En el poder están hoy quienes desde las sombras y prácticas criminales se han hecho a él. No se trata solo de una clase dirigente que propugna por sus intereses, se trata del gobierno de lo más inmoral que invade todas las capas del poder político y que se ha soportado, hay que decirlo, en la débil ética de distintas sectores de la sociedad, aún de los más populares. Esa inmoralidad del poder que se expresa en el uribismo, pero que no exime de responsabilidad a otros sectores del establecimiento, hoy gobierna a través de Iván Duque.
Uribe dejó un lastre de escándalos tan protuberantes que desdicen de cualquier democracia. Desde el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), del que era jefe directo, se dirigió una vasta operación de seguimientos ilegales, interceptaciones a teléfonos, amenazas y atentados en alianza con estructuras paramilitares, del que ese departamento fue instructor. Su jefe de seguridad fue el general de la policía Mauricio Santoyo, preso y condenado en los Estados Unidos, confeso cómplice del paramilitarismo y narcotráfico, quien quiere ser escuchado por la JEP.
Recordamos, también, el escándalo de la Yidispolítica, tras demostrarse el soborno a la parlamentaria Yidis Medina para que votara a favor de la reelección del expresidente en el Congreso de la República. Esta palmaria realidad tuvo su clímax con la "parapolítica", en la que terminaron presos amigos y familiares de Uribe, entre ellos su primo.
Duque llega ya al año y medio de mandato y parece estar dispuesto a saquear a cualquier costo lo que queda en la casa previendo que se pueda acabar su presencia en el poder de uribismo, por la fuerza de un movimiento social diverso, que se expresó en noviembre y diciembre pasado, que se manifestó su hastío con tanta infamia. Más recientemente, a petición de la anglogold Ashanti y otras empresas, autorizó una directiva ministerial, en plena pandemia, para hacer consultas a comunidades indígenas que no tienen cómo comunicarse, para explotar sus territorios.
Las actuaciones contra los mínimos valores de un estado de derecho por parte de éste gobierno, son como el mal olor que se cuela de la podredumbre inmoral que nos dirige. Al olvido se le está llamando "memoria" en el Centro Nacional de Memoria Histórica, donde al conflicto armado, como lo hizo Uribe, se le llama amenaza terrorista. Los victimarios se erigen como víctimas en la perversa inversión que hicieron Lafaurie y Cabal al presentar el listado de "ganaderos" supuestamente perseguidos.
El uso del subsuelo para explotar petróleo mediante la fracturación hidráulica, se encubre de “Proyecto Piloto de Investigación” con el decreto recién emitido por el gobierno, cuando había dicho en campaña que no aprobaría el al Fracking. Y ahora el propio presidente se convierte en mensajero de la sudafricana Anglo Gold Ashanti, al manifestar al alcalde de Cajamarca, desconociendo la consulta popular, que la minería traería desarrollo. Viniendo de quien viene y a quien lo dijo no deja de preocupar, pues el alcalde lideró la consulta popular que dijo no a la minería. Y en la diplomacia internacional este gobierno reparte cargos para responder favores, mientras posa como líder de la batalla ideológica contra el Chavismo en Venezuela. Duque demócrata, Maduro dictador, hasta el punto de llegar al extremo de facilitar el ingreso de Guaidó a Colombia de la mano de los narcotraficantes y paramilitares conocidos como los "Rastrojos".
Y la soberanía nacional más postergada que nunca. Trump lo pone como puntal de la defensa de su "patio tracero" y le impone la fumigación aérea, que inicia justo en medio del coronavirus, como comenzó, también, el movimiento de armamento de alta capacidad destructiva por el Atlántico y el pacífico con el pretexto de combatir el narcotráfico de Venezuela previo a operaciones conjuntas con los militares gringos en Tolemaida y Cartagena. Hasta más condiciones son soportables con tal que su aliado le siga pasando denuncias tan graves como las de la compra de votos en alianzas con narcotraficantes y empresarios como lo ha denunciado la ex congresista Aída Merlano y como se muestra en conversaciones engavetadas por la Fiscalía entre el narcotraficante asesinado "Ñeñe Elías" y la asesora del senador Álvaro Uribe, Claudia "Caya" Daza.
