Al modelo neoliberal se le clasifica en la categoría de “capitalismo salvaje”, lo cual no ha sido gratuito, sino que obedece a la exacerbación al máximo de la tasa de ganancia, sin detenerse ante las normas jurídicas ni mucho menos éticas. Por eso para su implementación es menester que gobernantes con alta capacidad de engaño –desde la derecha hasta la pseudoizquierda–, dispuestos a cambiar no solo los códigos éticos y de la moral sino las constituciones y las leyes en pro de los intereses del capital trasnacional y de selectos potentados.
Su “salvajismo” no solo se encuentra en el contenido despiadado al arrebatar los derechos fundamentales y sociales a la población, convertidos en la vena por donde fluyen los grandes capitales de las privatizaciones, sino también en cómo lo hacen: por las buenas o por las malas. Esto indica que, si la capacidad de engaño no funciona, toca entonces a la fuerza: “Mano dura, corazón grande”, la combinación perfecta del autoritarismo con la capacidad de engaño, seducción y manipulación para llevar a cabo el diabólico plan.
En Colombia existen importantes sectores que comprenden la treta e intentan combatirla, incluso en escenarios de los poderes públicos. En el Ejecutivo hay funcionarios que luchan con su conciencia por estar “del lado equivocado”, pero quieren cambiar el arquetipo político; en el Legislativo, o sea el poder político, se nota con más claridad a sectores alternativos que desde los Concejos, Asambleas y el Congreso de la República debaten para que la población comprenda que el daño lo causa el modelo desde el momento en que votan por sus verdugos: “No se puede votar mal y pretender que nos gobiernen bien”, dice el candidato presidencial Jorge Robledo. Y un caso ejemplar de esta contradicción antagónica entre el pueblo y los gobernantes neoliberales se da con los funcionarios de la rama judicial.
Ahí se inscribe la sentencia del 22 de septiembre de 2020, en segunda instancia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que le ordenó al gobierno de Iván Duque implementar un protocolo que se denominará Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Este, señala, además:
(ii) La violación sistemática de tal prerrogativa por parte de la fuerza pública, en especial del Esmad, y la amenaza real que esa Institución supone para esa garantía superlativa. (iii) La incapacidad de los accionados de mantener una postura neutral frente a las manifestaciones de las personas y sus garantías a la libertad de expresión y de reunión. (iv) Los estereotipos arraigados contra quienes disienten de las políticas del gobierno nacional. (v) Allanamientos masivos, por parte de la Fiscalía General de la Nación, a los domicilios y residencias de quienes tienen interés legítimo en participar de las protestas. (vi) Desatención a las obligaciones convencionales del Estado respecto de los derechos humanos. (vii) Ausencia de vigilancia y control de las actuaciones de las autoridades demandadas, en relación con el derecho de reunión.
Son estos derechos tutelados la base de la lucha democrática. El gobierno de Duque se resiste al cumplimiento de la sentencia: con maniobras de “corto vuelo” la desacata y le pide a la Corte Constitucional que la revise con el objetivo de que la cambie, con lo cual deja al desnudo su “alma autoritaria” que raya con la dictadura. ¡El rechazo a esta actitud unifica la lucha y despierta un amanecer en donde el sol brille para todos!
