En horas de la tarde del martes nueve de marzo del 2021, Dagoberto Domínguez Caicedo, alcalde del municipio de Puerto Tejada, se presentó a la audiencia pública organizada por el Consejo Nacional Electoral, ejerciendo su derecho de contradicción a la revocatoria de mandato que se adelanta en su contra.
En la audiencia también estuvieron presentes los señores Alberto Hurtado Valdez, Alfaro Evelio Lucumí Peña y Diego María Banguero Lasso; integrantes del comité promotor de la revocatoria denominada “Primero Nuestra Gente”.
Durante su intervención, Domínguez desvirtuó las razones que fundamentan esta iniciativa, entre ellas el presunto incumplimiento del programa de gobierno legalmente inscrito; aseverando que es necesario tener en cuenta que el doce de marzo, cuando apenas comenzaba su mandato y se encontraba formulando el plan de desarrollo municipal fue decretada la emergencia sanitaria, un panorama que los llevó a centrar su atención en prevenir y mitigar la propagación del virus.
Domínguez afirma que la pandemia cambió drásticamente la planificación de su gobierno que ya cargaba con las dificultades financieras heredadas del pasado, pero en compañía de su gabinete trabajan arduamente para implementarlo, además considera que es muy prematuro tildar su gestión de ineficiente.
“El 19 de junio mediante el acuerdo municipal No. 04 de 2020 adoptamos el plan de desarrollo, lo que implica que tan solo han transcurrido escasos 8 meses de vigencia del mismo, entre tanto que el plazo de ejecución es de 48 meses, faltándonos cerca de tres años para cumplir con todo lo consignado en el referido plan de desarrollo”, expresó Domínguez.
Los promotores consideran que el alcalde ha sido incapaz de organizar y estructurar el equipo de gobierno, provocando ingobernabilidad en su administración, argumento que Domínguez calificó como un despropósito que atenta contra las facultades constitucionales y legales; aclarando además que quienes han conformado su gabinete hicieron grandes aportes y que por circunstancias que no tienen incidencia en la gestión pública se han presentado algunos cambios en las secretarías.
“Ningún mandatario nacional, departamental o municipal está obligado constitucional y legalmente a garantizar que terminará su periodo con el mismo equipo de gobierno con el que comienza. Construir y presentar una inconformidad o insatisfacción de la comunidad, según palabras o expresiones de este comité promotor de revocatoria, sobre esta base, no solo es un despropósito, sino que se atenta contra las facultades constitucionales y legales”, agregó.
El alcalde señaló que toda entidad estatal cambia personas de cargos, porque estos se caracterizan por ser de libre nombramiento y remoción; sin que ello deba entenderse como una situación de ingobernabilidad pues a su juicio pensar de esa forma es desconocer la realidad político-administrativa del estado colombiano.
En el documento radicado ante la Registraduría Municipal de Puerto Tejada el 24 de febrero pasado por el señor Alberto Hurtado Valdez se tilda de ineficaz la gestión del gobernante municipal, alegando que no ha conseguido recursos del orden nacional y departamental, pero Domínguez mencionó que esto es falso.
“Desde que asumí el gobierno he estado gestionando recursos ante las entidades públicas, soy consciente que los recursos del orden municipal no alcanzan para satisfacer todas las necesidades de la comunidad portejadeña, aún en tiempos de pandemia logramos resultados visibles y otros que se harán efectivos en los próximos tres años gracias a la articulación con instituciones públicas y privadas”, dijo Dagoberto Domínguez, defendiéndose a la anterior acusación.
Por último, el alcalde se refirió a la celebración del Convenio Interadministrativo No. 016, suscrito con el Cabildo Indígena Kofan, el pasado 30 de noviembre de 2020, mediante el cual se contrataron los estudios y diseños para algunas obras que se ejecutarán en esta localidad: “Una vez más se equivocan los integrantes del comité de revocatoria directa, es precisamente la legislación colombiana la que habilita la celebración de convenios y contratos con diferentes entidades públicas y privadas, siendo los cabildos indígenas una entidad territorial reconocida constitucionalmente”.
“No alcanzan a dimensionar lo que esa relación contractual contiene y lo necesario que son esos estudios y diseños para ejecutar prontamente las grandes obras que urgen en nuestras comunidades”, concluyó Domínguez.