Vuelve y Juega. Un gobierno impuesto por criminalidad, como otros del pasado. ¿Qué más se puede decir cuando a su embajador en Uruguay le hallaron laboratorios para procesar cocaína en su finca cercana a Bogotá? ¿Qué decir de las denuncias que implican al ex presidente Uribe de relaciones con el cartel de Sinaloa para el tráfico de 10 toneladas de cocaína desde el aeropuerto el Dorado cuando el hoy embajador de Uruguay era el director de la Aerocivil, máxima autoridad aeroportuaria del país?
Y el rol de las fuerzas militares en éste gobierno, se corresponde con el de la criminalidad en el poder. Militares están implicados en el asesinato de al menos un ex guerrillero que acogió la Paz. El más alto mando del ejército dio órdenes para chuzar y seguir a la oposición. También ordenó operaciones que masacraron niños en Caquetá y emitió una directiva exigiendo resultados a las tropas, reeditando el marco legal que provocó miles de asesinatos llamados "falsos positivos". El más alto mando del Ejército en el Catatumbo habló a sus subalternos de aliarse con los "Pelusos", paramilitares de la región, para combatir a la guerrilla del ELN. Y no paran las revelaciones de los seguimientos, interceptaciones, mapas de relaciones de todos aquellos que huelan oposición.
¿Qué decir de la justicia? El Fiscal general acompañó la campaña del hoy presidente. No sólo omite investigar sino que persigue a fiscales que lo hacen. Se mueve en la puerta giratoria que entrega a la empresa privada al ente investigador, dejando pasar pruebas poderosas como las interceptaciones al Ñeñe Elías, los testimonios sobre los sobornos de Odebrech, y de otras empresas, a los políticos. Se corrompe así la noción de justicia y su independencia, quedando a merced del poder y persigue no a los delincuentes, sino a quienes claman por el el fin de la impunidad.
Y ¿qué decir de la indolencia del gobierno ante la sistematicidad de los crímenes de líderes sociales? La Ministra del Interior no se ruborizó al afirmar que mueren más personas por robarle su celular que por ser líderes sociales.
Estas decadencia de dimensiones bíblicas invierte la verdad en mentira, la justicia en injusticia, la vida en la muerte, la honestidad en corrupción, la realidad en ilusión mediática a fuerza de propaganda. El problema no es asesinar, sino que se sepa, por eso la compra de testigos para cambiar la verdad sobre actuaciones paramilitares en investigaciones en las que está implicado el ex presidente y promotor del presidente Duque, Álvaro Uribe.
En la tradición judeo cristiana, una de las que ha aportado bases éticas a la humanidad, se denuncia enfáticamente expresiones semejantes de la decadencia de la política y del derecho, que bien pueden ayudarnos como referente de censura moral contra ésta clase dirigente inescrupulosa que se ha hecho al poder a base de criminalidad, como abunda en múltiples piezas judiciales. "Venden al pobre por un par de sandalias". " Abominan la justicia y tuercen el derecho". "Ustedes odian el bien y aman el mal; a mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos". "Sus gobernantes juzgan por soborno, sus sacerdotes instruyen por paga, y sus profetas predicen por dinero". ”Tus gobernantes son compañeros de ladrones; cada uno ama el soborno y corre tras las dádivas. No defienden al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda”. "Hipócritas, sepulcros blanqueados, lobos con piel de oveja".
Podríamos soñar en que la crisis en la que se enfrenta la civilización expresada en el coronavirus pudiera provocar cambios profundos en estas prácticas generando una conversión. Pero no es así, “como es la vida es la muerte” decían nuestro abuelos y aún al borde de la muerte la rapiña ha continuado acompañando el autoritarismo en el poder. Queda entonces la fuerza de la dignidad del movimiento social en sus más plurales expresiones, que se vuelva a mostrar como en noviembre del año pasado, para intentar vislumbrar un horizonte ético distinto para el conjunto de la sociedad colombiana.
