El último informe de la Agencia Federal para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, fue otro desafortunado baldado de agua fría para el saliente gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuyos esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico palidecen mientras enfoca sus esfuerzos en cumplir a las FARC lo pactado en la Habana.
Si bien, lamentablemente, Colombia es internacionalmente conocido por ser un país productor de cocaína y Estados Unidos como uno de uno de los mayores consumidores, no es menos cierto que esta misma agencia federal del Gobierno de los Estados Unidos reveló cifras positivas desde el 2007 frente a la evidente caída de los cultivos de coca en Colombia. Lo anterior fue producto de la implementación de las políticas de seguridad democrática que por esos años se aplicaban en Colombia y que sin duda, resultaron en una recuperación de la imagen de Colombia en el mundo y que en consecuencia resultaron también en una reducción en el número de muertes y delitos relacionados con el narcotráfico en los Estados Unidos.
No obstante, el panorama actual es muy distinto. La DEA no dudó en relacionar la negociación y posterior implementación de los acuerdos de la Habana con el ascenso estrepitoso de los cultivos ilícitos en el país, que estuvo a la baja hasta el año 2013, coincidencialmente, cuando el Gobierno nacional dejó de intervenir en zonas controladas por las FARC para no poner en riesgo las negociaciones en la Habana; deteriorando de forma grave no únicamente la seguridad de los colombianos que viven en estas regiones, sino también manchando la imagen de Colombia en el mundo y llevándose por delante las relaciones diplomáticas con nuestros.
Por otro lado, el informe de la DEA señala además preocupantes omisiones del gobierno del presidente Santos en la erradicación de estos cultivos, tales como la eliminación de las aspersiones con glifosato y el paso inexplicable a la ineficiente erradicación manual con incentivos para los campesinos, que sumados a la aplicación de medidas indulgentes con las FARC, han contribuido al aumento de los cultivos en el país, pese a que uno de los compromisos de las FARC bajo el acuerdo de la Habana era el de suspender todas sus actividades ilícitas. No sin razón manifiesta la DEA que las implicaciones del acuerdo de la Habana en la lucha contra el narcotráfico continúan siendo inciertas.
Este informe, sumado a la advertencia de descertificación anunciada por el presidente Donald Trump el mes pasado, pone a Colombia en la cuerda floja en lo que respecta a su contribución y compromiso con la lucha internacional contra el narcotráfico y las cada vez más deterioradas relaciones diplomáticas con el Gobierno de los Estados Unidos, que bajo el presidente Trump es cada vez más escéptico de apoyar los esfuerzos de Colombia tras el acuerdo de la Habana, que hasta la fecha únicamente ha beneficiado los intereses de las FARC.
Es pues necesario que como colombianos estemos comprometidos a rechazar tajantemente estas afrentas a la imagen y el posicionamiento global de Colombia y a rechazar también el acuerdo de la Habana, que cada día nos comprueba a los colombianos que su propósito fue el de proteger los intereses de las FARC en el nombre de la paz y no el de los colombianos que queremos verdadera paz en un país que no sea reconocido como el paraíso del narcotráfico por cuenta del empoderamiento de las FARC y el gobierno indulgente del presidente Juan Manuel Santos.
