Un soleado día de julio de 1982 en que recibió su título de bachiller, sus padres, un próspero agricultor y una humilde profesora nariñenses, lo escucharon decir con determinación: ¡Yo quiero ser policía! A partir de entonces cada paso que dio y cada esfuerzo realizado en su meritoria carrera lo aproximaron al gran sueño de todo oficial: convertirse en general de la República, y en ejemplo de vida para sus descendientes y conciudadanos. Treinta años después fue llamado a curso de ascenso para brigadier general junto a 34 coroneles que como él habían obtenido importantes reconocimientos en su lucha contra el narcotráfico, las autodefensas, la subversión, las bandas criminales, y contra todos esos fenómenos de violencia que tanto han afectado a la sociedad colombiana.
Jamás imaginó el coronel William Alberto Montezuma que ese día tan anhelado sería el comienzo de su desgracia. A partir de esa convocatoria, extrañamente, empezaron a moverse en su contra dos acusaciones absurdas que durante una década estuvieron quietas cuando en sano derecho debieron ser precluidas al primer mes de Instauradas. El coronel fue acusado por criminales que el mismo puso presos, de ser el determinador de varios homicidios, y de vender armas a una banda paramilitar que el mismo persiguió hasta desmantelar en el año 2003 cuando se desempeñó como comandante de distrito en Cúcuta.
Hoy, los seis falsos testigos que lo acusaron con base en mentiras y artificios están imputados, y algunos enjuiciados por falso testimonio y fraude procesal porque se probó que las famosas armas fueron fabricadas en el año 2006 (y resultaba imposible haberlas vendido tres años antes), los autores materiales están condenados y los verdaderos determinadores (jefes de las estructuras paramilitares de la región) confesaron que el coronel nada tenía que ver con los hechos por los cuales lo tienen detenido desde hace un año.
Lo más absurdo de todo es que el fiscal de la causa insiste en mantener su error en contra de toda la evidencia probatoria, y así las cosas, nos veremos obligados a presenciar un juicio sui generis en la historia judicial del país: los testigos de la defensa serán los propios fiscales que imputaron y enjuiciaron a los falsos testigos que el fiscal de la causa está utilizando contra el coronel William Alberto Montezuma. Sí, así como lo leen, fiscales contra fiscales enfrentados en juicio.
Pero más allá del absurdo que reina en este caso, operadores judiciales y ciudadanos debemos reflexionar sobre el daño que causan los falsos testigos a la justicia, a las víctimas y a la sociedad en general. Cada que un ciudadano inocente es privado de su fundamental derecho a la libertad es la sociedad entera la que esta amenazada, es una carrera profesional destrozada, es un proyecto de vida familiar el que destruyen, es la justicia la que se desprestigia, es la Fiscalía la que pierde credibilidad por arbitraria e injusta, es la democracia la que se deslegitima, es la nación entera la que padece.
¿Hasta cuándo la sola palabra de un criminal que afirma que un tercero que está muerto le contó los hechos que nunca vio seguirá siendo el único criterio que tienen algunos fiscales para destruir la vida de una persona inocente y la de su familia?
Al igual que el coronel, son muchos los ciudadanos inocentes que hoy están tras las rejas y muchas las familias a las que le han destruido sus proyectos de vida. Mientras estas injusticias continúen sucediendo en Colombia, la Fundación Defensa de Inocentes seguirá su lucha contra los falsos testigos, y denunciando a todos aquellos que pretendan instrumentalizar a la justicia con propósitos criminales.
