Inconmensurables desafíos del actual gobierno: vencer el imperio de la corrupción y la impunidad desarrollar integralmente a la nación.
Corrupción e Impunidad crecen incontenibles en Colombia. Hasta la pandemia la utilizaron y utilizan para apoderarse de los recursos públicos y engañar al pueblo.
Son efectos y consecuencias del caos ético, moral, social y la anarquía institucional en que se convirtió el ejercicio del poder público, coadyuvados por el modelo capitalista-consumista, condiciones que engendraron, definieron y constituyen la nuestra cultura mafiosa dominante.
El caos institucional, ético y moral, se magnifica y evidencia a diario, en los órganos del poder público y estimula la impunidad evidente, la indiferencia social.
Altas Cortes, Rama Judicial, congreso, órganos de control, etc., fueron permeados de venalidad, intereses rastreros, mediocridad, politiquería y corrupción. La corrupción es evidente en lo nacional, regional, local y en entes descentralizados.
El régimen vigente, desde hace décadas ha logrado engañar al público con supuestas decisiones y acciones, tales como, la ley 80/93, de contratación pública contra la anticorrupción en la contratación. Reforma de la Ley 80/93, mediante la ley 1150/2007 o Estatuto Anticorrupción. Resultado: creció la corrupción.
Otros engaños: Pliego Único, creación de entidades para la contratación pública y garantía de transparencia como Fonade, Compra Eficiente -SECOOP, Patrimonio Autónomo (Mineducación), zar anticorrupción, adicionales a los históricos fortines de la politiquería. Los Entes de Control: Contraloría, Procuraduría, Fiscalía. Además de los embelecos de las Veeduría (asustadurías) Ciudadanas.
Todos esos espejismos, con costos presupuestales billonarios, mientras la corrupción crece incontenible de la mano de la impunidad, el clientelismo y la politiquería.
La contratación pública es el filón excepcional para delincuentes de cuello blanco, en todos los niveles del poder público. A través de la contratación Pública se reparten el botín presupuestal, nacional, departamental y municipal.
Los gobiernos, hasta hoy, se han negado a poner orden en ese sector público, siendo posible hacerlo. El motivo: es la fuente que abastece a politiqueros, populistas, clientelistas y delincuentes de cuello blanco.
El congresista, el diputado, el concejal, el gerente, el director y jefes de entidades descentralizadas, no requieren untarse negociando el botín. Escuchan ofertas y reciben lo acordado, a través de terceros.
En contados casos dejan huellas que los comprometan. Los coequiperos y testaferros hacen su oficio con maestría. La impunidad, hace el resto. Los contratistas navegan bajo los efectos de la cultura mafiosa dominante.
Si no se robaran los recursos públicos, los gobiernos podrían atender oportuna y satisfactoriamente las necesidades de la comunidad e impulsar el desarrollo integral. Salud, educación, infraestructura, PAE, transporte escolar, recreación, efectos de fenómenos naturales, servicios públicos, etc.
Investigaciones realizadas por universidades, Oeneges, e investigadores independientes, han concluido que Colombia pierde anualmente más de $60 billones por corrupción en contratación pública. Monto superior a dos veces la reforma tributaria en ciernes, del actual gobierno. ¿Cuánto podría desarrollarse la nación con ese dinero que se roban?
Desafortunadamente la comunidad en general, se habituó a convivir con la corrupción y la impunidad. Hay silencio cómplice e impunidad social generalizados.
Por eso toda la nación es rehén de las mafias de todas las calañas, que saquean el presupuesto público, imponen burócratas y los sostienen, mientras crece la criminalidad, la corrupción, el desempleo, la inflación, la inseguridad y la pobreza.
La impunidad supera el 97%, con más de 2.8 millones de procesos represados o engavetados. ¿Cuántos jueces y abogados litigantes, coadyuvan o explotan ese putrefacto caldo de cultivo? De la formación profesional desaparecieron los valores.
Revertir y cambiar este estado caótico es prácticamente imposible, mientras dominen la politiquería, los intereses personales y la cultura mafiosa y los electores continúen, por conveniencia algunos o irresponsabilidad social otros, ciegos y sordos.
Con facilidad los electores, reeligen a los mismos o a sus pupilos, como ocurre en el Concejo Municipal de Neiva, entre muchos más.
La jungla jurídica, en la que se parapetan ciertos jueces, litigantes, burócratas y violadores de la ley, debe ser depurada y actualizada, de acuerdo con la gravedad de los hechos.
El contagio se posesionó en las altas esferas del poder. Esa es la causa de los sesgos de las ponencias e incoherencias de leyes y sentencias, en muchos casos. Preteles, Escobar Giles, Robertos prietos, Ricaurtes, Bustos, Malos, ñeñenarcopolítica, Memo Fantasma, compra y negociadores de votos, compra de testigos, chuzadas, defensa de buenos muchachos, cúpula militar, falsos positivos, etc.
Los llamados choques de trenes, entre las altas cortes, generalmente obedecen a choques de intereses, compromisos e inmoralidad.
En toda Latinoamérica la corrupción y la impunidad, es evidente, pero en algunas naciones, algo opera la justicia y hay expresidentes y ex -altos dignatarios condenados o judicializados o prófugos.
En Colombia, ¿cuántos delincuentes de cuello blanco disfrutan la impunidad y acosan y atacan y pisotean la institucionalidad y la ley?
Bastan recordar algunos casos relevantes: Odebrecht, Ruta del Sol II, PAEs, Reficar, Concesiones Viales, APPs, Ferrocarril del Pacífico, Canal del Dique, Puente Isgaura, Ruta 45, Hidroituango, y sus costos exorbitantes, derrumbes de edificios particulares (Curadurías), carteles y cartelitos de la salud, de las compras oficiales, etc. La mayoría de las investigaciones quedan en aspavientos, pantallazos, desvirtuadas o manipuladas por la impunidad o engavetadas, en espera de vencimientos de términos.
Bajo el imperio de la delincuencia de cuello blanco, la corrupción y la impunidad, es imposible lograr un futuro próspero y civilizado para Colombia.
El actual gobernó, debe ser consciente de los descomunales desafíos que debe enfrentar y las gentes de bien, que aunque son mayoría, no disponen de mecanismos viables para cambiar el rumbo de la nación, por lo que el poder institucional, debe responder, para poder rescatar la nación, del caos, la anarquía y el desgobierno.
La solución del caos y la anarquía del poder institucional, la corrupción e inmoralidad, exige instituciones fuertes, Organos de poder y dirigentes honestos, capaces y responsables social y políticamente y un marco legal integral, acorde con la degradación ética, jurídica y social.
Es el gran desafío y demanda ética y moral, para los gobernantes responsables política y socialmente. Tienen la obligación de explorar y definir soluciones concretas. La integridad moral del poder legislativo (Congreso, Asambleas Departamentales y Concejos) es determinante.
El desafío para el elector es: si vota por deshonestos, mediocres e irresponsables, en próximas elecciones, convierte el voto en condena para sí mismo, para sus semejantes presentes y las generaciones futuras.
Colombia, bajo el laberinto institucional, de corrupción, venalidad, impunidad e indiferencia social, es un Estado fallido, aunque muchos o algunos, movidos por mezquinos interés, nieguen la gravedad de la situación colombiana.
