Después de que la Superintendencia de Salud dirigida por el médico cirujano Luis Carlos Leal decidiera intervenir a Sanitas, tomando entonces el control administrativo, removiendo al representante legal, a la Junta Directiva y poniendo como gerente al agente interventor Duver Dicson Vargas, Keralty, la compañía española dueña de la segunda EPS más grande de Colombia, no se quedó quieta y anunció que iban a mover cielo y tierra para recuperar la administración de la entidad.
Vea también: Cachetada a la prestigiosa Junta de la EPS Sanitas: destituida de un plumazo
Rápidamente, el multimillonario español Joseba Grajales, dueño de Keralty, les envió un video a los trabajadores de Sanitas en el que aseguraba que la intervención era injusta y que iban a mirar todas las vías legales para revertir la decisión. Lo cual no se hizo esperar, puesto que puso a correr al abogado Juan David Riveros Barragán para que le diseñara una estrategia.
Riveros actualmente es el único socio de la firma Riveros Barragán Consultores Legales, compañía que fundó en 2005 con Julio Andrés Sampedro Arrubla llamándose entonces Sampedro & Riveros Consultores. Previamente, estuvo cuatro años como abogado asociado de la firma del penalista Jaime Granados, donde aprendió bastante y también cuenta con experiencia en Jaime Lombana Villalba & Abogados.
Entre sus casos más sonados se encuentran la defensa de más de 100 inversionistas que se vieron afectados por el escándalo de Interbolsa y el haber sido, muy brevemente, el abogado del exsenador y expresidente del Junior de Barranquilla, Arturo Char en su caso ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, en ningún proceso su nombre había sido tan público como en el que hoy está llevando con Keralty. Fue él el encargado de denunciar al Superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, asegurando que estaba inhabilitado para llevar adelante cualquier arremetida contra Sanitas debido a que en el pasado había emitido comentarios en contra de la EPS y también anunció que va a demandar al Estado colombiano y que llegará hasta las últimas instancias para revertir una intervención que, a su parecer, fue ilegal.