No es un juego de palabras, ni un vaticinio, ni una campaña de desprestigio; simplemente es la constatación del deseo de la derecha colombiana de perpetuarse en el poder, cooptando para sí los entes de control por medio de una reforma a la Constitución y agenciada a través de los proyectos de actos legislativos PAL 13-21; “Por medio del cual se establece la forma de elección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General de la Nación” y el PAL 320-2021C; “por medio del cual se reforma la justicia”.
Mientras muchos de los colombianos del común están por ahí entretenidos (aquellos que siguen pensando que la política no les interesa porque "no sirve para nada" o aquellos que hicieron campaña por el referendo anticorrupción, pero siguen votando por los mismos) de manera sigilosa, los emisarios de las élites económicas y políticas del país han puesto en movimiento al interior del Congreso colombiano toda una estrategia de derrumbamiento del sistema de contrapesos institucionales, propio de las democracias liberales de occidente.
El primer paso consistió en la apropiación del Congreso, a punta de alianzas no santas, con grupos extremistas de derecha, de forma que, a punta de manipular el miedo de los ciudadanos —como consecuencia de una guerra iniciada por las mismas élites casi dos siglos atrás— lograron posicionar en el Congreso todo un conjunto de dilectos agentes políticos a su servicio, capaces de instaurar una especie de dictadura constitucional, disfrazada de democracia, durante los últimos veinte años de régimen uribista.
Apalancados en la llamativa arquitectura institucional del Estado, plasmada en la Constitución Política de 1991, los políticos tradicionalistas, adscritos a los partidos de derecha en el Congreso, en complacencia conveniente con el espíritu mesiánico de la ultraderecha colombiana (personalizada en Álvaro Uribe Vélez y vuelta ideología en el uribismo) se han dado a la tarea de nombrar en los entes de investigación y control a personas afines a su línea política, o al menos, dispuestos a tranzar impunemente, favores políticos, por frondosas nóminas en Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, Defensoría y Registraduría.
Así lo han hecho durante el tiempo, aunque no de manera oculta, sino a la vista de todos, en vivo y en directo por unos medios de comunicación, alguna vez el cuarto poder fiscalizador de la opinión pública, convertidos desde tiempo atrás, en tribunas propias de los poderosos.
Con la complicidad de una inmensa mayoría de colombianos con serios problemas de educación política, mal informados, pero sobre todo manipulados, la derecha colombiana ha venido dando los pasos necesarios para retener el poder del estado colombiano; así lo ha venido demostrando con los múltiples intentos de reelección de su jefe supremo, el expresidente, exsenador e imputado Uribe Vélez.
Contando con la venia de las federaciones de municipios, capitales y departamentos y con las organizaciones de juntas comunales, recientemente el uribismo intentó una vez más prolongar el periodo del que dijo Uribe, hoy encargado de la presidencia de Colombia y por ahí derecho, el de alcaldes y gobernadores, agremiados en las mencionadas federaciones, dirigidas por controvertidos personajes, también afines al uribismo; intentando cambiar un articulito.
Ahora, envalentonados, o quizás un tanto nerviosos por los recientes levantamientos populares iniciados en el 2018 y exacerbados por la ineptitud y la corrupción del actual gobierno nacional, los emisarios de la derecha en el Congreso, después de haber nombrado en los entes de control, registro e investigación a fichas afines al uribismo, dedicados a torpedear el proceso de paz pretenden completar su sutil estrategia de golpe de estado institucional intentando “flexibilizar” aún más algunos requerimientos para el nombramiento de personas idóneas, en la dirección de estas entidades, pero sobre todo —y he ahí el horror— intentando brindarle impunidad institucional a los titulares de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y otros funcionarios de alto nivel, trasladando la competencia de su investigación y juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia a la muy controvertida e inane Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
Esta promesa de impunidad, ofrecida a quienes están encargados de investigar y sancionar la agobiante carga de violencia y de delincuencia que se cierne sobre todos los ciudadanos, de velar por el buen comportamiento de los funcionarios, sancionar sus abusos y ponerlos al recaudo de la justicia, o de dar fe del estado civil y de llevar a cabo y garantizar los procesos de elecciones no permite creer en un buen futuro para uno de los países con mayores índices de desigualdad económica, con serias sospechas de degradación del conflicto e irrespeto total por los derechos humanos y con una corrupción que asusta.
Esta intentona de asegurarse sí o sí el poder político, pero sobre todo, el poder sancionatorio, ante un futuro político incierto en el que la izquierda y los movimientos progresistas y alternativos a la derecha tradicional colombiana tienen serias posibilidades de hacerse con el gobierno nacional y aumentar el número de curules en el Congreso es una apuesta muy riesgosa, en un ambiente de inseguridad y terror, que ya tiene agobiada a una sociedad cansada de la falta de acceso a la justicia y que ve como este intento de cambio de la Constitución nuevamente corroborará la percepción de que la sanción de la justicia es únicamente para los de ruana.
La promesa de impunidad para la actual clase dirigente, incluidos sus amigos los contratistas (centros poblados, etc.), podría estar gestando escabrosos hechos de justicia propia como el ocurrido con los niños de Tibú; mucho más, si como ha venido aconteciendo en los dos últimos años los excesos de la fuerza pública y los aberrantes casos de corrupción han puesto en entredicho la eficiencia de estos mismos entes de control, exacerbando aún más los ánimos de una sociedad asustada y desesperada.
