El acuerdo especial que el gobierno y las Farc anunciaron la semana pasada causó un gran revuelo. Tres fueron las críticas. La primera liderada por la senadora Claudia López y replicada por el Centro Democrático manifestaba que las Farc estaban legislando y que el gobierno había hecho muchas concesiones. Además, se preocupaban porque le quitaban la capacidad de legislación al Congreso. La segunda crítica venía de algunos juristas quienes manifestaban que incluir el acuerdo La Habana vía acuerdo internacional y por ende en bloque de constitucionalidad era algo bastante creativo y no gustaba a la ortodoxia jurista. Por último, algunos manifiestan que en la medida que no se conoce los acuerdos de paz blindarlos es muy difícil de aceptar.
Después de leer estas críticas solo queda decir, que la primera y tercera crítica son estúpidas y bastante alejadas de la realidad. La segunda es mucho más aceptable y debatible. Sobre la primera crítica, que se refiere a que las Farc mandaron a legislar al Congreso y lo dejaron maniatado se pueden decir dos cosas. Por un lado, lo que queda blindado es el acuerdo paz, acuerdo que no es de las Farc, sino de una mesa de negociación en la que participan el gobierno y las Farc.
El acuerdo de paz prevé una reforma electoral, fundamental para el país,
si ese acuerdo no se blinda,
las mafias en el Congreso no aprobarían nada
Por ende, lo que se evita con ese blindaje es que a ese acuerdo hecho seriamente por el equipo del gobierno y de las Farc sea modificado en el Congreso. Ya sea que le quiten algo o le agreguen algo. Las partes lo que evitan es que se hagan trampa. Por ejemplo, el acuerdo de paz prevé una reforma electoral, la cual es fundamental para el país, si ese acuerdo no se blinda, las mafias en el Congreso no aprobarían nada. Igualmente, las Farc han promovido una gran reforma a las Fuerzas Militares que apoyan varios sectores políticos, con ese blindaje se bloquea esa posibilidad. Por otro lado, el articulado lo hará el Congreso de la República, es decir convertirán ese acuerdo de paz en artículos y leyes, lo que pasa es que se restringe la interpretación de los mismos. Pero el Congreso cumplirá su papel.
Con respecto a la tercera crítica, sobre que se blinda algo que no se conoce es igualmente falso, esto sí que es falso. No debe olvidarse que desde el año pasado, el punto uno sobre temas agrarios, el punto dos de participación política, el punto tres sobre narcotráfico y el punto cuatro sobre víctimas y que incluye el modelo de justicia transicional, fueron publicados y el o la que quiera puede leerlos y conocerlos. Es decir, es falso que no se conozcan, que la gente no los lea y haga alarde de la ignorancia no significan que sean secretos o que se negocie por debajo de la mesa.
Con respecto a la segunda crítica la situación si es un poco más compleja. Por un lado, la salida de Acuerdo internacional y que ingrese por Bloque de Constitucionalidad es una opción heterodoxa que obviamente pone en complicaciones a los juristas tradicionales, pero no es una salida inviable o ilegal, es más bien una interpretación ampliada de los Acuerdos de Ginebra. EL DIH es un mecanismo para humanizar la guerra y no para terminarla, es básicamente la posición de los juristas ortodoxos; sin embargo, en el articulado se deja ver la posibilidad de que sirva para acabar la guerra. En todo caso es un debate abierto y muy seguramente no se detendrá en las próximas semanas.
