesco “trasteo” físico de los formularios E14 de los puestos de votación a la Registraduría –el Senador Carlos Motoa expuso el éxito del voto electrónico en India y Brasil- lo que además ahorraría cuantiosos recursos en la impresión de los tarjetones electorales, porque entre otras cosas la jornada electoral del año pasado, le costó a los colombianos la escandalosa cifra de 1,2 billones de pesos.
Ese temor se evidenció aún más cuando se rechazó una proposición del Senador José Vicente Carreño, para que el voto a Presidencia y Senado, se pudiesen ejercer desde cualquier parte del País –sin importar en dónde se tenga inscrita la cédula- en el entendido que éstos son de circunscripción nacional, y adelantando un convenio con la entidades financieras, para que presten de manera gratuita su infraestructura electrónica, que permita el ejercicio del voto para estos dos casos; aunque de todos modos el ponente Alejandro Vega acordó con Carreño, radicar esta proposición en la pronta discusión del proyecto en la Comisión I de Cámara, pero única y exclusivamente para la elección del primer mandatario de los colombianos.
El temor de avanzar no se limita a las nuevas tecnológicas, sino con el “voto anticipado” -tan usual en las elecciones de otras naciones- porque se reduce a las votaciones en el exterior y evitando que los resultados se conozcan de inmediato, cuando la idea es que ese voto anticipado se pueda dar incluso una o dos semanas antes del día de elecciones, y en donde todo colombiano lo pueda ejercer “electrónicamente” desde cualquier parte del País, y para cualquier cargo de elección popular, mas no la tibia disposición de este proyecto, en el sentido de reducir este “voto anticipado”, a ampliar en una hora el “horario” del día de elecciones.
Es de destacar una proposición del Senador Carreño –aprobadas en la Plenaria del Senado- en donde el Consejo Nacional Electoral se convierte en órgano consultor del Congreso, para la elaboración de proyectos de ley –no solo del Gobierno para la construcción de proyectos de decreto- y otra proposición también aprobada a Carreño para ubicar intérpretes de personas sordas y sordociegos en los puesto de votación, en concordancia con un proyecto de ley –de su autoría- para que estos intérpretes sean designados en las entidades gubernamentales nacional, departamental y municipal, y que recientemente el Senador Guido Echeverry le rindió informe de ponencia para segundo debate, teniendo pendiente su discusión en la Plenaria de Senado.
Una reflexión más: este nuevo Código Electoral establece que la lista de candidatos de cada Partido Político al Congreso, la Asamblea y Concejo, debe ser la mitad para hombres y la otra para mujeres, lo que abre la discusión si la equidad de género es acertada en el ejercicio de la democracia o, por el contrario, se debe evaluar más bien el conocimiento, la capacidad y la experiencia del aspirante, sin importar necesariamente el género o sexo de mismo. El lector, tiene la palabra.
Coletilla: La semana pasada se aprobó en la Comisión VII de la Cámara, alrededor del 80 por ciento de la Reforma a la Salud, incluso con las “líneas rojas” del giro directo del ADRES a las IPS, y la reducción de las EPS al rol de “administradoras”, lo que ratifica el Régimen Presidencialista constitucionalista de Colombia –el Ejecutivo está por encima del Congreso- en donde el Presidente Gustavo Petro es el “amo y señor” de la iniciativa legislativa.
Un aspecto que he venido anticipando en mi Columna Dominical, aun cuando hace un par de semanas se daba por descontado el hundimiento de la Reforma a la Salud.
*** Asesor Legislativo – Escritor.
