La noticia del cierre de 3 pisos del Hospital San Rafael de Girardot en el momento más grave de la pandemia en Colombia muestra hasta qué punto llega la negligencia de los gobiernos nacional y departamental, y la desprotección de la red pública hospitalaria en el país.
Hay que hacer algo de historia sobre el marchitamiento del otrora insigne y hospital de referencia de todo el departamento de Cundinamarca y departamentos vecinos, con complejidad 3 y 4. Todo inicia en la década del 2000, cuando en el primer gobierno de Uribe Vélez, se impulsó el programa Mejoramiento y modernización hospitalaria, que realmente fue liquidación, reestructuración hospitalaria y masacre laboral masiva del personal de planta de la red hospitalaria de Colombia.
Así fue que mediante el Decreto 141 de 2008, que ordenó la liquidación del hospital, y el Decreto 145 de 2008 se suprimieron todos los cargos de la planta de personal de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Rafael de Girardot. Un sábado en la noche, el Esmad y el Ejército irrumpieron en el hospital y desalojaron a los trabajadores como si fueran delincuentes. Personas que en su mayoría habían trabajado más de 20 años en el hospital.
Todo esto con la anuencia del fariseo gobernador Andrés González Díaz, luego premiado por Uribe con la embajada de la OEA en Estados Unidos. Él, en reuniones previas, declaraba que eran unos cambios mínimos los que habría, y de la noche a la mañana 660 empleados fuimos liquidados. Teniendo en cuenta que el 70 % de los trabajadores estaban en provisionalidad, por lo que no recibieron ninguna indemnización.
Con esto inició el “reinado de Caprecom”, que, como en muchos otros sitios del país, se caracterizó por usufructuar de las estructuras hospitalarias que iban siendo liquidadas, imperando su carrusel de corrupción, el cual continúa en la impunidad. Además, de vincular al nuevo personal mediante contratos basura con cooperativas, algunas vinculadas con personajes del uribismo, como lo era la mayoritaria del eje cafetero del candidato fallido Zuluaga. Luego de 4 años, nuevamente el hospital es entregado al departamento para su manejo a través del Hospital de la Samaritana.
Con el Convenio 03 del 2015 se adjudicó a Dumian Medical SAS por un término de 25 años la operación del hospital, con inicio el 13 de febrero de 2016 y fecha de terminación el 12 de febrero de 2041. Esta empresa propiedad de Miguel Ángel Duarte Quintero, amigo y socio del senador Roy Barreras, y con vínculos directos con Guillermo Grosso, interventor de SaludCoop nombrado por la Superintendencia de Salud entre 2013 y 2015 y hoy preso por corrupción. Grosso ayudó a obtener a Duarte licitaciones por más de 500.000 millones de pesos durante el gobierno de Santos, a través de sus empresas, como único proponente. Duarte en la actualidad es investigado por la Procuraduría, por contratación con el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia (FPS), en un posible caso de corrupción a través de una de sus empresas, Cosimet.
Esta concesión a Dumian la dejó lista en 2015 el exgobernador Álvaro Cruz, antes de ser encarcelado por el carrusel de la contratación. Cruz era experto en construir y entregar estructuras hospitalarias a empresas particulares de amigos, tal como hizo con el Hospital Cardiovascular de Soacha, en su primera administración. Desde el año 2017, la comunidad y veedores de salud están solicitando liquidación del contrato con Dumian por la pésima atención, entre otras la falta de ascensores, que ha afectado a los pacientes tanto externos como hospitalizados. El gobernador Jorge Emilio Rey Ángel no mostró interés frente a la serie de denuncias, quejas e inconformidades presentadas por los usuarios, así como tampoco lo hizo la Asamblea de Cundinamarca.
La Contraloría de Cundinamarca en 2017 encontró 15 hallazgos administrativos y 2 disciplinarios en la auditoría realizada; además, de irregularidades de contratación del personal con cooperativas. Luego de interventoría realizada por la firma Geacon, en 2019 se declaró la inhabilidad a Dumian por un término de tres años a partir de abril del 2020. En diciembre de 2019, Carlos Felipe Córdoba, contralor nacional, en la página de la entidad declaró que se encontraron 18 hallazgos administrativos, 1 fiscal por $310 millones de pesos, 13 disciplinarios y 2 indagaciones preliminares.
A pesar de todos estos hallazgos, Dumian siguió manejando el hospital, ya que por los galimatías burocráticos el proceso entró a un Tribunal de Arbitramento. Extraña ahora que el actual gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, se dé golpes de pecho “por la situación inhumana de los pacientes y los trabajadores”, cuando desde su inicio de gobierno y luego con el inicio de la pandemia ha debido tomar las medidas necesarias para que este, el mayor hospital del departamento, funcionará adecuadamente para todos sus habitantes en esta situación de crisis.
Los pacientes que estaban hospitalizados en los pisos cerrados serán trasteados como mercancías a donde los quieran recibir. ¿Es justo que los hospitales del país puedan ser feriados por todos estos gobernantes nacionales y departamentales, favoreciendo a sus amigos corruptos con total impunidad? En este año es posible que los otros parásitos del establecimiento, los congresistas, vuelvan a discutir el aplazado proyecto de ley 010, que entregaría de una vez por todas la red pública hospitalaria a los privados. Con estas evidencias se requiere que la población luche por lo que es suyo. Es una cuestión de supervivencia apropiarse de la red pública hospitalaria, con o sin pandemia.
