El alcalde de Cúcuta, César Rojas Ayala, inició su periodo en medio de la polémica. El país y el periodismo serio aún no comprenden cómo el hijo político de un condenado por homicidio, está dirigiendo a Cúcuta. Como era de esperarse, varias han sido las infracciones legales que Rojas ha cometido incluso antes de posesionarse como alcalde. Porque, como bien dice el dicho popular, el que con lobos anda, a aullar aprende.
Entre los procesos penales que involucran al mandatario se encuentra el porte de un vehículo robado, que luego de incautado fue desaparecido por César Rojas y varios de sus cómplices. Por este hecho, actualmente existe una resolución de la Fiscalía General de la Nación que dicta Resolución de Acusación a su primo Víctor Antolínez Ayala, funcionario de la D.I.A.N. de Cúcuta.
En el documento, el fiscal delegado manifiesta que no está de acuerdo con que al señor César Omar Rojas Ayala le hayan dictado auto inhibitorio sin investigarlo, siendo que César Rojas era quien tenía el vehículo robado en su poder, en tenencia y además es la persona que, luego de incautado el vehículo por ser robado, se comprometió a no realizar negocio jurídico alguno sobre el automotor. Sin embargo, mientras el automóvil robado estuvo en situación de depósito, fue desaparecido al otro día por César Rojas en complicidad con su familiar Antolínez Ayala.
El vehículo fue incautado frente a la Alcaldía de Cúcuta, donde trabajaba César Rojas en la época de mandato del hoy condenado por asesinar a su asesor jurídico, Ramiro Suárez Corzo.
Con el vehículo en depósito, quien respondía era la Fiscalía, a pesar de que lo tenía César Rojas.
Una cosa es comprar un vehículo hurtado y portarlo como lo hacía César Rojas. Sin embargo, otro delito, que no ha sido investigado en César Rojas, es que el vehículo desapareció durante el proceso penal, estando en depósito. Esto demuestra que existió un peculado en favor de terceros, delito que no ha prescrito, pues aún cuando el vehículo fuese de un particular, en esos momentos estaba bajo depósito de la Fiscalía. “Se trataba de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le había confiado por razón o con ocasión de sus funciones, delito que tiene una pena de prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término”, explicó José Vergel, abogado.
Los hechos datan del año 2.005, por tanto a la fecha no han prescrito, pero no se ha investigado dicho delito por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Por otra parte, la esposa de César Omar Rojas Ayala, de nombre Zuleima Amparo Cruz Gaona, es Fiscal Sexta Seccional de Cúcuta, lo que pronostica que ninguna investigación será considerada independiente por la ciudadanía, estando la esposa de Rojas trabajando en la misma entidad que tiene que investigarlo.
Mientras ella era fiscal, su esposo andaba en un carro robado. Los abogados fuentes de este caso, consideran que lo mínimo que puede hacer la Fiscalía es trasladarla a otra ciudad, para garantizar el cumplimiento de la justicia en este y los demás casos que involucran penalmente al nuevo y cuestionado alcalde de los cucuteños.
Estos son los documentos parte de las pruebas que corroboran la denuncia y que involucran directamente al nuevo alcalde César Rojas.
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