Como nunca antes en los procesos de paz que ha tenido el país, diferentes a los alcanzados con el M-19, en los noventa y que vieron mesas de negociación en Caracas, Tlaxcala y El Cagúan con las FARC, se ha llegado tan lejos.
Hoy los colombianos han vuelto sus ojos a La Habana con mayor esperanza tras el acuerdo parcial sobre el segundo punto de la agenda que trata de la participación política.
Tras un año exacto de la apertura de las conversaciones destinadas a poner fin al conflicto armado que está ya casi por su medio siglo, el gobierno y las FARC concluyen que sí es posible una apertura política que abra nuevos horizontes a la participación de la ciudadanía.
Se trata de un reconocimiento importante del Estado de que pesan graves situaciones de exclusión, de no reconocimiento del otro país que coexiste con el dominante, de falta de garantías para la organización social amplia y la protesta popular.
Por ello, hoy reluce este acuerdo que habla de puntos básicos de lo que debe ser un país en democracia. Nada del otro mundo que supondría un decálogo revolucionario destinado a poner el país patas arriba.
Cualquier demócrata firmaría sin titubear un tratado semejante. No se trata, entonces, del arrasamiento de la Constitución y la promulgación de un ideario radical de cambios como peroran los enemigos de un proceso de paz.
El mayor cambio que se acuerda es promover la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz “para promover la integración territorial y la inclusión política de zonas especialmente afectadas por el conflicto y el abandono, de manera que durante un periodo de transición estas poblaciones tengan una representación especial de sus intereses en la Cámara de Representantes, sin perjuicio de su participación en las elecciones ordinarias”.
Este mecanismo se pondrá en marcha en el marco del fin del conflicto, en democracia y luego de la firma del Acuerdo Final.
Semejante paso abrirá el camino de ampliar la participación de las regiones, donde quizá la insurgencia tenga cierta influencia, pero como dijera el actual presidente de la Unión Patriótica, Omer Calderón, tendrían todo el derecho pues “es un movimiento con base social”.
De eso se trata, que la insurgencia, tras medio siglo de hacer política con las armas ahora la haga sin ellas y se someta al escrutinio popular.
En este sentido el parte conjunto habla de que se acordó “un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política. Dicho sistema busca asegurar la protección de quienes ejercen la política sobre la base el respeto por la vida y la libertad de pensamiento y de opinión, para así fortalecer y profundizar la democracia y contribuir a crear un clima de convivencia y tolerancia, y de manera especial del nuevo movimiento que surja de las FARC – EP a la actividad política legal”.
El peso del genocidio de la UP se siente aquí en cada frase. Como se sabe, aquel movimiento, que surgió de los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz con las FARC en 1984, sufrió la persecución más letal hasta su exterminio y los negociadores dejan en claro que solo a través de garantías seguras, se podrá implementar un proceso hacia la paz una vez haya dejación de las armas.
“Las condiciones particulares para el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la activad política legal, serán discutidas en el marco del punto 3 de la Agenda”, aclara el comunicado.
A lo largo de todo el documento de seis páginas, leído a dos voces, por los representantes de los países garantes, Cuba y Noruega, resalta la necesidad de la apertura política:
Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del Acuerdo Final. Acceso a medios de comunicación.
Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.
Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad.
Y señala el documento que todo ellos “Constituye una apertura democrática en el marco del fin conflicto. La construcción de la paz requiere de participación ciudadana en los asuntos de interés público, en especial en los territorios más afectados por la violencia y, también, en los mecanismos de implementación del presente Acuerdo”.
De ahí el reconocimiento expreso que hace el gobierno sobre el ejercicio de la oposición política, “fundamental para la construcción de una democracia amplia. Ello cobra mayor relevancia luego de la firma de un Acuerdo Final, que abrirá espacios para que surjan nuevos movimientos políticos que requerirán garantías para el ejercicio de la política”.
De enorme importancia la convocatoria a todos los partidos de evento nacional “para integrar una Comisión que defina los lineamientos del estatuto de garantías para los partidos que se declaren en oposición. La línea de tiempo se convendrá en el sexto punto de la Agenda”.
Es decir, después de diez, quinces y hasta veinte años hablando de la necesidad de la expedición de un estatuto de la oposición, al cual han sido reacios todos los gobiernos, en una clara demostración del atraso político del país cuando casi todos los países modernos cuentan con uno propio, se decide abordar el tema y que se establezca en el acuerdo final.
De capital importancia el establecimiento de los llamados Consejos para la Reconciliación y la Convivencia tanto en el nivel nacional como en los territoriales con el fin de asesorar y acompañar a las autoridades en la implementación de lo convenido. Es decir, se le dan dientes al proceso para su verificación y que la sociedad civil se empodere para hacerlos cumplir.
“En el sub punto de promoción del pluralismo político, se acordó que en el marco del fin del conflicto y con el objetivo de consolidar la paz, se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimiento políticos”, dice un aparte de lo firmado.
Esto implica que se ponga fin al excluyente umbral electoral que ahora es una soga al cuello para que aquellos partidos que no obtengan el 3% de los resultados electorales, pierda su personería.
En el caso de nuevos movimientos, se acordaron unas condiciones especiales, en una fase de transición, para dar apoyos especiales a los nuevos movimientos y partidos políticos y de esa manera asegurar el necesario pluralismo político en la construcción de la paz.
Punto decisivo para que la apertura política sea efectiva es la apertura a su vez de los medios de comunicación. Aunque se señala en forma general en lo pactado, no se tocó la gran empresa privada que dueña de la gran prensa, manipula la información e impide finalmente que la ciudadanía sea protagonista decisiva de cualquier proceso de transformación.
Iván Márquez, vocero de la guerrilla, en su presentación de los acuerdos, mencionó reiteradamente el tema afirmando que sin una apertura de los medios y su entronque con la visión de un nuevo país, será casi imposible llevar a Colombia hacia los cambios.
Hoy 6 de noviembre, el país comienza a respirar un nuevo ambiente, el ambiente de que paso a paso sí es posible construir caminos de paz, que la coyuntura hoy no es de guerra o confrontación, sino de cómo empezar a construir caminos de reconciliación. Que los vientos salvadores de La Habana terminarán por imponerse.
Y un mentís histórico a los impulsores de la guerra que cada vez más se van quedando solos.
