El alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez, parece haber condenado al municipio a la deriva. Mientras debe rendir cuentas ante las tres "ías" por la firma de contratos aparentemente irregulares por 11.000 millones de pesos, está enzarzado en una disputa legal por la gerencia del hospital local.
La primera pelea que dio fue contra la gerente del hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, Melba Cortez, a quien apartó del cargo sin razones. Cortez interpuso una tutela que un juez falló a su favor, pero Henríquez prefirió desacatarla e incluso lanzó groseras y temerarias acusaciones contra el juez, que terminó denunciándolo penalmente.
Sumado a eso, adelantó un contrato para comprar 10.000 kits de aseo para combatir al coronavirus, por el que solamente las bolsas plásticas que los contenían costaron 37 millones de pesos, el transporte otros 30 millones y la botella de alcohol antiséptico tenía un valor de 11.500 pesos por unidad.
Más polémico aún es el nombramiento mediante decreto de la esposa de Davinson Mejía, secretario del Concejo de Uribia. Rita Barros Freyle asumió como gerente del Hospital de Nazareth, lo que sería una abierta inhabilidad por ser una familiar de segundo grado de afinidad del funcionario del cabildo y con el riesgo de destitución para el alcalde, quien quiso arreglar el entuerto con una destitución exprés —mientras se daba la renuncia de Mejía—.
Por si fuera poco, el mandatario local fue recientemente llamado a rendir cuentas por la Procuraduría, la Contraloría hace ya algunos días por cuenta de contratos aparentemente irregulares que incluían el suministro y la optimización del servicio de acueducto en las redes urbana y rurales —estas últimas ya se habían contratado en diciembre pasado— por casi 11.000 millones de pesos.
El alcalde liquidó los contratos a la par de los anuncios de indagaciones de los organismos de control, pero el procurador general Fernando Carrillo advirtió —sobre este y otros casos— que si se hallan irregularidades, estas serán sancionadas.
Sin embargo, el mandatario mantuvo otro por casi 1.000 millones adicionales, destinado a proveer el combustible para las motobombas de los acueductos rurales, justo los mismos que se habían echado para atrás. Se pretendía pagar el carburante a precio de mercado, cuando el combustible que se expende en el departamento tiene un cupo de subsidio.hoy toda la alta guajira no tiene agua con que combatir la pandemia.
Entre tanto, todas estas acciones aparentemente desatinadas del alcalde de Uribia, toman cada vez más relevancia conforme avanza la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país por el coronavirus. La Contraloría ahora mira con lupa el actuar de Henríquez para decretar la emergencia sin que se cumplieran a cabalidad los requisitos, poniendo en riesgo los dineros del erario.
Henríquez solo lleva cinco meses en el cargo, pero parece que no da pie con bola en la Alcaldía más cuando sus grandes decisiones terminan siendo vigiladas y cuestionadas por los entes de control y las autoridades judiciales.
