El acuerdo de la Habana no es perfecto, y es evidente que no significó el logro de la paz en Colombia. En Irlanda del Norte después de 23 años de firmado el pacto de Viernes Santo, continúan visos de confrontación y sendos hechos de violencia. Lo que no se puede desconocer es el fin del conflicto con el 95 % de las Farc, el más cruel y poderoso grupo terrorista vigente en el mundo en la última década. Tampoco, que el acuerdo goza de más legitimidad en el exterior que en nuestro país. Afuera es calificado como el mejor de los últimos tiempos, ratificado así por la ONU y la OEA que lo han avalado, apoyado y acompañado desde su firma el 26 de septiembre de 2016 en Cartagena.
Y es que en Colombia, al indignado 50,21 % de la población que rechazó el plebiscito, se suma el creciente descontento e inconformismo por cuenta del permanente cinismo y espectáculo público de Los Comunes, al reivindicar extintos terroristas como el Mono Jojoy y desconocer las condiciones infrahumanas en las que mantuvieron a los secuestrados; también por la traición de los compromisos por parte de Iván Márquez, Santrich, el Paisa y Romaña; la no reparación de las víctimas, la negativa a entregar la riqueza acumulada, la manipulación de la verdad, y la cuestionada credibilidad de la JEP y de la Comisión de la Verdad.
Pocos colombianos resisten y muchos se resienten con enérgico estupor, al ver en el Congreso los rostros de los más grandes victimarios que ha padecido la nación, sin haber conquistado un solo voto, pontificando con tono redentor, vengativo y burlesco, y campeándose muy orondos en absoluta impunidad. Este es el talón de Aquiles que a cinco años de firmado el acuerdo molesta a muchos connacionales. ¿Faltó visión y cálculo de los negociadores?, ¿o fue ceguera premeditada para alcanzar fines más “altruistas”? Lo que sí es cierto es que no fue ingenuidad.
La sociedad sigue atónita observando un mundo al revés, donde, producto del acuerdo se concede semejante privilegio automático a las Farc, posando de “padres de la patria”, facultados para hacer y aprobar las leyes de la República. Y no es falta de resiliencia, porque la mayoría de los colombianos, claro que anhelan la paz colectiva, pero siguen incrédulos y escépticos, porque han sido víctimas del conflicto y siguen expectantes, para honrar la memoria de sus seres queridos, amigos, y soldados y policías de la patria, atentos a que la JEP funcione y actúe en coherencia, profiriendo condenas con penas privativas de la libertad, las que no superarán los 8 años. Pero fundamentalmente, que paguen los determinadores, las cabezas, porque, como dijo alias el Paisa: “nosotros somos soldados de las Farc y es el Secretariado y el Estado Mayor el que dá las órdenes”.
Pero la trampa monumental a los acuerdos de La Habana, ha sido el rechazo de las Farc a entregar su riqueza producto del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro, la extorsión y las inversiones en el exterior. La misma que contribuiría a la reparación de las víctimas. Se ha conocido de excombatientes en las regiones buscando testaferros para monetizar dólares y euros, lingotes de oro, y legalizar propiedades usurpadas a campesinos y empresarios del agro; también de las disputas y asesinatos entre ellos por apoderarse de caletas, negocios y tierras.
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Los colombianos reclaman decisiones prontas y categóricas de la JEP, también el cumplimiento urgente de los compromisos adquiridos por las Farc
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Los colombianos reclaman decisiones prontas y categóricas de la JEP, también el cumplimiento urgente de los compromisos adquiridos por las Farc; los que no pueden circunscribirse únicamente a actos simbólicos de perdón y/o acudir al tribunal transicional para reconocer algunos crímenes; y aquí está otra trampa; no hay responsables en vida, porque según ellos, los autores intelectuales y materiales de delitos atroces están muertos, o desaparecidos, como ocurre por ejemplo con el caso de la familia Turbay, exterminada en Caquetá de manera aleve y sistemática por el bloque sur que comandaban Joaquín Gomez y Fabian Ramirez. La presión de la comunidad internacional, no puede recaer exclusivamente sobre el gobierno nacional que en época de pandemia y escasez presupuestal hace el máximo esfuerzo por cumplirle a los excombatientes.
Pero no se trata de ser negacionistas. Craso error es perseguir iguales secuelas a las que nos han dejado procesos de paz anteriores. E independientemente de que nos guste o no el acuerdo, un paso altruista y que permitiría avanzar, es deslindar los acuerdos de La Habana de la controversia partidista en época electoral; eliminando de tajo las acepciones de “amigos de la guerra y enemigos de la paz” o viceversa; o tildando a unos y otros de “hacer trizas la paz”. Es urgente pasar la página. Y claro que el acuerdo y su implementación deben ser parte fundamental de los programas de gobierno de los candidatos, pero fincados en la sensatez y no en la tosudez, y sin trampas.
Colombia debe avanzar, y siendo realistas, el acuerdo es irreversible y necesario para el pais. ¿Acaso queremos tener al 95 % de las Farc desmovilizado de nuevo en la selva, en armas, destruyendo la nación sin compasión alguna? Las cifras y hechos de reducción de la violencia son irrefutables. Es tozuda la posición de no reconocerlo. Bogotá no lo siente, quizá Cali y Medellín tampoco; pero los territorios tradicionalmente agobiados sí lo viven, están relativamente tranquilos y construyen razones para ser optimistas; pese a la creciente y expansiva amenaza de las disidencias, y a los cotidianos golpes de las autoridades, pero parece le están ganando la partida al Estado, que aún no llega a las zonas engendro de la violencia.
LPNSN: Designar un Director Civil al frente de la Policía Nacional, abre puertas para que en un futuro Timochenko o Gabino sean quienes dirijan la Institución más querida por los colombianos. Los invito a leer carta dirigida al Dr. Humberto de la Calle, firmada por los 94 integrantes del Colegio de Generales de la Policía Nacional.
