En Colombia se nos volvió costumbre que cada temporada de lluvias la tragedia cunda: ríos que se desbordan, pueblos y cultivos inundados, imágenes de vacas y de viviendas ahogándose en los ríos o las calles convertidas en arroyos y los damnificados pidiéndole una ayudita al gobierno y la agencia de Atención de Riesgo buscando plata para entregar colchones y mercados a los afectados. Esa es una historia que se repite cada año como si fuera normal, como se hacen normales otras tragedias y desgracias en este país.
Si este fuera otro país y la nuestra una sociedad otra, distinta, uno pensaría que este tipo de desgracias naturales no deberían pasar porque existiría un Estado capaz de proteger a la población y a sus propiedades, un Estado capaz de prevenir estas situaciones riesgosas, pero como en realidad esta es Colombia y el Estado que tenemos es el colombiano, se pueden ver estas cosas: una población que termina mendigando la protección de instituciones y funcionarios, a quienes no parece inquietar siquiera la situación.
Si uno revisa por encima la cantidad de tragedias ambientales en Colombia es fácil entender que quienes gobiernan no lo hacen para este país ni par esta población: solo habría que recordar la tragedia anunciada de Armero, la de Mocoa Putumayo, y las incontables en el Caribe colombiano.
Y además si este fuera otro Estado, no el corrompido Estado colombiano, estas desgracias ambientales se atenderían desde la prevención, la planeación estratégica, el conocimiento científico y las tecnologías que diseñaran las universidades colombianas.
Pero, ya dijimos, la realidad es otra. Acá hay remedo de planeación, ejecuciones falsificadas, recursos que se pierden entre los vericuetos de las contrataciones, represas que nunca funcionan, puentes que se caen, profesionales del hurto maquillando informes, expertos en tapar y tapar hueco, clientelas de asalto al presupuesto nacional que van desde el banquero hasta el ministro, entre otros infundios de la naturaleza perversa de los poderosos nacionales.
Con esas enormes limitaciones el pueblo colombiano está desprotegido; el Estado colombiano en manos de la actual élite, acusada y sentenciada en algunos casos de ladrona, paramilitar y narcotraficante, no representa una garantía para la mayor parte de los colombianos. Ya se ha visto, por ejemplo, que el gobierno actual resuelve los problemas sociales con ejército y policía, y cuando simula negociar es para hacer propuestas mentirosas.
El tema de las inundaciones tiene que ver con dos aspectos: el fenómeno del niño/niña y el cambio climático. Eso se sabe, no es nuevo, entonces, ¿por qué no hay instituciones del estado investigando, monitoreando, proponiendo, diseñando y operando alternativas para la contención de este problema? Pareciera que en estos casos el funcionarismo estatal colombiano espera la tragedia para proceder y no se responsabiliza con la prevención de la misma.
Es vergonzoso que en un mundo donde la tecnología permite mandar naves al planeta Marte, la mayor parte de los colombianos esté rezando para que el Sagrado Corazón de Jesús impida que la lluvia se le lleve la casa cuando se desborde el río.
Parece que para la corrupción política, que encarna y dirige nuestra élite gobernante, fuera más barato dar colchones y mercados a las víctimas antes que financiar obras de contención, estudios profesionales de cómo prevenir estas catástrofes, tecnologías y conocimientos que permitan controlar y convivir de manera sostenible e incluso aprovechar de manera inteligente estos fenómenos naturales. Alguna vez escuché a una profesional decir que para qué resolver los problemas si eso dejaba sin empleo a los profesionales y funcionarios. Es el mismo pensamiento de las EPS de la Ley 100: la enfermedad da plata, enriquece los dueños de la EPS, la prevención en salud no.
Así vamos: de catástrofe a catástrofe, de puentes caídos a represas robadas, de ministros acusados y de senadores encarcelados, y la tragedia colombiana se vuelve más famosa ocupando los primeros puestos en el mundo por ser una de las más violentas, una de las más desiguales, una de las narcodemocracias más antiguas de América.
Estamos al inicio de una temporada electoral que llevará a las elecciones de Senado en 2022. Esta sería una oportunidad para con sus votos, la población colombiana víctima del mal gobierno, de los desastres, de la corrupción política y administrativa, castigue a los representantes de esta élite no votando por ellos. Eso daría un mensaje claro de que la mayoría de los colombianos está cansada de sus abusos de poder y una muestra clara de la dignidad de los colombianos.
