El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, ha demostrado que no le tiembla la mano para jugársela desde el territorio por la paz. A su plan de desarrollo le dio el nombre de Mandato ciudadano, territorio de vida y paz, pues entendió muy bien que la sociedad, no solo la neivana, demandaba que las ciudades fueran escenarios en donde se construyera la paz y se fueran superando hechos de violencia. Fiel a ese mandato ciudadano, para este año destinó el 80% del presupuesto municipal para inversión social, una de las condiciones estratégicas para superar la pobreza y agregar valor a la paz. Pero no solo eso, el año pasado se aprobó, mediante acuerdo municipal, la creación del Consejo Municipal de Paz y Convivencia; también, la Política Pública de Paz y Reconciliación, Derechos Humanos y Convivencia; y mediante un proceso de reestructuración administrativa creó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos para fortalecer administrativamente la implementación de los acuerdos de paz, y nombró a una militante del partido Comunes para que lidere esta secretaría.
Y desde que se iniciaron las grandes manifestaciones pacíficas en la capital del Huila, que se oponen a las políticas plutocráticas del gobierno nacional, este alcalde se la ha jugado es por garantizar el desarrollo de esas contundentes manifestaciones, priorizar el dialogo, la mediación con los manifestantes y sus líderes y no por el uso desmedido de la fuerza. Efectivamente, ese diálogo y la no confrontación han permitido que no haya muertos en este contexto del paro. Reconoce el alcalde que se han generado hechos de vandalismo, de quema de algunos puntos de un par de entidades bancarias, saqueo de un supermercado, quema de un colectivo, de un peaje, ataque a algunos CAI y, sin embargo, él no se ha quedado en su despacho, sino que ha salido constantemente, de día y de noche, a entablar ese diálogo con los manifestantes e impedir que la situación sea más grave. Ha demostrado que no es un alcalde de escritorio, sino de la calle, del diálogo permanente con la ciudadanía. Y apelando también a la autoridad que tiene, ha pedido a los organismos competentes que se adelanten las investigaciones que den con los responsables de estos hechos.
La decisión del alcalde de priorizar el diálogo y no el uso de la fuerza le ha generado un gran apoyo ciudadano por mantener esa postura pacifista, pero también críticas de sectores guerreritas y amenazas de muerte por no permitir el uso de la fuerza contra las manifestaciones.
Ahora tomó una posición consecuente con su postura de seguir el diálogo, la mediación con los manifestantes y líderes del paro en Neiva, y no con la confrontación violenta, pues decidió no emplear el decreto 575, promulgado hace unos días por el ministerio del interior, hasta tanto no se aclare su aplicación, por parte de ese ministerio, pues, en palabras del alcalde, “no interpreta las condiciones distintas de cada región y genera varios interrogantes”. Y no le sobran razones al alcalde de Neiva para seguir apostándole al diálogo y no a las acciones violentas, ya que considera que en Neiva se han generado situaciones diferentes que no ameritan acudir a la “asistencia militar”. Y es cierto, Gorky Muñoz Calderón es uno de los pocos mandatarios que ha sabido desenvolverse en el contexto de las manifestaciones, sin utilizar el uso desmedido de la fuerza.
El decreto 575 del 2021, que le ordena a ocho gobernadores y trece alcaldes coordinar con la policía y el ejército la militarización de sus territorios, es un acto para agudizar la violencia contra las manifestaciones y deja sin efectos el decreto presidencial 003 del 2021, para la protección de la protesta, que establece que debe primar el diálogo y la mediación en las manifestaciones. Cosa que el alcalde de Neiva ha venido haciendo en la práctica. Pero además, el decreto de militarización de estos territorios no dice absolutamente nada de ordenarles a la policía, al ejército, a los organismos de seguridad garantizar los derechos humanos de los manifestantes, de cesar la infiltración de las manifestaciones, de cesar las desapariciones y asesinatos de manifestantes, de no permitir que civiles armados actúen junto a la fuerza pública contra los manifestantes… Es un decreto militarista que agudizará la violación de los derechos humanos, ya que pone contra las cuerdas a gobernadores y alcaldes para que cesen el diálogo y la mediación con las manifestaciones y arremetan violentamente contra ellas.
Por ahora, el alcalde de Neiva se mantiene firme en su postura de seguir el camino del diálogo, de la mediación y no el camino de la violencia. Es el ejemplo que se debe seguir.
